Gran Combo Club

Programa No 22: ineficacia antisubversiva y campañas mediáticas gubernamentales

1. Ineficacia en lucha antisubversiva y campañas mediáticas gubernamentales.
2. Muerte de la vida marina en el norte del Perú.
3. Intelectuales ultraderechistas al acecho de la Universidad Católica.

El cubil de Ball

Benetech es la organización privada de derechos humanos de Patrick Ball, el autor del trabajo cuantitativo de la CVR del Perú. La apoyan y financian diversas fundaciones, como la OSI – Open Society Institute de George Soros, pero también, la National Endowment for Democracy, y el U.S. Department of State, es decir, el gobierno de los EEUU. Tiene como «socios estratégicos» a diversas CVRs en el mundo, incluyendo a la CVR del Perú, como a la «Freedom House» y al ICTJ, entre otras organizaciones. Verlo aquí, o sus partners y funders, aquí. Es una compañía cuyo principal cliente es el estado, o mejor dicho, los estados del mundo que organizan CVRs, en particular el estado de los Estados Unidos, que suele apoyarlas económicamente.

La tecnificada organización de Patrick Ball maneja los datos de violaciones de derechos humanos en varios países, como en Afganistán (paga USAID, ver aquí). Hasta ha desarrollado su software, Martus, para manejar datos de DDHH, aquí, con apoyo financiero de Soros, entre otras fuentes (incluído el gobierno de los Estados Unidos), ver aquí y aquí. Supuestamente el programa Martus se usa en el Perú, aquí:

Benetech, empresa que le entra a hacer lobby en Washington, aboga por un enfoque de derechos humanos tecnificados y con una importante participación corporativa y estatal (de los EEUU en particular), aquí. Ver también aquí.

No estamos ante un trabajo de derechos humanos independiente de los gobiernos. Estamos ante un trabajo de derechos humanos muy vinculado a (y producido por) intereses corporativos y gubernamentales, en total sintonía con la agenda de las agencias gubernamentales estadounidenses, como el Departamento de Estado y sus organismos generados, tipo la National Endowment for Democracy. No es de sorprenderse que los trabajos cuantitativos hechos por estas organizaciones refuercen las narrativas oficiales del gobierno de los Estados Unidos sobre los diversos conflictos ocurridos en el mundo: las responsabilidades e intervenciones de los Estados Unidos nunca quedan expuestas y su política exterior siempre queda aprobada, como ya vimos en este post CVR: del Perú a Iraq:

Un país interviene en otro país, directamente invadiéndolo con tropas o por lo bajo apoyando (reforzando, presionando, armando) a los poderes locales. No puede dejar las evidencias de su intervención por todos lados. Tiene que limpiar, borrar las huellas y hacer lo que pueda por minimizar lo sistemático de sus violaciones a los derechos humanos. Para eso le es conveniente tener presencia en las organizaciones que investigan estas violaciones y más aún, impulsar estas investigaciones, establecerles criterios, sentar precedentes, ponerles márgenes, darles metodologías que se repitan en todo el mundo. Esa es la baja-policía que va con su bolsita y hace la limpieza del trabajo sucio.

En vez de haber violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las investigaciones arrojan “convicciones absolutas de que no hubo violaciones sistemáticas” y “convicciones relativas de violaciones aisladas”, violaciones “en algunos momentos y en algunos lugares”, responsabilidades volteadas por ubicuos “expertos”, minimización de responsabilidades de gobernantes afines y perfil alto a violaciones de gobernantes adversos, etc. Y desde luego lo que sea participación directa en forma de instigación, injerencia en adiestramiento, en torturas, en escuadrones de la muerte, en provisión de armas, en esterilizaciones forzadas, etc. queda convenientemente excluído de las investigaciones. Nunca hay suficiente material para esclarecer estos cruciales aspectos. Se oculta lo indefendible y se defiende lo inocultable.

La expropiación de las acciones de REPSOL en la empresa YPF argentina

Por Jorge Rendón Vásquez

El 18 de abril de 2012, la Presidenta de la República, Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, envío al Congreso de su país un proyecto de ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF, que detenta la empresa española REPSOL. YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) era una empresa estatal hasta que fue privatizada por el presidente peronista Carlos Saúl Menem en 1992. En 1999, REPSOL adquirió ese porcentaje de acciones. El compromiso de REPSOL era reinvertir sus utilidades en Argentina. No quiso honrarlo. Al contrario, se llevó más de treinta mil millones de dólares.

El Senado ya aprobó la ley de expropiación. La Cámara de Diputados lo hizo el miércoles 3 de mayo. Por lo tanto, el Estado argentino debe entrar en posesión de ese 51% de las acciones, con lo cual tomará el comando de YPF.

Aunque REPSOL y el Partido Popular de España, encabezado por el Primer Ministro Mariano Rajoy, han amenazado a Argentina con los jinetes del Apocalipsis por esta expropiación, calificada de ilegal por ellos, su legitimidad está fuera de duda. La Constitución argentina dispone: “La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada” (art. 17º). No es ésta una norma privativa de Argentina. Todos los Estados la tienen en sus constituciones, como expresiones de soberanía nacional. España también la registra en su Constitución en los términos siguientes: procede la expropiación “por causa justificada de utilidad pública o de interés social mediante la correspondiente indemnización” (art. 33º-3). A los accionistas españoles y a sus mandatarios en el gobierno se les podría decir: por qué tantos saltos si el suelo está parejo. Sabían, además, cuando adquirieron las acciones, que la expropiación es un riesgo que podía llegar.

Como no se trata de una expropiación de la empresa YPF, no hay activos ni pasivos que valorizar. Las acciones expropiadas tendrán que ser valorizadas al precio que tengan cuando se opere su transferencia. No antes, porque la expropiación se cumple recién cuando se realiza la previa indemnización. REPSOL ya habla de que valen diez mil millones de dólares; en todo caso, pueden haber valido esa suma antes de anunciarse el proyecto de ley de expropiación. Se estima que el justiprecio podría andar por unos tres mil millones de dólares o menos.

Esta expropiación, que despierta la satisfacción de las mayorías sociales de América Latina, ha enfurecido a los incondicionales del neoliberalismo y de las privatizaciones, para quienes el capítulo siguiente será el horror de la evacuación de los capitales y otras fantasías. Se dirigían a los argentinos, a ver si se asustaban y, como un reflejo, a sus legisladores para inhibirlos de votar a favor de la expropiación; pero apuntaban también a los demás pueblos de América Latina para desalentarlos de hacer lo mismo, ahora que el término expropiación deja de ser la mala palabra, puesta en el índex por los neoliberales. Hasta nuestro “marqués”, como obediente vasallo de los señores que le dieron ese título, se tiró al ruedo, para combatir la expropiación argentina, dando curso a su manera profesional y remunerada de alzarse como un resorte cada vez que los centros del poder capitalista lo convocan para anatematizar las medidas económicas, sociales y políticas que los incomodan.

Y a todo esto, ¿cómo votó el actual senador Menem o lo que queda de él? Con mucha frescura, por la expropiación, como cuando emprendió la privatización. Se justificó diciendo que los vientos han cambiado de dirección.

Crecimiento de la economía con estancamiento de los salarios

El gobierno ha anunciado que se inicia el proceso de aumentar el salario mínimo. No faltan economistas y periodistas que repiten los argumentos de la CONFIEP, confederación de los grandes empresarios, que predicen grandes perjuicios para la población peruana por esta medida.

Lo real es que los salarios mínimos están estancados por más de una década:

Así también ocurre con los salarios promedio:

Si los salarios están estancados y el producto per cápita crece, y fuertemente, ¿a quienes va crecimiento económico? Si lo salarios no suben, no es porque no hay más producto que pueda ser repartido entre los factores de producción.

P.S. Desde luego que no es la primera vez que formulo esta pregunta, ver ¿Cinco veces?, Los cinco mitos de Althaus, Perú: ¿a dónde va el crecimiento?. El presente post no hace sino actualizar los gráficos hasta el 2010. El lector interesado los puede ver aquí, la fuente es la CEPAL.

Grandes cambios sociales con pequeños cambios legales e institucionales

Con pequeños cambios legales e institucionales se pueden hacer grandes cambios sociales, si hay claridad de pensamiento y una verdadera voluntad política.1

• No se necesita una nueva y gigante ley del trabajo: sólo cambiar algunos artículos que hoy perjudican a los trabajadores.
• No se necesita una nueva constitución: sólo modificar algunos artículos que hoy impiden un rol más activo del estado.
• No se necesita una nueva «reforma del estado»: sólo algunos cambios legales e institucionales que revitalicen al aparato estatal y lo hagan trabajar para los intereses de las mayorías.

Las derechas entendieron muy bien este principio y cuando pudieron, desde el fujimorismo en adelante (pasando por el paniagüismo, toledismo, alanismo, y ahora el humalismo) lograron hacerse de concesiones puntuales pero estratégicas, que materializaron en poder contante y sonante. Las izquierdas, en cambio, se dejaron mecer con las grandes agendas gaseosas y palabreras sin repercusión social práctica en beneficio concreto para las grandes mayorías. Un gran desequilibrio que ha producido un crecimiento totalmente sesgado hacia los ricos.

Toca cambiar esta situación y concentrar las fuerzas en puntos específicos y estratégicos. La presión que ejerce en un punto un pulgar aplicado sobre la base de una tachuela o chinche puede ser más alta que la que ejerce una montaña sobre su base.

1. La idea central del presente post proviene de Jorge Rendón Vásquez, ver Ley General del Trabajo: otro “Milagro en Milán”. [↩]

El derechoconfuso de buenos reflejos

El director de Diario 16 anda últimamente en crisis identitaria, derechoconfuso, palteado, haciendo catarsis en sus columnas. Sin embargo, sus reflejos derechistas gozan de muy buena salud:

Cuando ingresé a la universidad en el año 79, en plena guerra fría en el planeta y en los estertores de la dictadura militar en el Perú, ¿qué defendía la derecha en términos políticos? La libertad, la democracia, los derechos humanos. ¿Qué defendía la izquierda? La dictadura, la supresión de los derechos civiles, etc.
Los falsos evangelistas peruanos del liberalismo

Cómo tergiversan la historia. En el año 79 la izquierda estaba en las calles luchando contra Morales Bermúdez. 5000 dirigentes sindicales fueron despedidos por el paro de junio de 1977. Nunca fueron repuestos, ante el beneplácito de los grandes empresarios. Morales Bermúdez gobernaba claramente para las derechas. La suspensión de los derechos civiles, los toques de queda, eran para reprimir la protesta popular dirigida por la izquierda. En la Católica Tafur pertenecía a un grupo ultraderechista, excluyente, resentido por los cambios sociales de los setentas. Querían que el Perú vuelva a ser gobernado por ellos, los que siempre lo gobernaron. Finalmente lo consiguieron.

Ahora va de «liberal» y hasta «de izquierda», pero ¿no fue este el editorialista que dijo que «cambiar de modelo económico era traición a la patria», aquí? ¿No es este el periodista que descalifica sistemáticamente la protesta contra Conga, aquí? Allá quienes le crean.

Programa No 21: crisis de gobernabilidad

1. Siguen las muertes por conflictos sociales: otra vez bala en la cabeza.
2. Conga: chantajes transnacionales y criminalización nacional.
3. Gobierno en capilla: ¿reacomodo a la vista?
4. Grandes cambios sociales con pequeños cambios legales e institucionales.

Las otras preguntas de Apoyo

La formulación de una pregunta en una encuesta es crucial en determinar los resultados. La empresa Apoyo ya nos tiene acostumbrados a lo que se ha dado en llamar «pastoreo semántico», ver Apoyo con el golpe, y desde luego a formas más burdas de manipulación, como quedó claro en las últimas elecciones, ver Campaña disfrazada de análisis. La última encuesta de Apoyo, que puede verse en este enlace, tiene varias perlas. Aquí presentamos dos de ellas. Que los lectores saquen sus conclusiones.

Apoyo acota la motivación de los políticos de oposición a que tengan «intereses políticos». Solamente pregunta sobre esos políticos, contraponiendo el interés político a la preocupación real:

¿Qué resultados se habrían obtenido aplicando la misma pregunta a otros políticos, funcionarios públicos y periodistas?

Apoyo hace una pregunta con tarjeta, en que le pregunta a la gente lo que se debe hacer sobre Conga. El fraseo es tal que «cumplir el contrato», «apoyar la inversión» y lo «beneficioso para el país» está en la opción de aprobar Conga. El «ceder», «los reclamos» y «la cancelación» está en la opción de rechazar Conga.

¿Qué resultados se habrían obtenido cambiando un poquito el fraseo de esta pregunta?

Estamos ante una manipulación muy poco sutil. Será que en Apoyo creen que la gente no se da cuenta.

P.S. Una última pregunta, para que los lectores le chapen la manipulación (hacer click para agrandar la imagen):

A. La pregunta que menciona lo que es «beneficioso para el país» se parecida a esta pregunta, hecha en forma irónica. Como se ve, no es nada distante de la realidad.

Ver más e imagen completa en este post.

Humala: aprobado por los ricos, rechazado por los pobres

Humala ganó las elecciones con un patrón de voto claramente pro-pobre. Sin embargo, desde que llegó a la presidencia su aprobación aumentó entre los segmentos más ricos, a la vez que caída entre los segmentos más pobres.

El resultado es que su patrón de aprobación es claramente pro-ricos: todo lo contrario a su patrón de votación.

A nivel regional, ocurre la siguente variación en la aprobación de Humala:

La mayor caída de aprobación ocurre en la región Norte. ¿Tendrá el lector o la lectora alguna hipótesis para tal caída?

Esto ocurre a la vez que registramos una aceleración en el número de conflictos sociales en todo el país, como vimos en este post.

Y se suponía que este iba a ser el gobierno de la «inclusión social».

Conflictos acelerados

El reporte de conflictos sociales de marzo de la Defensoría del Pueblo indica una aceleración en el alza del número de conflictos sociales en el Perú.

Como se puede apreciar, desde que Humala subió al gobierno los conflictos sociales no han dejando de subir. La mayoría de estos conflictos son «socio-ambientales», es decir, entre comunidades y empresas extractivas.

El continuismo de política trae un continuismo de resultados.