Por - Publicado el 15-09-2014

Hemos llegado a una situación en que las ONGs tienen mucho mayor peso político que las organizaciones populares.

Por ejemplo, más peso político tiene el IDL que la CGTP.1

Esto no ocurría en los ochentas en que todavía había un movimiento popular organizado y con cierta representación y las ONGs no estaban tan bien financiadas como lo están ahora.

¿Cómo se llegó a esta situación?

El asunto se remonta a la influencia que tuvo en los ochentas la ONG de Hernando de Soto, el “Instituto Libertad y Democracia” (ILD), caballo de Troya del pensamiento neoliberal en el Perú. Esta ONG recibió un cuantioso financiamiento del gobierno de los EEUU, a través de USAID, más de 15 millones de dólares en 12 años. Fue una ONG con una gran influencia en el gobierno de García como luego en el gobierno de Fujimori. La lección que sacó de esto USAID fue que a través de ONGs como el ILD se podía influir en la política interna de los países en que actuaba. Los EEUU no tenían por qué limitarse a proyectos de ayuda técnica sectorial. Podían ir más allá en influir en un país a través de ONGs. Sin embargo, el ILD tenía problemas para institucionalizarse y liderar a otras ONGs en esta política en el Perú, debido al personalismo de Hernando de Soto, que evitaba una consolidación institucional de su organización, como su interés personal, acaso económico acaso por ganar prestigio mundial, de dedicarse a sus consultorías en diversos países del mundo. Los Estados Unidos le seguirían mostrando su cariño, a través de millonarios financiamientos tanto en el Perú como en el mundo, pero tendrían claro que el ILD no sería la ONG líder que necesitaban en el Perú.

En el presente post exponemos críticamente la evaluación final al “proyecto de reforma institucional del sector privado” de USAID, es decir la evaluación que hizo al trabajo del ILD en el Perú. Ver el documento original aquí. Proponemos la hipótesis que la falta de interés de Hernando de Soto por liderar a otras ONGs, más su evidente imagen de alineación con el fujimorismo, acabó por generar una demanda de ONGs alternativas al ILD de parte de USAID. Estas otras ONGs no le hicieron ascos al financiamiento de USAID, particularmente copioso a finales de los noventas y focalizado en apoyar la caída de Fujimori. Había, pues una oferta de ONGs como una demanda estadounidense de las mismas.

La generación de esta oferta vendría por la aceptación de sectores de izquierda con presencia en varias ONGs de algunos de los planteamientos neoliberales, lanzados tempranamente por el ILD. Esta aceptación habría sido reforzada por el ejemplo del ILD con su millonario financiamiento (ante ONGs que en esos años estaban huérfanas de financiamiento), más la postura opositora a Fujimori por el gobierno de los EEUU, que hizo potable la recepción de su dinero por sectores izquierdistas. Esta disposición de diversas ONGs se notaría mucho en el apoyo a la caída de Fujimori de la OTI-USAID (ver aquí el informe final de USAID, co-autorado por la actual “primera dama” Nadine Heredia, y aquí el comentario que oportunamente hicimos) y luego, en la primera década del siglo XXI, en el total apoyo a Toledo, y posteriormente en la actitud ambivalente de oposición-colaboración con García y Humala. Si De Soto con su ONG no se apuntaban a liderar a las ONGs para socavar al fujimorismo, habría otras que sí lo harían.

En tal sentido, el documento que comentamos es importante, pues aporta esbozos de principios que luego al parecer se convertirían en verdaderos ejes de la política de los EEUU en el Perú. De una sugerente “lección” de una evaluación puntual en que se decía que se podía influir en la política de un gobierno a través de ONGs se pasó a una política sistemática, con ministros formados en las canteras de proyectos de USAID, con funcionarios públicos y de ONGs coordinando políticas internas en la embajada de los EEUU, como no se había conocido antes en el Perú. La salita del SIN fue desplazada por el búnker de la embajada. Y, efectivamente, estas ONGs se fortalecerían, en contraste con un movimiento popular políticamente debilitado por la demolición neoliberal fujimorista, continuada por los gobiernos subsiguientes en la que participarían entusiastamente estas ONGs (y hasta lo reprimirían como ocurrió con los operadores políticos encumbrados a ministros del interior toledistas). Definitivamente, se trató de un éxito rotundo para la política de los EEUU en el Perú.

El documento de USAID referido comienza con la siguiente cita de Victor Hugo: “Más poderosa que ejércitos en marcha es una idea cuyo tiempo ha llegado.” (“More powerful than marching armies is an idea whose time has come.”) Y, efectivamente, fue una intervención mucho más poderosa que la que habrían hecho con ejércitos en marcha.

1. Financiamiento de los EEUU no reportado en “El Otro Sendero”
Uno lee “El Otro Sendero” de Hernando de Soto (y otros autores) y no encuentra ninguna referencia al cuantioso financiamiento recibido por el autor de parte del gobierno de los Estados Unidos. La transparencia no es lo suyo. Afortundamente, las fuentes estadounidenses aportan alguna información al respecto. La verdad es que el ILD recibió del gobierno de los EEUU más de 15 millones de dólares de financiamiento en 12 años. Probablemente ninguna otra ONG en el Perú haya recibido una cantidad comprable de dinero. Y además se trató de un compromiso del gobierno de los EEUU de largo plazo con esta ONG. Se trató del proyecto del Private Sector Institutional Reform Project (PSIR) o Proyecto de reforma institucional del sector privado. No era un proyecto ordinario de USAID de desarrollo general o de apoyo técnico sectorial, que es lo que USAID tiene como líneas de acción. Más aún, se trató de un proyecto no solcitidao por USAID, sino por el ILD.2

2. Parte de los objetivos estratégicos de los EEUU en el mundo en desarrollo

“La mejor forma de evaluar las actividades del ILD es considerar la contribución del proyecto no sólo a la reforma del sector privado en el Perú, sino a los objetivos estratégicos y a los asuntos que conciernen al gobierno de los Estados Unidos en Suramérica y en el mundo en desarrollo”, afirma la evaluación de USAID al ILD.

3. “El ILD no es sostenible sin el apoyo de USAID, el Banco Mundial y otras agencias”
La evaluación de USAID señala como principal impacto positivo

“una reorientación y un repensar la política de desarrollo de parte de los hacedores de política en los más altos niveles del Perú”

y como lo negativo menciona

El fracaso de institucionalizar al ILD. Hay todavía un vínculo inevitable entre la persona de Hernando de Soto y el instituto.

Y también se expresa preocupación por la falta de sostenibilidad del ILD. Sus impactos positivos (léase el viraje en la forma de pensar la estrategia de desarrollo y la orientación neoliberal) sobrevivirán no importa lo que le pase al ILD. Sin embargo, algo que queda muy claro es que

“El ILD no puede ser sostenido sin un apoyo donante continuado de USAID, el Banco Mundial, u otras agencias bilaterales o multilaterales”

Textualmente: “ILD cannot be sustained without continued donor support from USAID, the World Bank, or other bi-lateral or multi-lateral agencies.

Ocurre que en informes anteriores (ver posts al respecto) USAID le había exigido al ILD diversificar sus fuentes de ingreso, recurriendo preferentemente al sector empresarial peruano. Por supuesto que la lógica detrás de tal exigencia estaba en ahorrarle dólares al contribuyente estadounidense y que los propios empresarios peruanos, beneficiados directos de las políticas impulsadas por el ILD y USAID, pagaran por algo que les beneficiaba. Pues bien, en este informe se dejaba claro que esa vía era imposible: tenían que seguir apoyando financieramente al ILD.

4. “USAID puede invertir en ONGs para promover la economía de libre mercado”
El informe prosigue con mucha claridad:

1. La democracia y la economía de libre mercado puede ser incentivada y promovida por una organización no gubernamental privada.
2. USAID puede invertir en ONGs para tener un impacto en toda la política económica nacional, no sólo en un sector técnico.

En idioma original
“1. Democracy and a free market economy can be encouraged and promoted by a private non-governmental organization.
2. USAID can invest in NGOs to have an impact on overall national economic policy, not just in a technical sector.”

Y más aún, lo miembros del equipo de USAID coinciden en que el ILD cumpió y superó los objetivos del proyecto original. Y no sólo eso, sino que el ILD produjo muchas consecuencias no intencionales que traerán beneficios “al gobierno de los EEUU, al Perú y otras naciones en desarrollo en el mundo”.

Palabras muy explícitas que evidencian a las ONGs como forma de intervención política de un país en otro país. El Perú, con su debilidad institucional, ofrecía condiciones muy favorables para esta intervención.

5. USAID: el ILD debe ser el líder de la democratización
La evaluación también propone que el ILD incremente su visibilidad en el Perú y en el mudno asumiento más activamente su rol liderazgo no gubernamental. Algo que no le funcionó al ILD fue su programa de democratización. En 1994 eL ILD hizo una campaña de recolección de firmas para hacer cambios constitucionales, como que haya elecciones por distritos electorales como en los EEUU. El informe de USAID (de 1995) le critica al ILD haber desaparecido después de su fracasada campaña de 1994 y no haber mantenido visible el tema de la democratización en el Perú.

El progreso que se hizo y el momentum conseguido en los primeros meses se ha disipado. No hay nadie hablando a favor de la democratización en la actualidad. El ILD tiene que reafirmar su liderazgo en esta área.
Recomendación: Recomendamos fuertemente un continuo apoyo de USAID para el ILD condicionado a que el ILD muestre esfuerzos por mantener el tema de la democratización en la agenda política en el Perú independientemente de su acceso al poder político. El ILD está en una posición única para actuar como un líder en la promoción de una renovada sociedad civil en el Perú.

USAID desde luego que estaba al tanto la falta de democracia en el Perú gobernado por Fujimori como de la proximidad de Hernando de Soto al fujimorismo. Sin embargo, predominaba la esperanza en el futuro que existía entonces en el Perú, según USAID.

“Es muy temprano para decir si el ILD ha tenido un éxito completo. Las reformas administrativas y las mejoras democráticas pueden ser borradas por un golpe militar. Pero lo que no puede ser borrado es la esperanza en el futuro que hoy existe en el Perú. Como hemos aprendido en Europa del Este y en la antigua Unión Soviética, cuando hay una elección disponible el pueblo elegirá libertad sore control y propiedad privada sobre colectivismo. Este el el impacto duradero del ILD, y fue USAID la que tuvo la visión para entender el impacto potencial del equipo del ILD”.

El fujimorismo como los regímenes autoritarios (según Levitsky “autoritarios competitivos”) de los países post-soviéticos habían devuelto la esperanza a sus pueblos que, según USAID, eventualmente eligirían libremente la libertad y la propiedad privada. Se nota el aprecio de USAID por las reformas económicas fujimoristas, como que las impulsó decidida y abiertamente. Sin embargo, también se aprecia que los tiempos estaban cambiando y había llegado la necesidad de un cambio. Era la hora de la democratización y USAID esperaba que el ILD liderara este proceso.

Al respecto la recomendación de USAID al ILD era clara:

Recomendación: que USAID siga apoyando al ILD. Sin embargo, es hora de que el instituto documente el progreso hasta ahora y qu evuelva a ser un jugador mayor en la sociedad civil peruana. El ILD es visto por otros “think tanks” y ONGs como un líder, le guste o no. El año pasado el ILD ha fracasado en su rol de líder. El apoyo que va a recibir de USAID debe incluir provisiones para más investigación, más publicaciones y más visibilidad, para promover el programa del ILD y la agenda de promoción de la democracia del gobierno de los EEUU. La campaña reduciría la dependencia del ILD en el acceso político a las reformas democráticas. También le permitiría al ILD reestablecer su rol como una ONG líder en una sociedad civil peruana renovada. No queremos sugerir que las ganancias del ILD se perderían sin esta campaña; no pensamos que algo así pasaría. Pero sí pensamos que se perdería una gran oportunidad para consolidar las ganancias de los últimos seis años si el ILD no actúa rápidamente para reestablecer su presencia en la sociedad peruana. La democracia será completamente restaurda en el Perú sólo si las instituciones como el ILD están dispuestas a luchar (stand up) y ser contadas. El ILD lo ha hecho en el pasado y lo puede hacer ahora también.

6. Desenlace: el ILD no lideró ninguna democratización
De Soto no sólo no lidero la democratización que quería el gobierno de los EEUU, sino que apoyó sistemáticamente a Fujimori. Más aún, en elecciones de 2011 apoyó a Keiko Fujiomri. El gobierno de los Estados Unidos no entró en vainas. Si bien De Soto era su amigo, resulta que los países no tienen amigos; tienen intereses.

Si De Soto no quería alinearse con la agenda estadounidense en liderar la democratización en el Perú, pues habría otras personas que también dirigían ONGs que sí estarían dispuestas a hacer la chamba. De Soto tenía la reputación de cobrar carito, en comparación con otras ONGs en el Perú, que usualmente tenían que hacer malabares para estirar su exiguo presupuesto. Si en los ochentas en el contexto de crisis económica diversas ONGs de orientación izquierdista habían recurrido a financieras de orientación socialdemócrata, principalmente las fundaciones alemanas, como la Friedrich Ebert, en los noventas se abrirían las puertas para un extendido financiamiento estadounidense. No sólo eso, varios (ex) izquierdistas con un supuesto sano interés por las ideas llamadas liberales habían sido atraídos al ILD por el rol de vanguardia de De Soto, y no menos por el millonario financiamiento. Por ejemplo, José María Salcedo, otrora director del Diario de Marka y de DESCO, se asimilaría al ILD, y desde entonces se derechizaría totalmente, como que hasta ahora sigue en primera línea en las filas fujimoristas. El efecto demostración de De Soto no se limitaba a atraer a (ex)izquierdistas de ONGs a sus filas, sino también a que éstos asumieran su discurso (como Fernando Villarán con un discurso que idealizaba a la pequeña empresa, cuando éstas eran exterminadas por la hiperinflación alanista, u otros que practicaban otras transmutaciones supuestamente izquierdistas de las ideas de De Soto: “capitalismo popular”, “caballos de Troya de los invasores”, etc.) y que imitaran su búsqueda de financiamiento en fuentes estadounidenses. De mediados de los noventas data el proyecto Reprosalud de USAID con el Movimiento Manuela Ramos y la ONG Alternativa, que resultó formar parte de la campaña fujimorista de esterilizaciones forzadas.

A mediados y fines de los noventas, la democratización, que no era otra cosa que la caída de Fujimori con la continuación de las políticas neoliberales, ya estaba en agenda a través de otras ONGs, para las cuales había nuevas líneas de financiamiento. La OTI, la Oficina de Iniciativas de Transición, de USAID financió ampliamente a diversas ONGs, muy activas contra Fujimori. Una historia que ya comentamos en posts anteriores.

En cualquier caso, a pesar de su sólida alineacion con Fujimori y que no fuera parte de lo que los Estados Unidos llamaban “democratización” en el Perú, De Soto fue muy influyente en ciertos sectores de izquierdas de ONG. En cierto sentido, y paradójicamente, se lo puede considerar el padre del caviarismo en el Perú, pues contribuyó con su ideología, su ejemplo de financiamiento y su modus operandi a una derechización de sectores que alguna vez fueron radicales, que asumieron con todo la agenda neoliberal y estadounidense en el país. Por supuesto, esto que no lo hizo solito, pues contó con un millonario apoyo del gobierno de los Estados Unidos, sobre el cual De Soto sigue siendo muy discreto, al menos en el Perú.


Caretas 30 de diciembre de 1991: Hernando de Soto con el embajador estadounidense Anthony Quainton en plácida siesta en avión. Ambos promotores del Convenio Antidrogas entre el Perú de Fujimori y los Estados Unidos de Bush senior. Vendieron la idea que se dejaría de considerar a los productores como narcotraficantes. Esa fue la primera etapa de un programa de erradicación de la coca. Décadas después ya vemos que desde las agencias de Estados Unidos se criminaliza al productor, al campesino cocalero. Ver Combitos campañas de concientización pública y Combitos piratas de barco anclado.
Imagen ya mostrada en este post.

50-1-cKeikoFujiomriDe Soto
Hernando de Soto con Alberto Fujimori.
Hernando de Soto con Keiko Fujimori.
Estaba difícil que este señor fuera a ser el “líder de la democratización” en el Perú.
Evidentemente, el gobierno de los Estados Unidos fue conciente de esta realidad y recanalizó el financiamiento a otras ONGs, que se opusieron tenazmente a Fujimori hasta que lograron tumbárselo. La OTI, la Oficina de Iniciativas de Transición, movió ampliamente la billetera hacia otras organizaciones generadas en la segunda mitad de la década del noventa.

  1. En ¿Quiénes son “la sociedad civil” en el Perú? comentaba sobre cómo las organizaciones de la sociedad civil para la mesa de diálogo de la OEA en el 2000 eran básicamente ONGs, financiadas principalmente por USAID. []
  2. Ver 1984: la NED, USAID y Hernando de Soto y en 1987: USAID le jala las orejas al ILD para más detalles sobre este financiamiento. []
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Por - Publicado el 05-09-2014

Nuevamente estamos ante una gran reflexión deductiva, totalmente conjetural, sin evidencia fáctica, del ILD.

La lógica deductiva del autor es la siguiente.

I. Su conocido de relativamente altos ingresos gasta 5% de sus ingresos en salud.
II. La salud es un “bien superior” (a mayores ingresos, mayor proporción del gasto en salud).
III. Una persona de bajos ingresos gastará menos de 5% en salud.

Por lo tanto, la actual retención de 9% para ESSALUD es un sobrecosto.

Recio.

Veamos.

Para alguien que gane 1400 Una retención de 9% implica 126 soles mensuales. ¡Carisisísimo!

Para esa misma persona, una retención de 5% implica 70 soles mensuales. Esto todavia es carísimo, pues alguien que gane poco debería gastar una proporción menor en salud que la que gasta su afortunado conocido.

Pero bueno, ¿qué seguro privado cuesta menos de 70 soles al mes?

Y más aún, ¿quién puede mantenerse saludable gastando sólo 70 soles al mes o no gastando nada en salud, como desliza el autor?

Pero hay más:

1. Un seguro privado no tiene un precio fijado como porcentaje de lo que gana un trabajador. Alguien “con un nivel de ingresos seguramente mayor que el promedio” pagará un bajo porcentaje de su ingreso por ese seguro. Alguien que gane por debajeo del promedio seguramente tendrá que pagar un mayor porcentaje de su ingreso por ese mismo seguro. Al autor no le da para decir, ni siquiera en su mismo ejemplo, que el seguro de salud público es muy caro.

2. Alguien tal vez decida no comprar un seguro privado o público, pero no es que simplemente “sus prioridades son otras”. Nadie puede vivir sin salud, una necesidad básica. No es que la salud queda desatendida como si alguien no se comprara un aparato de televisión. No es que “La gente de menores recursos no solamente está dispuesta a pagar menos, sino inclusive a prescindir de un seguro.” Igual tiene que pagar por la salud. ¿Dónde se ha demostrado que pagar del propio bolsillo sea más barato que pagar un seguro? Al menos el autor no lo ha hecho.

3. El seguro de salud formalmente lo paga el trabajador, no el empleador. (En realidad, el empleador paga una parte de este costo, según la inclinación de las curvas de oferta y demanda de trabajo. Cuanto más elástica sea la oferta laboral un porcentaje mayor de este costo lo paga el trabajador.) Pero no por eso es un sobrecosto. Este dinero constituye un fondo que regresa al trabajador financiando sus servicios de salud, cuando lo necesita, evitando que tenga que desembolsar de golpe una cantidad prohibitiva. No queda claro que el trabajador salga perjudicado por este seguro, salvo que se demuestre que sea más barato un financiamiento de la salud para el trabajador sin esta retención. El autor no lo ha demostrado. Menos aún ha demostrado que esta retención produzca más desempleo e informalidad como apresurada y propagandísticamente concluye.

*****************
Iván Alonso, aquí:

“¿Cómo sabemos que es más? Porque un profesional independiente que conocemos, con un nivel de ingresos seguramente mayor que el promedio, puede comprar un seguro privado por menos del 5% de los suyos. Como el seguro de salud es lo que los economistas llaman un bien superior, cuanto más gana la gente, más está dispuesta a pagar por uno, proporcionalmente hablando. La gente de menores recursos no solamente está dispuesta a pagar menos, sino inclusive a prescindir de un seguro. Por eso inferimos que para casi la generalidad de trabajadores dependientes, un seguro de salud que cuesta el 9% de sus ingresos sencillamente es muy caro.”

“Pero si pudiera decidir libremente, no gastaría 126 soles mensuales en un seguro de salud. Sus prioridades son otras. El sueldo que antes le parecía aceptable ya no lo es, porque el seguro que se ve obligado a tomar no compensa, para él, la plata que le descuentan.
Podría pedirle a su empleador que le aumente el sueldo para recuperar una parte, al menos, del ingreso líquido que ha perdido. Pero el empleador podría negarse porque le terminaría costando más de lo que produce. La consecuencia es que muchos trabajadores resultan siendo inempleables en el mercado formal porque no producen lo suficiente como para cubrir sus expectativas de ingresos más el costo de un seguro que no desean, pero que la ley los obliga a tomar. El aporte al seguro de salud es, en efecto, un sobrecosto. Genera desempleo y genera informalidad.”

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Por - Publicado el 05-09-2014

Por Silvio Rendon

En este editorial de El Comercio se sostiene lo siguiente:

“las empresas tienen que enfrentar las gravosas regulaciones de seguridad y salud en el trabajo, que imponen obligaciones innecesarias y sumamente costosas (según la Sociedad Nacional de Industrias, por ejemplo, para cumplir con estas últimas exigencias una pequeña empresa de diez trabajadores debe destinar anualmente S/.31.000).”

Según El Comercio una empresa de 10 trabajadores enfrenta terribles “sobrecostos”. A continuación asegura:

“El Estado, de hecho, se ha dado cuenta de esto, pues ha creado un régimen especial para las microempresas y pequeñas empresas en el que no existen todas estas onerosas obligaciones laborales, pero absurdamente insiste en mantener el régimen ‘general’ para el resto de empresas. Lo irónico es que lo general se ha vuelto la excepción, pues existen más empresas dentro del régimen especial que dentro del otro.”

Ahora resulta que hay un régimen de excepción para las microempresas y pequeñas empresas en que “no existen todas estas onerosas obligaciones laborales”.

¿En qué quedamos?

El Comercio se contradice: comienza hablando de onerosas obligaciones laborales para una pequeña empresa de 10 trabajadores para líneas delante acabar diciendo que estas obligaciones no existen para las empresas de este tamaño.

En realidad, lo que ocurre es que El Comercio una vez más recurre al viejo truco de usar a las pequeñas empresas para pedir prebendas para las grandes empresas. Es el viejo truco de la oligarquía, de De Soto Vargas Llosa en los 80s: usar a los pequeños empresarios para lograr ventajas para los grandes. Veamos:

“Si el Estado ya acepta que existan empresas sujetas a menos obligaciones laborales, ¿por qué no dar un paso en dirección a la mayor competitividad y formalidad y volver a dicho régimen especial la norma para todo el mundo? Más aun cuando la existencia de dos sistemas se convierte en un obstáculo para que las microempresas y pequeñas empresas crezcan: como al aumentar de tamaño tienen que empezar a asumir las costosísimas regulaciones laborales del régimen general, muchas empresas no pueden seguir creciendo o deciden hacerlo en la informalidad.”

Quieren que el régimen especial para las pequeñas empresas se vuelva la norma “para todo el mundo”, es decir, incluyendo a las grandes empresas. Quieren recortar los derechos laborales aún más de lo que ya los recortó Fujimori en los 90. Se supone que el régimen especial es un incentivo para que las pequeñas y microempresas arranquen, pero no es algo que va a estar ahí para siempre. Llega un momento de madurez en que el incentivo se retira.

El Comercio, como buen representante de la oligarquía más reaccionaria, recurre a trucos argumentativos ya gastados en el Perú. Usan a los pequeños empresarios para abogar a favor de los grandes. Vienen a decir que al trabajador le conviene no tener ninguna protección laboral, en realidad beneficiando a los empresarios. Usan el buen desempeño de los colegios “Fe y Alegría” para abogar por la privatización de la educación y que se masifiquen las escuelas-negocio. Se las ingenian para presentar los intereses de los grandes grupos de poder como si fueran los intereses de todos los ciudadanos, particularmente de los más pobres.

Afortunadamente, sus cantaletas son un cuchillo loncco que ya no corta como antes.

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Por - Publicado el 31-08-2014

Por Silvio Rendon.

¿Qué hacer cuando un método no se puede aplicar a una realidad? La opción más sensata suele ser simplemente dejar claro que el método no es aplicable. No escasea, empero, la actitud de forzar la cosa e intentar aplicar lo inaplicable.

Es lo que ocurrió en el Perú con la CVR. Los datos disponibles sólo permitían hacer una estimación para las víctimas del Estado peruano y en algunos estratos geográficos para las víctimas de Sendero Luminoso y de otros perpetradores. La razon era que para realizar una estimación era necesario que los listas de víctimas de diferentes fuentes presentaran intersecciones. Esto en muchos casos no ocurría para Sendero y otros perpetradores, en que resultaba que la CVR era la única fuente de información.

En la CVR eran concientes de la inaplicabilidad del método de “sistemas múltiples” o de “captura-recaptura” para estos dos últimos grupos de víctimas, como lo vimos en este post Las cifras de la CVR en sus documentos internos. Por ello se propusieron inicialmente hacer “simulaciones en base a escenarios hipotéticos”. Sin embargo, al final bajo la batuta del consultor Patrick Ball igual forzaron la aplicación de un método que era inaplicable.

Lo curioso de todo esto es que no sólo los documentos internos revelan que en la CVR peruana eran concientes de que no se podía hacer estimaciones con sólo una fuente de información. También en la CVR de Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), donde el Sr. Patrick Ball también participó de consultor, él mismo dejó claro que no se podía estimar las víctimas no observadas contando con sólo una fuente de información.

1. Guatemala: “no se puede estimar”
En la CEH de Guatemala, al igual que la CVR del Perú, hubo tres fuentes de listas de víctimas: la misma CEH, el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) y el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) de la Oficina de Derehos Humanos del Arzobispado de Guatemala. En el Perú fueron la CVR, la Defensoría del Pueblo y las ONGs de derechos humanos.

En el anexo estadístico de la CEH de Guatemala, aquí en castellan y aquí en inglés, encontramos el siguiente cuadro:

Guatemala1

En la región IV, San Martín Jilotepeque, sólo hubo una “cobertura adecuada” de las víctimas de parte de la CEH, por lo que Ball determinó que “no se puede estimar n_000″, el número no observado de víctimas. En inglés, las palabas que Ball usó fueron “Unable to estimate n000″.

En el siguiente cuadro, se reportan los números usados en las extrapolaciones y los resultados de las mismas.

Guatemala1a

Se aprecia que para la región IV se reporta un número estimado de víctimas no observadas de cero. No se estima nada. El número de víctimas totales estimado para esa región es el mismo que el número de víctimas observado. Al respecto, Ball hace la siguiente reflexión1:

Guatemala2

A ojo de buen cubero, Ball reafirma claramente que una estimación para la región IV no es posible. Basándose en las estimaciones realizadas para otras regiones, se manda a sugerir el número no observado de víctimas para esta región. Como en otras regiones el número de víctimas no observadas es el doble del número de las víctimas observadas, esto también ocurriría en la región IV.

Esta forma de proceder sentó un precedente que no se siguió en las estimaciones hechas en el Perú.

2. Perú: aplicando lo inaplicable
En la introducción del anexo metodológico del informe final de la CVR se dice

Este análisis aplicó un procedimiento estadístico utilizado en investigaciones similares para estimar el número de muertes causadas por la violencia política en los conflictos de Guatemala (1960-1996) y Kosovo (marzo-junio 1999).

Esta afirmación no es precisa, pues en el Perú el equipo de Patrick Ball en realidad aplicó un procedimiento estadístico que no se animó a aplicar antes, particularmente en Guatemala.

En el Perú no sólo había una región en que no se podía estimar n_000. De 58 estratos geográficos, para Sendero Luminoso sólo en 10 se podía hacer una estimación por el método de “captura-recaptura”. En los 48 restantes esta estimación no era posible. La razón, al igual que en la región IV en Guatemala, era la falta de “cobertura adecuada” de parte de las fuentes de información. Más aún, en 20 de los 58 estratos la CVR era la única fuente de información para las víctimas de Sendero Luminoso.

De haber procedido igual que en Guatemala, Ball y su equipo habrian tenido que hacer en el Perú lo que hicieron en los dos cuadros reproducidos aquí: reportar el número observado de víctimas de Sendero Luminoso para las regiones en que la estimación no era posible, es decir, en 48 de 58 estratos geográficos. Y proceder de forma similar con las víctimas de “otros perpetradores”.

Su opción, como sabemos, fue otra. Mezclaron los datos de Sendero Luminoso y otros perpetradores con los datos del Estado, que seguían patrones de intersección de fuentes muy diferentes. Con ello las cifras estimadas para Sendero Luminoso y otros perpetradores se expandieron sobre las cifras observadas por un factor mucho mayor que el factor en que se expandieron las cifras del Estado. Mientras las cifras del Estado se expanden por 2.1, las de Sendero Luminoso se expanden por 3.5 y las de “Otros perpetradores” por 4.8. Las expansiones más grandes ocurren así para los datos con menor cobertura adecuada.

Con ello se acabó por reportar un número grande de víctimas totales a la vez que se revirtió la composición de las mismas con Sendero Luminoso acabando por ser el principal perpetrador. Un resultado anunciado por los comisionados ANTES de completar la recolección de datos y comenzar el trabajo de estimación, como vimos en este post: La CVR: crónica de una cifra anunciada 2.

En suma, los criterios que Ball tuvo para la CVR del Perú en su trabajo estadístico no son consistentes con los aplicados en la CEH de Guatemala en casos en que sólo hay una fuente de datos con cobertura adecuada sobre tres fuentes existentes. En Guatemala fue muy enfático en afirmar que “no se puede estimar” (“unable to estimate”), mientras que en el Perú sí se mandó a estimar lo que dijo que no se podía estimar.

  1. Esto también lo dice en su idioma: “In Table 7 we noted that there is not sufficient data to estimate n000 in Region IV. Given the experience of other regions, in which the ratio between Nk and n000 varies between 0.5 and 2, with a mode and mean close to 0.5, it is likely that the value of n000 for Region IV is approximately 2,500. In other regions Nk is composed of data from more than two projects. However, in Region IV information was collected only by the CEH. Thus, it is possible that the ratio between Nk and n000 for Region IV could be 0.25 or less, increasing the estimate by a factor of two or more. There are no other methods available to reduce the lack of certainty about this number, and therefore it is not included in the final estimate.” []
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Por - Publicado el 14-08-2014

Por Jorge Rendón Vásquez*

Supongamos que desde una ciudad situada al otro lado de la frontera un grupo armado comenzase a disparar cohetes balísticos hacia las ciudades de nuestro país, o también que desde una flota de mercantes apostada frente al Callao, o frente a Buenos Aires, Montevideo o Caracas se lanzara andanadas de cohetes contra estas ciudades. En ambos casos, este hecho sería un casus belli, es decir una causa suficiente para una declaración de guerra contra el país de los atacantes y, por lo menos, para detener la agresión por medios equivalentes o mayores. Sería una grave parcialidad que los mandatarios de los demás países latinoamericanos censurasen al Perú o a otros países que fueron obligados a defenderse, criticándolos por las víctimas civiles que su réplica hubiera ocasionado en los territorios o naves de los agresores, sobre todo si esas víctimas fueron obligadas a permanecer junto a los mecanismos de lanzamiento de los cohetes.

Una situación semejante a la descrita sucede en la frontera entre Israel y Gaza. El grupo armado Hamas, calificado de organización terrorista, en posesión del gobierno de Gaza, viene disparando sus mortíferos cohetes contra los centros poblados de Israel. Los envía desde los barrios populares, pese a disponer en su país de grandes extensiones despobladas. De no ser por el sistema defensivo Cúpula de Hierro, que destruye la mayor parte de esos cohetes en el aire, y porque el resto cae en sitios sin población o en la misma Gaza, la mortandad de civiles israelíes sería espantosa. Para neutralizar esos ataques Israel tuvo que desplegar sus fuerzas armadas en Gaza, anunciando previamente por volantes dejados caer desde el aire los sitios sobre los que dispararía. En el camino, se encontraron con una red de túneles construidos por Hamas para introducirse en el territorio israelí, algunos grandes galerías de bloques de concreto armado, y otros, usados como arsenales tan colmados que deben de haber despertado la envidia del Pentágono. El operativo militar de Israel ha causado, obviamente, víctimas civiles.

La campaña promovida en cadena contra Israel por algunos intelectuales, por los presidentes de la República de varios países latinoamericanos, por ciertos medios de prensa y por determinados grupos de izquierda presenta dos caracteres: a) el silencio sobre los continuos lanzamientos de cohetes por Hamas contra Israel y sobre los túneles que esta organización ha construido; y b) la condena sin atenuantes a Israel por las víctimas civiles en Gaza.

Se diría que para esos críticos de Israel, los cohetes de Hamas son alegres fuegos artificiales, celebratorios quizás de alguna festividad islámica; que los túneles son madrigueras excavadas por alguna familia de pequeños y atareados topos, y que los civiles afectados, incluidos los niños, fueron alcanzados en calles y casas alejadas de las rampas móviles de lanzamiento de cohetes, que para ellos, por lo demás, no existen. El mensaje encubierto de su condena es que el Estado de Israel carece del derecho de defenderse y que las agresiones de los palestinos extremistas están plenamente justificadas. ¿Por qué? Aunque no lo digan –se infiere de su razonamiento–, porque, para ellos, los habitantes de Israel son judíos, y los judíos deben ser, en el límite, exterminados. Se debe suponer que les satisface que luego de la Segunda Guerra Mundial esta fatídica misión haya sido asumida en el Cercano Oriente por árabes fanatizados, sin perjuicio de los ataques a las sinagogas y escuelas judías en varias capitales europeas perpetrados por grupos creyentes en el nazismo y en el Islam.

¿De que raíces parte este antijudaísmo que contamina a la izquierda de inspiración marxista o seudo marxista y se vierte, como densa tinta, sobre otros grupos populistas o de tendencias autocalificadas de izquierda, coloreándolos con diversos matices de la misma gama?

El socialismo del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX, incluidas las corrientes bolchevique y comunista, no fue antijudío. No podía serlo. Muchos de sus ideólogos y militantes, comenzando por Carlos Marx, eran judíos. Fueron hombres y mujeres para quienes el socialismo, liberando a la clase obrera de la explotación y a la sociedad de las injusticias, podía liberar también a los judíos de la exclusión y las persecuciones, y contribuyeron a crear e impulsar un formidable movimiento de reivindicación social.

El nazismo, como la expresión más brutal e intolerante del capitalismo, hizo de la aniquilación de judíos, comunistas y socialistas su razón de ser.

En los partidos comunistas el antijudaísmo fue asumido por José Stalin y su grupo como un procedimiento para librarse de los militantes judíos que pensaban de modo diferente al suyo en el Partido Comunista. En los procesos de 1936, instaurados contra los opositores a Stalin, cerca de la mitad de los condenados a muerte o a largas penas de prisión fueron judíos. Trotsky, ex comisario de la Guerra luego de la Revolución de 1917 y brillante ideólogo del Partido Bolchevique no podía salvarse aunque estuviera fuera de la Unión Soviética. Stalin lo hizo asesinar en México, en 1940. Era judío. Allí no pararon las cosas. A los demás judíos no comunistas se les destinó la pequeña ciudad de Birobidzhán, ubicada en los confines de Siberia, como un lugar de confinamiento nacional, proyecto que no pudo prosperar por la resistencia de muchos judíos.

La Segunda Guerra Mundial obligó a Stalin y su grupo a cambiar su parecer con los judíos. Los necesitaban, y ellos peleaban denodadamente contra el nazismo. Además, ya se conocía su exterminio masivo en los campos de concentración. Es presumible que a sugerencia del Presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, Stalin tuviera que declarar en la Conferencia de Yalta, de febrero de 1945, que los judíos debían tener una patria en Palestina (Cfm. Dominique Lapierre y Larry Collins, ¡Oh Jerusalem!, crónica de la creación del Estado de Israel). Esta declaración le fue transmitida en seguida a Ben Gurión, jefe de la Agencia Judía de Palestina, la embrionaria organización del futuro Estado israelí. Stalin tenía, además, otro motivo: el territorio de Palestina estaba ocupado desde 1917 por Gran Bretaña, y era de hecho una de sus colonias, y para la Unión Soviética y su Partido Comunista la descolonización en el mundo debía seguir a la guerra.

La decisión de las Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, por la cual se acordó la creación de un Estado israelí y otro árabe en Palestina, contó con el voto favorable de la Unión Soviética. El Estado de Israel fue proclamado por Ben Gurión el 14 de abril de 1948, al vencerse el plazo para la evacuación de las autoridades y tropas de la Gran Bretaña, y, al día siguiente, Egipto, Siria, Jordania y su temible Legión Árabe, entrenada y comandada por oficiales ingleses, y el Gran Mufti de Jerusalén, un antiguo protegido de Hítler, al mando de un ejército armado hasta los dientes, atacaron en concierto al naciente Estado israelí. Pero, éste ganó esa desigual guerra.

Unos años después, la actitud de Stalin, del Partido Comunista y de la Unión Soviética, cambió radicalmente. Se parcializaron con los gobiernos de los países árabes y los grupos islámicos fanatizados, los proveyeron de armamento e instructores y con ellos se empeñaron en la destrucción del joven Estado israelí y la expulsión de los judíos del Cercano Oriente. Esta actitud era parte de su estrategia contra Estados Unidos en la Guerra Fría. Por consiguiente, su propaganda contra el Estado de Israel, a través de los partidos comunistas, fluyó caudalosa e inacabable. El fanatismo islámico quedó oculto por una escenografía de imágenes casi idílicas, y hasta se le justificó mientras se satanizaba a los israelíes.

Pero el Estado de Israel no fue destruido con las campañas bélicas de los países árabes vecinos: Egipto, Jordania, Siria y el Líbano, con la conformidad de la Unión Soviética, ni sus habitantes fueron arrojados al mar. Israel, un pequeño país que luchó con la voluntad y el heroísmo de sus antepasados los macabeos, ganó las subsiguientes guerras de 1956, 1967 y 1973, y, gracias al esfuerzo de sus pobladores, judíos nacidos en su territorio y llegados de todas partes del mundo, se convirtió en una sociedad cada vez más moderna y poseedora de uno de los ingresos per cápita más alto del mundo.

José Stalin murió en 1953, pero su política contra Israel y los judíos sigue instalada como una fijación en la conciencia de los militantes de los partidos comunistas y de otros grupos de izquierda. Para ellos, hagan lo que hagan los fanatizados islamistas es bueno y, correlativamente, hagan lo que hagan los israelíes es malo.

Esta implantación irracional contra los judíos sería casi imposible si no creciera en un terreno fertilizado por dos milenios de antijudaísmo. En el fondo del alma de una parte cada vez menor de los no judíos en el mundo occidental sigue latiendo el odio absurdo desencadenante de los pogromos y otras matanzas de judíos y anda suelto el espectro de la Inquisición que procesaba y quemaba a los judíos acusados de practicar su religión. En los países eslavos los pogromos, alentados por los popes, los señores de la tierra y las autoridades reales, se efectuaban aún hasta los primeros años del siglo XX. El nazismo fue la expresión más violenta, horrorosa y masiva de este antijudaísmo. Y ni Stalin ni sus herederos ideológicos pudieron purgarse de él.

En el año 334 a.C., el joven Alejandro, hijo del rey Filipo de Macedonia y ex alumno de Aristóteles, a la cabeza de un ejército relativamente pequeño, pero bien disciplinado, inició la conquista del Asia Menor y Egipto y llegó a los límites con la legendaria India. No es éste el ejemplo de Israel. Para los judíos, el territorio del antiguo reino de Israel, del que sus antepasados fueron expulsados de manera intermitente desde 1250 a.C. y dispersados por el mundo por el Imperio Romano en el año 70, nunca dejó de ser suyo, como un derecho histórico. Y a él ha vuelto una parte de sus descendientes, convirtiendo en un hecho real la invocación de fe y esperanza que los judíos se hacían desde entonces en sus celebraciones: “Nos vemos el año próximo en Jerusalén”.

(14/8/2014)
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*Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima.

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Por - Publicado el 23-07-2014

Por Jorge Rendón Vásquez

La gestión de un Presidente de la República no es un asunto privado, inherente sólo a él. Es una conducta de interés público y, por lo tanto, susceptible de investigación por el Congreso de la República, en representación de la ciudadanía.

De conformidad con este precepto de la democracia y en aplicación del art. 97º de la Constitución del Estado, el Congreso creó una Comisión para investigar ciertos hechos del ex Presidente Alan García Pérez durante su gestión de 2006 a 2011. Esta Comisión lo citó el 8 de junio de 2012 y el 8 de marzo de 2013.

La segunda citación le indicó que se requería recoger su manifestación sobre los siguientes hechos en los que él había participado (casos de flagrante corrupción para muchos):

— Su presunta participación, intervención, aquiescencia u omisión intencional en el Caso Bussiness Track, específicamente respecto de las supuestas presiones políticas que se habrían producido en torno del caso.

— El manejo de la Empresa SEDAPAL y el caso del Sistema Integral de Administración Comercial – SIAC.

— Su presunta participación, intervención, aquiescencia u omisión intencional en la emisión de decretos de urgencia y decretos supremos referidos a programas y/o proyectos de agua y saneamiento, SEDAPAL, Agua para todos.

— Sus antecedentes empresariales, así como sus bienes, rentas y patrimonio.

— Las presuntas irregularidades en la concesión de indultos y conmutaciones de penas.

— La presunta responsabilidad de funcionarios subordinados a él en la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Vivienda, SEDAPAL, FONAFE, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, o vinculados con la Comisión de Gracias Presidenciales en el proceso de indulto a José Enrique Crousillat u otras personas.

Se le dijo, además, que se le convocaba “en condición de investigado” y que “su declaración resulta indispensable para esclarecer la situación en los casos investigados, así como para identificar o descartar la existencia de presuntas irregularidades.”

Alan García Pérez asistió a esa reunión y respondió con generalidades, añadiendo que “antes del inicio de la sesión presentó un escrito en el que denunció la afectación de su derecho.” Luego decidió escabullirse de la investigación.

Buscó un abogado y a comienzos de junio de 2013, interpuso una especiosa demanda de amparo ante el 5º Juzgado Constitucional de Lima contra la Comisión Investigadora del Congreso, solicitando básicamente la nulidad de la investigación iniciada en relación a él por violación del derecho al debido proceso, consistente en no haberle comunicado previa y detalladamente los hechos que se le imputan.

El 19 de setiembre de 2013, el juez constitucional, Hugo Rodolfo Velásquez Zavaleta, expidió sentencia declarando fundada la demanda “al haberse acreditado la violación a su derecho al debido proceso. Por tanto: SE DECLARA NULO lo actuado por la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como Presidente de la República”.

Las partes apelaron de esta sentencia.

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima resolvió el 27 de diciembre de 2013 declarando “Nulo lo actuado por la Comisión investigadora Multipartidaria […] a partir de la citación del 08 de marzo de 2013, lo que implica la nulidad de los actos posteriores o sucesivos, referidos exclusivamente al demandante […] la Comisión podrá continuar válidamente el procedimiento, siempre que el demandante, al momento de considerársele investigado sea comunicado con el mayor detalle posible de los hechos imputados y de la presunta infracción cometida; asimismo que se le permita el acceso a los medios probatorios que sustentan las imputaciones a efecto que pueda ejercer su derecho de defensa …” Firman esta sentencia los vocales Jesús Soller Rodríguez, César Solís Macedo y Gunther Gonzales Barrón.

Este asunto ha continuado con un pedido de nulidad de la sentencia de primera instancia, de la Comisión Investigadora.

En las dos sentencias citadas la única fundamentación basada en la Constitución es la alusión a una violación de la garantía del debido proceso, en contravención —se dice— del art. 139º de la Constitución y del art. 8º-2-b de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El art. 139º-3 de la Constitución dispone: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.” El art. 8º-2-b de la indicada Convención Americana dice “Garantías judiciales: Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada.”

En rigor, ambas normas son inaplicables en este caso: 1) porque Alan García no está sometido a un órgano jurisdiccional; y 2) porque no es inculpado ni se le está acusando de infracción de la Constitución o de la comisión de algún delito. Los jueces no explican por qué se debería extender esas disposiciones a la función investigadora del Congreso de la República. Tampoco se han tomado el trabajo de analizar el art. 97º de la Constitución, que expresa: “El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.”

No hay un número limitado de estas comparecencias. Pueden ser tantas como sean necesarias para los fines de la investigación. El Reglamento del Congreso sólo dispone, a este efecto, que “Quienes comparezcan ante las Comisiones de Investigación tienen el derecho de ser informados con anticipación sobre el asunto que motiva su concurrencia.” (art. 88º-d). En las sentencias dictadas, en este caso, los jueces se han permitido impartirle normas al Congreso sobre estos comparendos, bajo pena de nulidad, al ordenarle que el “investigado sea comunicado con el mayor detalle posible de los hechos imputados y de la presunta infracción cometida”. Si este curioso punto de vista fuese extendido a la investigación de los delitos en general por la policía, ésta tendría que comunicar minuciosamente sus pasos a los delincuentes y, si omitiese hacerlo, la investigación sería nula y los delitos se legalizarían.

El debido proceso es la conformidad de los actos procesales con las normas pertinentes. En principio, su campo es jurisdiccional o judicial. En la vía administrativa no hay proceso; hay procedimiento, no interviene un juez y no conduce a una sentencia, sino a una resolución.

¿Cómo aludir, entonces, al debido proceso en una investigación parlamentaria que no es judicial, ni acusatoria?

El procedimiento investigatorio parlamentario tiene por objeto:

1.- Determinar si se ha infringido la legalidad con uno o varios hechos de interés público;

2.- Identificar a los autores de los hechos ilegales;

La investigación puede comenzar por la aparición o descubrimiento de ciertos indicios de anormalidad legal en hechos determinados.

Esa anormalidad se demuestra: a) con el acopio de pruebas relativas al hecho investigado; y b) por el procedimiento lógico de comparación del hecho con la norma que lo enmarca o a la cual tiene que sujetarse para ser válido.

Las pruebas pueden ser las señaladas para los procesos civil y penal: documentos públicos y privados; testimonios; declaración de la parte investigada; peritajes, inspección; y los sucedáneos de los medios probatorios: indicios y presunciones

La persona, que se supone es autora del hecho investigado, puede ser citada por la comisión investigadora o no serlo. Si se le cita es para formularle preguntas sobre los hechos materia de la investigación, que ella puede responder o no. Sus declaraciones pueden ser o no pruebas del hecho investigado. En esta fase, como la persona citada no está siendo acusada, su derecho a la defensa se limita a no ser sometida a apremios ilegales (torturas, amenazas, vejámenes).

La comparecencia o ausencia de la persona investigada o sus declaraciones, no inhiben la obtención de otras pruebas. El debido procedimiento investigatorio no se desvirtúa por ella.

Si la investigación concluyera que Alan García Pérez infringió la Constitución o cometió delitos en el ejercicio de sus funciones hasta cinco años después de haber cesado como Presidente de la República, se pasaría recién a la fase acusatoria, de conformidad con el art. 99º de la Constitución. Y, entonces, se convertiría en acusado y se le aplicaría el art. 100º de este cuerpo normativo que dispone: “El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.”

Los hechos por los cuales Alan García Pérez es investigado por el Congreso se han plasmado, casi todos, en documentos que merecen fe. Son sus hechos, que conoce bien. No han sido extraídos de un sombrero por un mago en un teatro para serle exhibidos sorpresivamente. Una persona de bien, regida por principios morales, ante la sola alusión de haber incurrido en actos incorrectos, daría la cara, incluso si no se lo pidiesen. Los delincuentes, en cambio, suelen buscar cómo evadirse de la investigación y de la justicia. La acción de amparo de Alan García Pérez tiene como fin impedir que el Congreso continúe investigándolo. Y cuatro jueces han cooperado con él para tratar de sustraerlo ilícitamente a la investigación, dictándole al Congreso exigencias extrañas al texto expreso de los artículos citados de la Constitución y del Reglamento del Congreso, con el efecto de invalidar una función constitucional de éste.

En el Título Preliminar del Código Procesal Constitucional se prescribe: “Son fines de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales.” (art. II), primacía de la Constitución y de los derechos constitucionales, en primer lugar, en relación a la sociedad, norma que han eludido los cuatro magistrados del Poder Judicial comprometidos en este caso.

(23/7/2014)

Un comentario

Por - Publicado el 21-07-2014

En los partidos de la Izquierda Unida o la llamada “izquierda legal” hubo simpatía por la insurgencia senderista (como ocurriera en los años 60 de parte del Partido Comunista hacia las guerrillas del MIR y del ELN). Esta simpatía fue expresada, en forma contradictoria y a veces ambigua, mezclando la condena con la aprobación, a través de las páginas del vocero izquierdista “El Diario de Marka”, a comienzos de los años ochentas. Es decir, mucho antes de que Sendero Luminoso tuviera mayor influencia en ese medio y fuera considerado como un medio de expresión de ese grupo insurgente.

Incluso, como vimos en el post “Los contactos con la izquierda y la captura de Mezzich”, hubo reuniones de coordinación entre senderistas y la cúpula de la Izquierda Unida, ver aquí la fuente original en francés.

En el presente post sostenemos que las dirigencias de los partidos de la izquierda legal, si bien tempranamente polemizaron y discreparon con el proyecto insurgente senderista, aceptaron un acercamiento a Sendero Luminoso que quedó trunco por la captura y muerte de Mezzich. Este hecho coincidió con que las encuestas de opinión pública anunciaron que el candidato izquierdista Alfonso Barrantes tenía una importante intención de voto y podría ganar las elecciones municipales. El decaímiento de una opción con la muerte de Mezzich, coincidente con al alza electoral, orientó a la Izquierda Unida a condenar fuertemente a Sendero Luminoso en las primera planas de El Diario, como no lo había hecho antes, y a reafirmar su opción dentro del sistema electoral.

[Hacer click en las imágenes para ampliarlas.]

1. Terrorismo derechista.
En las primeras portadas del Diario de Marka, de 1980 y 1981, los atentados senderistas son calificados de terroristas y de derechistas. Son los años finales del gobierno militar de Morales Bermúdez cuando tres argentinos peronistas montoneros son secuestrados, torturados y muertos a manos de los militares argentinos. La percepción en la izquierda es que el terrorismo procede de la derecha. No se reconoce la realidad del movimiento subversivo en crecimiento.

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2. Guerrilla senderista
Posteriormente, principalmente en 1982, se evicencia que la insurgencia senderista no es ningún invento mediático de la derecha, sino que es un movimiento con cierto apoyo campesino. Los senderistas capturados comienzan a llenar las cárceles del país. Un comando senderista ataca el penal de Ayacucho logrando liberar a sus compañeros. Un grupo de policías enardecidos mata a acusados de senderistas en el hospital de Ayacucho. Entre ellos se encuentra Jimmy Wensjoe, un ciudadano peruano-estadounidense, hijo de un militar peruano y vinculado a grupos de “la nueva izquierda”. Este tipo de acciones hacen visible a un movimiento insurgente, las violaciones a los derechos humanos de parte de las fuerzas del orden y refutan que se trate de un movimiento terrorista de derecha, como se anunció inicialmente.

Más aún, la represión policial y el avance social y militar senderista despiertan una evidente simpatía en el Diario de Marka, organo de expresión de diversos grupos de izquierda, principalmente de aquellos que integraban la Izquierda Unida.

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3. La Izquierda Unida debate sobre la lucha armada
En 1982 el Diario de Marka abre sus páginas a un debate público entre los partidos de la Izquierda Unida que en general coinciden en rechazar la pertinencia de la lucha armada en la coyuntura de entonces, mas no rechazarla de principio.

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Y en 1982, también, el Diario de Marka continúa con su línea ambigua, de distancia de Sendero Luminoso, pero con una cobertura mediática muy favorable a este grupo insurgente:

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4. El viraje: reunión con Mezzich, captura de Mezzich y alza electoral de IU
Dese 1982 hasta mediados de 1983 las portadas y titulares de El Diario usan términos como “guerrilleros” para denominar a los senderistas. Evitan usar el termino “terrorista”. Usan el término “preso político” para calificar a los acusados de senderismo. Es más, El Diario había publicado en primera plana las fotos del funeral de Edith Lagos e incluso la arenga de Abimael Guzmán a sus cuadros antes de iniciar la lucha armada. Si algún medio informaba sobre el discurso y las acciones senderistas, éste era claramente el Diario de Marka. Gabriel Niezen Matos en “El Diario, un proyecto de comunicación popular” (Centro de Investigación en Comunicación, 1983) señala que dentro del Diario de Marka había acaloradas discusiones y una fuerte presión para informar más intensa y favorablemente sobre las acciones senderistas.

De ver nomás los titulares de El Diario, alguien podría pensar que el país vivía una etapa insurreccional: acciones subversivas “exitosas”, en una escala que no habían logrado las guerrillas de 1965, y avance por todo el país, apoyo campesino, aprobación al “diálogo con Sendero” en medio de una dura represión de parte de las fuerzas del estado sin ostensibles violaciones a los derechos humanos de parte de los insurgentes. Y efectivamente, alguna gente que se informaba sobre el país por este medio formaba su opinión y tomaba decisiones en base a estas imágenes. El Diario de Marka debe haber contribuído no sólo a la incorporación de jóvenes al senderismo, sino posteriormente al MRTA, como a la radicalización dentro de la Izquierda Unida.

Mezzich es detenido cuando se dirige a una reunión con los dirigentes de la Izquierda Unida. Repito los enlaces para los lectores interesados en este punto: “Los contactos con la izquierda y la captura de Mezzich”, ver aquí la fuente original en francés.

Una vez ocurrida esta captura, El Diario desarrolla una campaña de denuncia de varios días, que incluye las declaraciones de varias “personalidades”, que hace poco nomás fueron ministros de estado, solidarizándose con Mezzich.

Julio César Mezzich procedía de la “nueva izquierda”. Había participado en tomas de tierras en los años setentas en Andahuaylas. Se había, según palabras de Rodrigo Montoya, “campesinizado”. Siendo de origen urbano y de clase media privilegiada, se había asimilado social y culturalmente a las comunidades campesinas andahuaylinas y desde esa posición social había participado de un movimiento insurgente al alza. Se conocía a todos los dirigentes de izquierda, principalmente de la “nueva izquierda” antivelasquista, y tenía mucho ascendente sobre ellos. Lo admiraban. Más aún, no falta por ahí la tesis de que la influencia campesina que Sendero Luminoso tuvo se debe a la asimilación de Sendero del trabajo político campesino de la “nueva izquierda” y no al trabajo político de sectores senderistas más férreamente seguidores de Guzmán (A comienzos de los 1980s, Guzmán todavía no consolida su liderazgo absoluto, y al parecer dentro de Sendero Luminoso caben estos márgenes). Mezzich es admirado y tiene mucho sentido que tuviera capacidad de convocatoria a una reunión con los dirigentes de Izquierda Unida y que posteriormente a su captura despertara tanta preocupación y solidaridad.

Sin embargo, esta campaña aparentemente tan activa y consensual se esfuma totalmente a los pocos días, opacada por una noticia: el alza en las encuestas de Barrantes Lingán. Con este anuncio, el énfasis de El Diario de Marka cambia y se desplaza a la condena al terrorismo de parte del candidato izquierdista y a la campaña electoral, una condena que no existía en los titulares de hacía muy poco. Desaparece la campaña a favor de Mezzich y se acusa a Sendero de promover el golpe para impedir el triunfo electoral de Barrantes. Más aún, se deja en el aire la denuncia de la captura de Mezzich y queda como que todavía estuviera vivo.

Definitivamente, este es un punto de viraje en la Izquierda Unida.

Veamos la campaña a favor de Mezzich:

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HistoriaasesinatosUnalargahistoria

DiarioficialistaEldiarioMezzich7a

Ultimasacciones

Y como el énfasis de El Dario varía en la medida en que Barrantes pasa a primer lugar en intención de voto en las encuestas:

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Entonces, los términos de El Diario en relación a Sendero cambian y se regresa a la condena al terrorismo expresada en 1980: “Sendero busca el golpe, para impedir triunfo electoral de IU”, “Paz justiciera pide Barrantes, condenando al terrorismo”, “Atentados terroristas favorecen a opresores: IU”, “Acción senderista favorece al golpismo y la reacción”:

EldiarioGolpeaEldiarioBarrantesa

EldiarioterrorismoreaccionaaEldiarioterrorismoreacciona

Si en 1983 Barrantes no pasaba a primer lugar en las encuestas y finalmente ganaba las elecciones municipales limeñas, ¿habría realizado la IU esa condena tan rotunda a Sendero Luminoso, con el cual tuvo un documentado acercamiento? Los hechos son consistentes con una conducta de parte de la IU guiada por el avance relativo de la opción electoral por sobre la opción armada: el avance militar y social de Sendero Luminoso en 1982 atrae la atención de los dirigentes de la Izquierda Unida y los anima a un acercamiento a este grupo insurgente. Sin embargo, el avance electoral en 1983 atrae mucho más a estos dirigentes y los anima a seguir el camino contrario, de condena y distanciamiento de la insurgencia y de afirmación en las vias electorales. De ahí en adelante, los caminos de la IU y SL serían totalmente divergentes, quedando sepultada en el olvido la historia de este breve y acaso puntual acercamiento.

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Por - Publicado el 13-07-2014

Por Jorge Rendón Vásquez

A Alan García Pérez no le ha gustado la nueva Ley Universitaria. Su arcaico cañón verbal disparó contra la entidad creada para controlar la calidad de la formación universitaria, de la que dijo: “La superintendencia militar sobre las universidades es un remedio peor que la enfermedad”; “no pueden proponerse soluciones que signifiquen empeorar su situación y mucho menos ponerla bajo una bota o poder político”.

¿Podían él y sus cuatro representantes en el Congreso de la República haber propuesto alguna solución alternativa?

Nunca lo hicieron.

¿Estaban capacitados para hacerlo? Cuando Alan García fue Presidente de la República, los proyectos de ley y de decretos supremos no salían de él, ni de su Partido. Venían de ciertas consultoras, pasando por los ministerios y, si de normas de significación económica y contratos de obras públicas se trataba, debían contar con el visto bueno de los empresarios y los grupos empresariales interesados.

La Superintendencia de Educación Universitaria les cae a Alan García y a sus conmilitones enquistados en algunas universidades públicas y privadas como un fumigador en un campo asolado por alguna plaga de voraces insectos. Si alguna de esas universidades fuese un dechado de avance científico y tecnológico tendrían, tal vez, razón de protestar. Ninguna lo es. Al contrario: están en el otro extremo y temen por su vida.

El sistema universitario es un servicio público que corona la estructura de la formación profesional de cada país. Su tratamiento con la solvencia indispensable es asunto de especialistas académicos calificados.

¿Alan García Pérez lo es?

Las referencias en Internet sobre sus antecedentes universitarios, que verosímilmente él mismo ha proporcionado, son muy escuetas y difusas. Las resumo:

En 1967 (a los 18 años) ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde siguió Letras y Derecho. En 1971 se trasladó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde se recibió de abogado. En setiembre de 1972 viajó a Madrid y en la Universidad Complutense “defendió con éxito una tesis sobre Derecho Constitucional Comparado ante un tribunal del que era miembro el catedrático Manuel Fraga Iribarne, ex ministro de los gobiernos de Franco […] en 1973 continuó los estudios en la parisina Universidad de la Sorbona y se sacó un posgrado en Sociología” En otra biografía se dice: “En París, en la Escuela de Hautes Études Politiques obtiene su título en Sociología”.

Vayamos por partes.

1.— En 1967, Alan García ingresó a la Universidad Católica y en 1971 se trasladó a la Universidad de San Marcos. Por entonces, en la Facultad de Derecho de esta Universidad, yo tenía a mi cargo los cursos Derecho del Trabajo Individual y Colectivo y Derecho de la Seguridad Social en el turno de la noche que empezaba a las seis de la tarde. Alan García Pérez figuraba entre mis alumnos. Casi nunca asistió a mis clases y no dio los exámenes parciales ni el final, lo que hice constar en las actas. Años después me enteré que Alan García Pérez tenía nota en mis cursos. Averigüé. Se había hecho tomar indebidamente los exámenes con un profesor de simpatías apristas que dictaba en las mañanas. ¿Dio, en realidad, los exámenes? Ese profesor ha fallecido hace muchos años. Siempre he sido un profesor muy exigente y, por eso, no era muy popular entre los alumnos, aunque luego de recibirse muchos me lo agradecían cuando me encontraba con ellos. ¿Se recibió Alan García de abogado? En ese tiempo era obligatoria la tesis de bachillerato. ¿La hizo y la sustentó? El legajo personal de Alan García en los archivos de la Universidad de San Marcos desapareció en 1985, poco después de haber sido elegido Presidente de la República.

2.— Las biografías de Alan García dicen que en setiembre de 1972 fue a la Universidad Complutense de Madrid y que obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas. Esto tiene que haber sido entre ese mes y junio de 1973, último mes del año académico, porque en 1973, como se afirma, comenzó a estudiar en la Sorbona, donde el ciclo académico se iniciaba en octubre.

Según la normativa de la Universidad Complutense, los estudios doctorales comprendían en ese tiempo, dos años de estudios comprensivos presenciales y la elaboración de una tesis para la cual se requería un mínimo de dos años, al término de los cuales si el director de tesis estimaba que el trabajo reunía los requisitos de originalidad y suficiencia como investigación la administración académica le permitía al doctorando pasar a la sustentación ante un jurado de no menos de tres profesores.

A Alan García no le sale la cuenta. Si llegó a Madrid en setiembre de 1972, la sustentación de su tesis, si la hubiera hecho, debería haber tenido lugar en junio de 1976, el plazo más breve. ¿Siguió realmente los estudios doctorales en Madrid? Todo indica que no. Tampoco su nombre aparece en la relación de doctores recibidos en la Universidad Complutense, ni en aquellos años ni posteriormente (portal en internet de esta Universidad)[Ver imagen abajo]. Había en ella cursos de asistencia voluntaria en determinadas asignaturas que podían durar hasta un año académico y permitían obtener un certificado de asistencia, que, obviamente no era un diploma de maestría y menos de doctorado.

3.— Continuemos siguiendo esta pista. Según una biografía, en octubre de 1973, Alan García habría comenzado los estudios de Sociología en la Sorbona de París, y, según otra, en la École de Hautes Études Politiques, habiendo obtenido un título en Sociología. Esta École, cuya denominación era entonces École Pratique de Hautes Études, y la Sorbona eran y son dos entidades distintas y una no dependía de la otra. Para obtener la licenciatura en Sociología en Francia se debía haber hecho por aquellos años los cuatro del llamado pregrado en una universidad, después de lo cual el estudiante aprobado podía ingresar a una entidad para hacer los estudios de especialización de dos años. En la École Pratique de Hautes Études, se podía hacer los estudios de pregrado, pero no los de doctorado, para la que fue habilitada recién a partir de 1976. Para el doctorado se requería pasar cuatro ciclos semestrales y redactar y sustentar una tesis que tomaba de dos a cinco y más años. A quienes lo deseaban, por lo general estudiantes extranjeros con un título profesional, se les permitía concurrir a los cursos durante un año y se les entregaba un certificado de asistencia. ¿Fue Alan García uno de esos estudiantes libres? ¿Obtuvo el certificado de asistencia? Alguien recuerda haberlo visto haciendo cola en el restaurante de la École.

A pesar de no serlo, en Lima, sin embargo, Alan García se hace llamar “Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid”. Figura así en un aviso del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porras, del que es director gracias a la permisión (o la complicidad) del rector aprista de esta Universidad que le estaría pagando unos 50,000 soles mensuales por esa actividad y figuración, según se dijo en algunos diarios.

Para quienes no lo saben, los títulos y grados universitarios obtenidos en el extranjero adquieren validez en el Perú: a) haciéndolos legalizar sucesivamente en los ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores de los países cuyos centros de formación los han expedido, por el consulado peruano en esos países y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; y b) haciéndolos revalidar por la universidad nacional autorizada del Perú, y registrar hasta ahora en la Asamblea Nacional de Rectores y, en lo sucesivo, en la Superintendencia de Educación Superior Universitaria.

¿Alan García ha hecho legalizar y revalidar el grado y el título que dice haber conseguido en España y Francia?

Al parecer no. Y, entonces, ¿por qué es director del indicado instituto de la Universidad San Martín de Porres, engañando a los estudiantes que, dicho sea de paso, pagan, y bastante? ¿Tienen validez los cursos que dicta Alan García sin tener una maestría o un doctorado?

A algunos representantes al Congreso les están haciendo problemas por haber declarado en sus hojas de vida estudios secundarios y universitarios que no poseen. Alan García se va de alivio. Cree tener corona en esto, como pretende tenerla también en la investigación seguida por el Congreso de la República por los narcoindultos y otras travesuras venables de su autoría, de proporciones dantescas.

Alan García podría ponerse a derecho, exhibiendo ante el periodismo y la opinión pública los títulos y grados que se atribuye. Pero no es probable que lo haga.

Despotrica contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria sin ton ni son. Lo que se decantaría de este intríngulis de títulos presumiblemente apócrifos sería que el susodicho personaje estuvo en Francia, pero Francia no estuvo en él. Nunca se enteró de que el sistema universitario francés es nacional y forma parte de una estructura integral de educación y formación profesional y, como ocurre en los demás países europeos, está centralmente dirigido, y es altamente eficiente.

(14/7/2014)

***************
(1) Doctor bamba, en el Perú, persona que funge de doctor sin haber aprobado los cursos obligatorios, ni elaborado ni sustentado una tesis doctoral, unas veces comprando el diploma en algún antro del jirón Azángaro, en Lima, o en alguna otra parte, otras, por una resolución ilegal, y, otras, en fin, haciéndose llamar doctor.

U. Complutense doctores

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Por - Publicado el 12-06-2014

Por Jorge Rendón Vásquez

Cuando ingresé a la Secundaria, en el Colegio Nacional de la Independencia, en la Arequipa de 1944, José Carlos Mariátegui era ya un mito. Unas semanas después, el hermano menor de mi madre, un estudiante de derecho fascinado por alguna musa de la poesía épica, me permitió tomar de su biblioteca el libro “Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana”. Mientras me deslizaba por sus páginas de prosa limpia y elocuente pude vislumbrar, entonces, más intuitiva que racionalmente, la sustancia de la que estábamos hechos los habitantes de la Calle Nueva donde yo vivía: obreros, artesanos, empleados, ínfimos comerciantes y policías, casi todos mestizos; mujeres que iban al Mercado de San Camilo a abastecerse; y niños y jóvenes que asistían a las escuelas públicas, al Colegio de la Independencia y, uno que otro, a la universidad.

Muchos años después quise saber cómo habían sido los primeros años de José Carlos Mariátegui a quien mis amigos y yo veíamos como un maestro joven, de mirada inteligente y afable, y presto a responder nuestras preguntas con una erudición nada presuntuosa. Nadie pudo darme esta información hasta que 1975 apareció el primer tomo de su biografía (“La creación heroica de José Carlos Mariátegui”, Lima, Editorial Arica) debida a la acuciosa y exacta pluma de Guillermo Rouillón, otro amigo que trabajaba en la Biblioteca de la Universidad de San Marcos.

José Carlos Mariátegui La Chira nació el 14 de junio de 1894 (hace ciento veinte años). Su infancia fue por demás mísera, penosa y angustiante. Y, sin embargo, su genio precoz la convirtió en un paseo maravilloso de la imaginación.

A los veintidós años, Amalia La Chira Ballejos, su madre, hija de un talabartero piurano avecindado en Sayán, fue enamorada por su padre, Francisco Javier Mariátegui y Requejo, sobrino de Foción Mariátegui y Palacio, cuya esposa era propietaria de la hacienda Andahuasi, productora de azúcar, adonde Francisco Javier había ido a trabajar como empleado de confianza. Embarazada Amalia, Francisco Javier se desentendió de su responsabilidad. Pasó el tiempo y nació una niña que murió poco después. En su lecho de agonía, el padre de Amalia le llamó la atención, y Francisco Javier tuvo que casarse con Amalia el 1 de mayo de 1882. Se equivocó, no obstante, al consignar sus datos personales. Dijo llamarse Francisco Eduardo, tener veinticuatro años cuando ya tenía treinta y tres, ser hijo de Rosa Zapata y haber nacido en Macao. Dos meses después nació un hijo que murió, y luego una hija que también murió. En 1883, Francisco Javier abandonó el hogar conyugal para irse a la provincia de Santa, según dijo, dejando embarazada a Amalia. El niño concebido murió unos meses después. Siguió una reconciliación fugaz de Francisco Javier y Amalia, de la cual nació la niña Guillermina el 29 de diciembre de 1885. Francisco Javier se ausentó de nuevo hasta 1893, cuando Amalia vivía en Huacho, ayudando a su hermano Juan La Chira en la talabartería de éste y trabajando como costurera. De esta nueva reunión, Amalia resultó embarazada. Comprendiendo su difícil situación, una joven, amiga y clienta, de apellido Chocano, la convenció para que la acompañara a Moquegua.

El niño que allí nació fue José Carlos Mariátegui La Chira, en cuya partida de nacimiento su madre se hizo registrar como viuda de Mariátegui, sin indicar los datos del padre. Algunos meses después, Amalia retornó a Lima con su bebé. Y, entonces, Francisco Javier reapareció y hubo otra reconciliación y un nuevo niño, Juan Clímaco Julio, nacido el 9 de diciembre de 1895. Después de esto, Francisco Javier se iba de la casa y volvía, hasta que un día desapareció para siempre. José Carlos no lo conoció, y nunca le debió ni un pan, ni una caricia, ni una palabra.

Amalia continuó alternando su trabajo de costurera con el de trabajadora del hogar. Es de suponer que la comida de la casa debía de ser en extremo magra, y sus consecuencias fueron desastrosas para José Carlos. Cuando tuvo seis años, su debilidad lo postró y Amalia viajó a Huacho con sus tres hijos, donde podía contar con el auxilio de su hermano Juan. Allí puso a José Carlos en la escuela, en la que sólo pudo estar el primero y segundo de primaria. Cuando comenzaba el tercero, un niño apellidado Marcenaro le propinó un golpe en la rodilla, causándole una herida de la cual no pudieron curarlo y que dio lugar al traslado de Amalia y sus hijos a Lima. Gracias a la amistad de una clienta, José Carlos fue internado en la Clínica Maison de Santé en la que estuvo internado tres meses y medio. El diagnóstico fue tuberculosis ósea. Lo operaron, dejándole como secuela una cojera permanente. Devuelto a su casa, permaneció dos años sin poder moverse. Amalia vivía en ese momento en dos habitaciones de una vieja casa situada en lo que es ahora la quinta cuadra del jirón Moquegua.

José Carlos ya no retornó a la escuela. Pero no se resignó a la inercia intelectual. Leía todo lo que caía en sus manos: periódicos, revistas y algunos libros que su padre había dejado en la casa, pertenecientes a su bisabuelo. Él debía ocuparse del hogar: ir de compras al mercado de la Aurora, en el jirón Cañete, preparar la comida y asear la casa, mientras su madre salía a trabajar. La comida seguía siendo escasa, y su debilidad y delgadez no remitían.

A los catorce años conoció en el barrio al obrero del diario La Prensa, Juan Manuel Campos, de algo más de veinte años, quien, advirtiendo su paupérrima situación y aislamiento, le propuso a Amalia llevarlo a trabajar con él. José Carlos se entusiasmó y Amalia dio su consentimiento.

El cambio fue para José Carlos revolucionario. Le abrió la puerta hacia la liberación de las brumas de la religión y la soledad que no habían podido ahogarlo en la desesperanza. Aunque afectado por la cojera, su cuerpo delgado se movía con celeridad cumpliendo sus deberes en la imprenta y haciendo los mandados fuera de ella con tesón e iniciativa. Sus posibilidades de lectura se incrementaron con los despachos de los cronistas y de las agencias de noticias, y con los diarios y revistas. Convencido Juan Carlos Campos de que José Carlos era un chico excepcional, lo inició en el manejo del linotipo y lo incorporó a las tertulias con los otros obreros de la imprenta, la mayor parte de los cuales eran anarcosindicalistas. Poco después, Campos lo llevó a la casa de Manuel Gonzales Prada, director teórico del anarquismo en Lima, a quien José Carlos ya había leído y le había hecho un poema. Gonzales Prada le presentó a su hijo Alfredo, unos tres años mayor que José Carlos, con el que se hicieron amigos en seguida. Alfredo le abrió la biblioteca de su padre, una de las más completas de Lima en economía, política y literatura, y el mundo de la lectura se le extendió a José Carlos como un nuevo y maravilloso país.

Dos años después, José Carlos fue elevado a la jerarquía de cronista en el diario. Tenía ya dieciséis años. Su talento se expandía. Leía además en francés, lengua con la que había tomado contacto en la Maison de Santé con las monjas francesas que lo atendían y con las revistas de modas que su madre traía de algunas casas en las que trabajaba. Comenzó a escribir poesía y a firmar sus artículos con el seudónimo Juan Croniqueur que se popularizó, aunque nadie supiera quién era.

Con su sueldo la situación económica de su hogar mejoró. Buscó una casa con más comodidades y la halló en la segunda cuadra del jirón Rufino Torrico, y allí se trasladó con su madre y su hermano menor.

A los diecisiete años, la fisonomía de José Carlos presentaba las líneas de los La Chira que sus fotografías han inmortalizado: mirada penetrante que parecía verlo todo y hasta el interior de las personas, labios delgados, cabellera negra, frente regular, nariz afilada y perfil de contorno delicado. Vestía trajes oscuros, camisa y corbata de lazo.

Se había convertido en uno de los intelectuales más destacados del Perú y en un escritor de prosa elegante, profunda y bien fundamentada.

De la influencia de las luchas obreras sobre José Carlos en la década del diez ha dado cuenta César Lévano en su artículo “Mariátegui o la estrategia de masas”, publicado en el libro “7 ensayos: cincuenta años en la historia” (Lima, Biblioteca Amauta, 1981). La revolución rusa de octubre de 1917 fue para él como un relámpago en el claroscuro de la historia y le mostró el camino hacia el socialismo.

Su doctorado de autodidacta lo hizo en los tres años y medio que vivió en Europa a partir de noviembre de 1919. No perdió ni un día, leyendo, investigando, entrevistando, observando la realidad que tenía ante sí y escribiendo. Había partido de Lima como un literato. Volvía para realizarse como uno de los más grandes ideólogos de América Latina.

La vocación revolucionaria de José Carlos Mariátegui La Chira, su excepcional visión de la realidad social, su propósito de contribuir a la creación del socialismo en nuestro país, su acción teórica y práctica por los trabajadores resultan de la confluencia de su infancia y su juventud, de su talento extraordinario y de su pertinaz dedicación a la lectura, el estudio y la escritura.

Fue un trabajador, hijo de una trabajadora, tal vez como usted.
(12/6/2014)

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Por - Publicado el 25-05-2014

1. El regreso del análisis de insumo-producto
Hasta los años ochentas una de las características consensuales de la economía peruana era su desarticulación sectorial. El análisis de insumo-producto propuesto por Leontieff y las tablas de insumo-producto (TIP) estimadas por el Instituto Nacional de Planificación (INP) eran claras en dar este mensaje. En el Perú había clusters industriales con pocos eslabonamientos entre sí.

Este análisis no despertaba mucho entusiasmo entre los economistas más neoliberales. Lo miraban por encima del hombro como un enfoque rígido, de coeficientes fijos, sin variaciones de precios y sobre todo como un enfoque propio de una visión económica basada en la planificación más que en la acción del mercado. Acaso estos sectores desconocían que la planificación económica llegó al Perú como parte de un paquete de reformas desarrollistas impulsadas por los Estados Unidos, como parte de la guerra fría. Ver 1962: Los orígenes americanos de la planificación económica en el Perú

Sin embargo, en los años noventas todo cambia. Resulta que la economía peruana presenta una mayor articulación sectorial. Los economistas neoliberales son ya muy vocales en apreciar el análisis de insumo-producto. Por más críticas que le tienen, acaban por usarlo. Ya no es el INP, sino el INEI la institución encargada del cálculo de estas tablas.

¿Qué ha ocurrido?

Pues que ante la inocultablemente pequeña creación de empleo de parte de las actividades extractivas, principamente la minería, hay la necesidad de afirmar una enorme creación de empleo indirecto de parte de estas actividades. Las consultorías de APOYO, IPE, Macroconsult, etc. se llenan de estimaciones de altísimos efectos indirectos de creación de empleo por la minería. Los avisos pagados de las organizaciones empresariales cacarean a los cuatro vientos la gran creación de empleo indirecto de parte de la minería.1

Hasta ahora se escuchan voces mediáticas altisonantes, destacando el gran efecto de arrastre de la minería en toda la actividad económica en el Perú.

2. La propaganda megaminera
En julio de 2011 veíamos este simpático aviso pagado por la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo:

Centrémonos en este detalle.

Nanocuatroempleos

“El comedor de la minera le compra quesos a Ana. Ana contrata más ayudantes, compra más leche….”.2

“Por cada empleo que da la minería al toque se crean cuatro empleos indirectos en su propia región.

Es decir tenemos un multiplicador de empleo de cuatro “en la propia región”. Se deja abierta la posibilidad de que haya una mayor creación de empleo en otras regiones.

Otro material de divulgación, de menor difusión, es la siguiente presentación del IPE:

IPEempleoindirecto
Presentación de Miguel Palomino del Instituto Peruano (IPE), septiembre de 2012.

Aquí se dice que el multiplicador sería de más del doble del dicho por el anuncio anterior, nueve, además de ser mucho mayor que multiplicador en el agro.

Hace algunos días también leíamos cosas como esta: El sector minero empuja al PBI pero no al empleo. Para nada era la minería la actividad económica que más empleo generaba:

“Los sectores que más generan empleo son (en orden) servicios, comercio y manufactura. Mientras que los que menos demandan mano de obra son minería, pesca y energía”, detalló [Jorge González] Izquierdo.

Y más recientemente aún, el fundador del IPE repitió públicamente lo que afirmó su colega del IPE hace dos años, que por cada empleo la minería crea nueve empleos indirectos, mientras que el agro sólo crea 1/6:

Durante su exposición en el XI Simposium del Oro y la Plata, Abusada aseguró que la minería sí ayuda a generar empleo en el país, contrariamente a lo que opinan sus críticos.

El economista explicó que por cada puesto de trabajo directo que se da en la minería, se crean nueve empleos indirectos. Cifras muy superiores a las que se observa en el agro, donde se necesitan seis empleos directos para crear un empleo indirecto.
IPE: En Perú se detuvo proyectos mineros por US$8,000 millones

Se vienen manejando diversas cifras con afán propagandístico y lobbista, pero ¿qué sabemos en realidad sobre la creación de empleo indirecto por la minería?

¿Cuán fiables son estos números?

3. 1950s-1980s: bajo arrastre de las actividades extractivas
La primera tabla de insumo-producto para la economía peruana data de 1955 y fue elaborada por la CEPAL en colaboración con el Banco Central de Reserva. fue publicada fue en 1959, como un documento de la CEPAL. La siguiente tabla data de 1963 y estuvo basada en el I Censo Económico Nacional. Fue publicada en 1968 por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de San Marcos y realizada por esta institución en colaboración con el Banco Central de Reserva, la Dirección General de Censos y Estadísticas , el Instituto Nacional de Planificación, el Instituto Nacional de Promoción Industrial y la Misión de la Universidad del Estado de Iowa-USAID.

Jorge Torres Zorrilla en “Estructura Económica De La Industria En El Perú” de 1975 encuentra una “interdependencia significativa entre los sectores productivos” debido al procedo de industrialización por sustitución de importaciones. Las industrias extractivas a medida que se da el proceso de desarrollo van requiriendo un mayor eslabonamiento con las industrias manufactureras. Torres se refiere a una “estructura bloque triangular, lo que indicaba una casi completa interdependencia de los sectores en cada bloque mientras que entre bloques existe una interdependencia más bien jerárquica”. Efectivamente, Torres habla de diversos “complejos industriales” como el “complejo minero-metalmecánico”, que se caracteriza por tener a una minería que provee de insumos a la siderurgia, metalurgia, fabricación de productos metálicos, maquinaria eléctrica y no eléctrica, material de transporte. La producción de estas industrias estaba destinada el consumo interno o a la exportación.

El mensaje de Torres resaltaba así una cierta interdependencia inter-sectorial al menos en subconjuntos industriales de la economía peruana. A mayor grado de desagregación, sin embargo, predominaba la desconexión inter-sectorial y unos bajos efectos indirectos, principalmente en los sectores primarios.

4. Año 1998, TIP de 1990: el multiplicador es 4
El mismo Jorge Torres Zorrilla en Eslabonamientos y multiplicadores de la economía peruana de 1998, en base a las TIP de 1990 aportaba el siguiente cálculo de multiplicadores de empleo de los diversos sectores económicos. Notemos el multiplicador de la minería:

Torresmineria397

Alrededor de cuatro, un mutiplicador bajito, si se lo compara nomás con los que hemos destacado. El lector intersado puede ver todo el cuadro en el enlace. Es un multiplicador muy parecido al del agro.

Este número estaba en línea con las siguientes declaraciones de la Sociedad de Minería:

“De acuerdo con las estadísticas de la Sociedad de Minería, el sector minero provee empleo directo solamente a unas 51 mil personas, pero el impacto sobre el empleo directo e indirecto alcanza a 255 mil personas. Si adicionalmente se consideran los dependientes familiares (995 mil personas), se estima que 1.25 millones de personas son económicamente dependientes de la minería (Flury, 1999)”.

Una estrategia de desarrollo basada en recursos naturales: análisis cluster del complejo de cobre de la Southern Perú Jorge Torres-Zorrilla
Enero 2000

En este trabajo era evidente la simpatía de Torres con la megaminería transnacional a diferencia de lo que planteaba en su trabajo de 1975, más cuestionador de los grupos de poder y las transnacionales extractivas.

5. Año 2001, TIP de 1994: el multiplicador es 9
En marzo de 2001 el INEI publica los Mutiplicadores de la Economía Peruana en base a la Tabla de Insumo Producto de 1994. Un cuadro muy similar al publicado por Torres en 1998 es el siguiente:

INEI2001

Como se aprecia en una rápida inspección, los números cambian sustancialmente, sin un patrón claro. Ahora la minería tiene un mutiplicador de 9.581, casi 10, mientras el agro tiene uno de 1.582, casi 2.

Esta impresión puede ser corroborada numéricamente, pues se trata de exactamente los mismos sectores industriales que los analizados por Torres en el trabajo citado.

Multiplica9094

Se ve que hay una correlación muy baja entre los mutiplicadores para 1994 y para 1990, con cierta tendencia negativa: los mutiplicadores bajos aumentan y los multiplicadores altos se reducen. Se esperaría más bien una alta correlación positiva, que los multiplicadores bajos sigan bajos y los altos sigan altos, lo cual sugeriría persistencia. Si bien se trató de un periodo de grandes cambios en el país, difícilmente una economía cambia tan radicalmente en sólo cuatro años. Uno números tan inestables invitan a ser tomados con pinzas y no como datos totalmente creíbles.

6. Año 2011, TIP de 2007: el multiplicador es 8
Según el documento Ceplan: Teoría y Aplicaciones de la Tabla de Insumo-Producto a la Planeación Estratégica de Víctor Palomino y Julio Pérez, del año 2011, el multiplicador de empleo indirecto de la minería es 8:

CEplan2007

Aparentemente el multiplicador es menor que el visto para 1994. Sin embargo, la agrupación sectorial de estos autores nocoincide con la de Torres para la TIP de 1990 y el INEI para la TIP de 1994, por lo que no es evidente hacer una comparación entre multiplicadores de sectores para diferentes años.

7. 2014: una comparación entre las TIPs de 2007 y 1994
José I. Távara, Efraín González de Olarte y Juan Manuel Del Pozo en Heterogeneidad estructural y articulación productiva en el Perú:
evolución y estrategias
, trabajo de 2014, sostienen que entre 1994 y 2007 en el Perú se produjo una desarticulación productiva: los efectos intra-sectoriales se redujeron en la mayoría de industrias. Estos autores se refieren a los coeficientes de producción e importaciones, no a los de empleo, pues sostienen que sus cálculos no son confiables:

De acuerdo con la explicación ofrecida por José Robles Franco, Director de Cuentas Nacionales del INEI, la estimación del empleo que se registra en el cuadro de insumo-producto 2007 es más rigurosa y exhaustiva que la realizada en 1994. Es decir, en términos comparativos, las cifras registradas en el cuadro de insumo-producto 1994 en realidad subestiman el empleo sectorial. Esto implica que las mediciones de la productividad sectorial a partir de dicho cuadro sobreestiman esa productividad. De hecho, la comparación de productividades sectoriales entre 1994 y 2007 arroja resultados inconsistentes.

Hay problemas de datos, por lo que los autores no se animan a calcular multiplicadores de empleo.

Sin embargo, si hacen una comparación de otros multiplicadores, como los de producción, importaciones y valor agregado:

EgoTaDelPo2014

Se aprecia, en particular para la minería, una ligera reducción de los multiplicadores de producción y valor agregado, coincidentes con un fuerte aumento de los multiplicadores de importaciones. Aunque habría que hacer el cálculo aparte, estos tres cambios están en línea con una reducción del multiplicador de empleo indirecto.

8. Carnaval de multiplicadores de empleo
Veamos tres consultorías de tres organizaciones pro-empresariales.

APOYO en este trabajo de septiembre de 2007 para el IFC, co-propietario de Yanacocha calcula los empleos totales no sólo incluyendo a los empleados por minera Yanacocha, sino incluyendo a los contratistas. Una vez calculado este total para el periodo de 1995 a 2006, lo multiplica por 9.58, que es el multiplicador del INEI para 1994:
ApoyoYanacocha

Macroconsult, en este trabajo para la SNMPE de junio de 2012, para la serie de 2000 a 2011 utiliza un multiplicador de 4, recurriendo a la TIP del INEI de 2007.

MacroconsultSNMPE

El IPE en este trabajo para la SNMPE de agosto de 2012 recurre a un multiplicador de empleo de 9, en base a la TIP del INEI de 2007. Más aún, se dice lo siguiente:

El aumento de los encadenamientos de la minería se refleja claramente en el hecho que, en 1994, cada empleo generado en la minería generaba a su vez cuatro empleos adicionales en el resto de la economía mientas que, como se indicó antes, en el 2007 esta cifra se elevó a nueve empleos adicionales por empleo en la minería.

IPESNMPE

Es decir, de 117,839 empleos mineros se crearían 1’162,742 empleos totales. Un gran efecto de creacion de empleo. Contrariamente a las evidencias de un menor efecto multiplicador de empleo de 1994 a 2007, el IPE en base a sus propios cáculos asegura que el efecto es mayor, más del doble.

Tenemos pues una gran variedad de multiplicadores: Apoyo usa 9 en base a la TIP de 1994, Macroconsult usa 4 en base a la TIP de 2007 y el IPE usa 9 en base a la TIP de 2007 (asegurando que el multiplicador de 1994 es 4).

9. Mutiplicadores dudosos y la necesidad de más y mejor investigación
¿Cómo puede ser que si el INEI reporta un multiplicador de 9 para 1994, el IPE venga a decir que éste es 4? ¿La cifra del INEI es equivocada y el IPE calculó una cifra más acertada? ¿No hay debate al respecto?

¿Cómo puede ser que Macroconsult reporte un multiplicador de 4 y el IPE uno de 9, ambos usando la TIP de 2007 y ambos de consultores de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo? ¿Cuál es el número correcto? ¿No lo debaten entre sí porque a sus contratadores mineros les da igual mientras coincidan en justificar grandes efectos indirectos de empleo, que acaso no estén muy claros?

¿Cómo así González et al. en el trabajo citado encuentran una ligera reducción del efecto multiplicador de la minería mientras que el IPE encuentra que éste se duplica? ¿No hay debate al respecto? ¿Los académicos ven una mayor desconexión intersectorial y los consultores de empresas ven lo contrario? ¿A quién creerle?

Mientras no exista un verdadero debate que esclarezca estas preguntas, bien haría la ciudadanía en tomar con desconfianza los numeritos que vienen propagandizando los grandes empresarios megamineros.

Las nuevas generaciones de economistas tienen ante sí la tarea de investigar mucho más este asunto, que es tratado con mucha ligereza y poca rigurosidad científica, con más ganas de justificar políticas a favor de grupos de interés que conocer la realidad. Muchas consultorías y pocas investigaciones que hagan una mínima revisión bibliográfica que aclare cuál es el estado de la cuestión. Ojalá que el presente post aporte un esbozo de lo que tendría que ser una investigación mayor.

  1. Este cambio en la visión de la economía vino acompañado de un cambio en la visión de la historia: la minería dejaba de ser vista como un enclave, para ser vista como una actividad de gran arrastre y capacidad de transformación del mundo rural. El enclave estaba en la extracción de petróleo, no de mineral. Ver Carlos Contreras y Marcos Cueto (2008), p. 210. []
  2. La verdad es que los comedores de las mineras tienden a trabajar con grandes empresas tipo Sodexo, no con pequeños concesionarios que le vayan a comprar los quesos de Ana. []
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