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Comentarios a la Observación de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas u Originarios por parte del Ejecutivo
Por Carmen Ilizarbe
No soy abogada sino antropóloga y politóloga, y es desde éstas perspectivas que quisiera comentar el documento a través del cual el Ejecutivo observa la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio Num. 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

Me parece importante visibilizar la lógica implícita detrás de los argumentos del Ejecutivo pues aunque sus objeciones son en general confusas, en la práctica impiden la promulgación de la Ley. Por otro lado, vemos que el tema sólo ha sido noticia en la prensa nacional para cuestionar el supuesto contenido de la Ley, pero no hay discusión pública respecto de la posición del Ejecutivo. La pregunta de fondo es entonces ¿qué es lo que el Ejecutivo encuentra cuestionable en la formulación de la Ley y por qué?

Cuestiones de forma
Antes de entrar al análisis de los textos, un comentario acerca de las formas que rodean la presentación del documento con el que se sustenta la observación. Las formas son reveladoras y sintomáticas de los contenidos que envuelven, como se verá al final del análisis.

- El documento fue presentado al Congreso justamente al final del último día posible (7:20 pm del 21 de Junio, en un documento mal formateado y con los números de página escritos a mano). ¿Por qué? Quizás para evitar que la noticia fuera difundida por la prensa ese mismo día y para retardar lo más posible la respuesta del Congreso. ¿Qué otra explicación hay? En todo caso, éste gesto del gobierno dice mucho de su interés en el que la Ley se promulgue pronto para que se implementen cuanto antes los mecanismos de consulta.

- El documento no cita literalmente ni una sola vez el texto que observa. Sí cita párrafos del Convenio 169 de la OIT y de la Sentencia respectiva del Tribunal Constitucional, pero nunca el texto de la Ley que examina y con la que discrepa. Hace referencia general a algunos artículos pero no referencias puntuales o directas, por lo que el análisis deviene en impreciso y poco serio. Pareciera que el texto del Ejecutivo se hubiera redactado no en interlocución con la Ley sino más bien con otros textos e instancias, aquéllos que sí cita y algunos a los que hace referencia implícita.

- El texto del Ejecutivo ofrece ocho argumentos o fundamentos para observar la Ley. A su vez, estos se concentran en cinco artículos (de los veinte que tiene la Ley), ninguno de los cuáles es analizado de manera detallada. No se ofrece tampoco un argumento integrador que permita entender mejor las observaciones, por lo que es necesario examinar las objeciones una a una para tratar de inferir luego elementos articuladores entre ellas (lógica implícita).

Análisis
Mi análisis se refiere a dos aspectos: 1) la coherencia que existe entre los argumentos ofrecidos por Ejecutivo para justificar la observación de la Ley, y los de la Ley aprobada por el Congreso de la República; y 2) los supuestos que se desprenden de los argumentos ofrecidos por el Ejecutivo. El análisis está orientado por los argumentos centrales ofrecidos por el Ejecutivo, agrupados temáticamente.

Argumento 1: El supuesto derecho a veto de los pueblos indígenas u originarios
El Ejecutivo hace extensa referencia (en las primeras tres páginas) a un supuesto derecho a veto de los pueblos indígenas y afirma que la Ley debe “consignar de manera expresa que si no se logra el acuerdo o consentimiento al que hace referencia, ello no implica que el Estado renuncia al ejercicio del Ius Imperium pues ello supondría la dispersión del carácter unitario y soberano de la República” (Documento de Observación de la Ley por el Ejecutivo, de aquí en adelante DOLE, p. 1). El DOLE se ampara en el Manual de la Aplicación del Convenio 169 publicado por la OIT, y en la Sentencia del tribunal Constitucional que explícitamente dicen que El Convenio no otorga a los pueblos indígenas y tribales el derecho a veto” (DOLE, p. 1 ).

Análisis:
Lo primero que hay que decir es que en el texto de la Ley no aparece ni una sola vez la expresión derecho a veto o algún fraseo que haga referencia a este concepto. En segundo lugar, el artículo 15 de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio Num. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante LDCP) es muy claro respecto a quién toma las decisiones en última instancia, por lo que merece citarse completo pues también sintetiza bien el espíritu de la Ley. Se titula “Decisión” y dice:

“La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa corresponde a la entidad estatal competente. Dicha decisión debe estar debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas u originarios durante el proceso de diálogo, así como el análisis de las consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría respecto a sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente y en los tratados ratificados por el Estado Peruano.

El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como resultado del proceso de consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios.

Los acuerdo del resultado del proceso de consulta son exigibles en sede administrativa y judicial” (LDCP, p. 6, resaltado mío).

Claramente, la Ley establece que el Estado tiene la decisión final, hubiera o no hubiera acuerdo; por lo tanto, el argumento del Ejecutivo en contra de un supuesto derecho a veto va descarrilado. ¿Quizás lo que más bien le moleste al Ejecutivo sean las condiciones que acompañan a la decisión? Una primera condición señalada por la Ley es que el Estado no toma decisiones de manera unilateral, sino más bien como resultado de un proceso de diálogo e intercambio de ideas, visiones y alternativas entre los interlocutores. Al respecto, los artículos 8 al 16 de la Ley son muy detallados en señalar las etapas de este proceso, pero el Ejecutivo no se pronuncia sobre ninguna de éstas etapas en particular.
Una segunda condición importante señalada por la Ley es que independientemente de que la decisión del Ejecutivo sea contraria a la opinión de los pueblos indígenas, el Estado sigue siendo responsable de garantizar el ejercicio de los derechos adquiridos por los pueblos indígenas. Esto quiere decir que las decisiones del Estado pueden ser contrarias a la visión y alternativas ofrecidas por los pueblos indígenas, pero no pueden de ninguna manera violar sus derechos humanos. El Estado está obligado a defender los derechos de “todos” sus ciudadanos, también los de los pueblos indígenas, como corresponde en un sistema democrático.

Argumento 2: el interés general y el de la Nación versus los intereses de los pueblos indígenas
Este argumento se articula en el segundo y cuarto fundamento, aunque el segundo contiene mayor sustentación. Se dice en el segundo argumento que “el Estado debe privilegiar el interés de todos los ciudadanos, pero garantizando que los pueblos más alejados y humildes como las comunidades nativas participen en los beneficios o “perciban indemnizaciones equitativas por los daños que puedan sufrir (Convenio 169 OIT)”. (DOLE, p. 3, resaltado mío)

Se propone un párrafo para sustituir al segundo párrafo del artículo 15, citado ya líneas arriba:
“El Estado decidirá la ejecución de la medida, privilegiando el interés general y el de la Nación, estableciendo la participación en los beneficios y, en su caso, la indemnización equitativa por los daños que puedan sufrir” (DOLE, p.4, resaltado mío).

Análisis
Este argumento contradice frontalmente el espíritu de la Ley, expresado en el artículo 3, titulado “Finalidad de la Consulta”:

“La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afectan directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos” (LDCP, p. 1, subrayado en el original)

La redacción alternativa que sugiere el Ejecutivo propone más bien la unilateralidad. Nótese que en su primer comentario no utiliza los términos “pueblos originarios e indígenas” sino que más bien se refiere a “los pueblos más alejados y humildes como las comunidades nativas”, con lo que implícitamente hace referencia a los estereotipos discriminatorios que el gobierno de Alan García usa de manera casi cotidiana. Las imágenes de lejanía (¿geográfica de la ciudad capital?, ¿ distancia metafórica de la “modernidad” y el “progreso”?) y humildad (¿otra manera de hablar de la pobreza, una referencia velada a la ignorancia, o se refiere más bien a la virtud filosófica tan apreciada por Kant?) nos remiten a comentarios sobre “ciudadanos de segunda clase” y a la doctrina del “perro del hortelano” articulada a través de artículos periodísticos por el Presidente de la República en el 2007.

Aun cuando no se hace referencia directa a esta doctrina, las referencias implícitas son claras y basta revisar el contenido de aquéllos textos para ver que ahí se sustenta la lógica implícita que orienta la argumentación del Ejecutivo: la doctrina del “perro del hortelano” describe a las comunidades nativas (no pueblos indígenas) como enemigas del desarrollo y el progreso de “la Nación”, y sin capacidad para “producir riqueza” dados sus niveles de pobreza e ignorancia. La argumentación del Ejecutivo expresa de manera soslayada su apreciación negativa de los pueblos indígenas y un sesgo particular en la adopción de una doctrina que no defiende públicamente.

Y justamente porque se considera negativamente a los pueblos indígenas es que se propone una redacción en la que ni siquiera aparecen ya como sujetos interlocutores, y más bien se afirma que el Estado decidirá (¿unilateralmente?) incluso cuáles deben ser los beneficios y compensaciones.
Hay que hacer notar también que el texto del ejecutivo incide en una supuesta oposición entre la figura de los pueblos indígenas y las abstracciones del “interés general” y “la Nación”, las cuales nunca son (y mucho menos en el Perú) unitarias, homogéneas o transparentes. Por el contrario, todas las naciones del mundo son plurales, diversas y plagadas de intereses particulares, por lo cual “el interés general” es más bien opaco y muy difícil de descifrar. Es un pésimo síntoma que el Ejecutivo haga referencia de manera tan contundente a estas abstracciones pues es conocido que los autoritarismos suelen atribuirse la capacidad de “interpretarlas auténticamente” y por ende decidir unilateralmente en su nombre. La consulta es más bien el espacio ideal para darle concreción al tema del interés general, pero el Estado no ve en ella un espacio de diálogo sino un espacio de confrontación que no podrá producir acuerdos. En esta línea de argumentación se hace evidente el sesgo anti-dialogante del Ejecutivo.

Argumento 3: Sobre los pueblos indígenas como contrapartes del diálogo
Los fundamentos 6 y 7 hacen referencia directa a la contraparte del Ejecutivo en la consulta, es decir a los pueblos indígenas u originarios. En el fundamento 6 se indica que la Ley “extiende la definición de pueblos indígenas y originarios a la comunidad campesina andina y costeña” (DOLE, p. 7) abriéndole así la puerta a las comunidades campesinas a la consulta previa. La sustentación que se aprecia en la página 7 parece tomada literalmente de los artículos del “perro del hortelano”, en las que se hace referencia a que la comunidad andina es una institución creada durante el virreinato, muchas de las cuales serían hoy por hoy fachadas de empresas de interés particular (se hace una referencia implícita al caso de la comunidad de Asia en Lima).

El fundamento 7 confunde el proceso de la consulta con el de la elección de representantes de los pueblos indígenas y los criterios de legitimidad de estos representantes. No queda claro si se propone que la ONPE organice elecciones para elegir a los líderes de los pueblos, o que organice elecciones para decidir la consulta. (DOLE, p. 8 )

Análisis
Ambos argumentos apuntan a cuestionar la legitimidad del interlocutor en la consulta, indicando en el primer caso que no existe una definición precisa, y que por lo tanto se abre la puerta a la participación de cualquiera: y en el segundo caso que la legitimidad de los interlocutores debe proceder directamente del Estado.

El primer fundamento es falaz. Basta revisar el artículo 7 de la Ley que señala claramente los “Criterios de identificación de pueblos indígenas u originarios”, que incluyen cuatro criterios objetivos y uno subjetivo. Se trata pues de una definición precisa que más bien cierra la puerta a la participación de “comunidades” como la de Asia, y a la vez afirma un principio de inclusión basado en criterios que no tienen nombre propio.

Respecto al fundamento 7, resulta absurdo en ambos casos que la ONPE participe de estos procesos. Si se tratara de regular la elección de los representantes de las organizaciones de los pueblos indígenas se estaría vulnerando los derechos adquiridos y enumerados en el convenio 169 de la OIT, del derecho de los pueblos a mantener sus costumbres, tradiciones e instituciones. Si se tratara de organizar elecciones para decidir la consulta se estaría obviando la representación elegida por los pueblos indígenas y convirtiendo en un referéndum lo que debe ser un proceso de diálogo.

Argumento 4: Interpretaciones erróneas
Los argumentos 3 y 5 son malas lecturas flagrantes de la Ley y del Convenio de la OIT. El argumento 3 dice que la Ley va más allá de lo que señala la OIT al establecer que la consulta comprendería también a “planes, programa y proyectos de desarrollo nacional y regional que pudieran afectar sus derechos colectivos, por lo que la Autógrafa de Ley amplía innecesariamente e inconvenientemente los alcances del Convenio” (DOLE, p. 6). Esto es incorrecto pues la Ley no manda que la consulta se amplíe a planes, programas y proyectos, sino que más bien recoge lo que señala el artículo 6 del Convenio OIT, citado por el propio Ejecutivo: la consulta procede “cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente” (DOLE, p. 6). Creo que el sentido es muy claro, si hay potencial afectación (al nivel que sea) entonces debe haber consulta.

Respecto al argumento 5, se elabora de manera confusa sobre las consecuencias negativas que la consulta tendría en la paralización de la ejecución de “proyectos eléctricos, mineros y de irrigaciones” (DOLE, p. 7). Evidentemente, la ejecución de proyectos como estos, que potencialmente vulneran los derechos adquiridos por los pueblos indígenas, debería aprobarse después de la consulta. Si no, ¿cuál sería el objetivo de la consulta?

Conclusiones
¿Qué es lo que el Ejecutivo encuentra cuestionable en la formulación de la Ley y por qué?

Queda claro que el gobierno no favorece la consulta y más bien ve en ella una vulneración de su potestad de tomar decisiones. Las referencias falaces a un supuesto derecho a veto y al Ius Imperium evidencian además la voluntad de estigmatizar la Ley como u atentado al principio de autoridad del Estado. Si sumamos a esto la referencia a conceptos abstractos y opacos como el del “interés general” tenemos una muy peligrosa referencia a una doctrina autoritaria ya delineada con anterioridad en los artículos periodísticos sobre el “perro del hortelano”. En primer lugar entonces, el Ejecutivo encuentra cuestionable la misma idea de consulta y todo lo que ella implica, expresado claramente en el artículo 3 de la Ley (LDCP, p.1).

Un segundo tema de fondo es el de la legitimidad del sujeto interlocutor y el tipo de derechos que la consulta defiende. Se cuestiona directamente la legitimidad de las organizaciones y representantes de los pueblos indígenas, y de manera indirecta la validez de los derechos colectivos que estos representan, y que precisamente dan origen a la consulta. El Ejecutivo quisiera poder controlar a través de algún organismo estatal la expresión y actuación de estos sujetos colectivos que ciertamente representan intereses particulares, pero no más que por ejemplo, la CONFIEP. En este segundo tema, el Ejecutivo se muestra intolerante e irrespetuoso de derechos consagrados por el Estado, y hace gala de un peligrosísimo sesgo discriminatorio de ciudadanos individuales y colectivos con nombre propio.

Finalmente, cabe preguntarse ¿qué tipo de acuerdo supone el Ejecutivo que podría lograrse del proceso de consulta? El análisis de los elementos formales y sustantivos expresados en las observaciones del Estado revelan que la respuesta sería: “ninguno que valga la pena adoptarse”, dado que el Ejecutivo indica claramente que aun teniendo la potestad de decidir contra la opinión de los pueblos indígenas, no quiere asumir su responsabilidad como garante de que las decisiones no vulneren los derechos colectivos adquiridos por los pueblos indígenas. El Ejecutivo aboga de manera desordenada por su derecho a decidir unilateralmente, algo que constituye una aberración en el funcionamiento del sistema democrático.

Se vuelve pues necesario denunciar y cuestionar públicamente este intento del Ejecutivo por excluir a los pueblos indígenas de los procesos de toma de decisiones sobre medidas que les afectan directamente, vulnerando así sus derechos adquiridos y consagrando el unilateralismo y autoritarismo del Estado.

Documentos citados
Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio Num. 169 de la Organización Internacional del Trabajo: http://clavero.derechosindigenas.org/wp-content/uploads/2010/05/peru_leyconsulta_aprobada.pdf

Documento de Observación de la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio Num. 169 de la Organización Internacional del Trabajo”: http://clavero.derechosindigenas.org/wp-content/uploads/2010/06/peru-observacionesley-consulta.pdf

En el extraño debate surgido a raíz del artículo de Silvio Rendón “Singularidades de la CVR peruana”, ciertos defensores de la Comisión de la Verdad y Reconciliación han esgrimido diversos no-argumentos. Por ejemplo, afirman que están “abiertos al debate” pero inmediatamente después descalifican cualquier opinión contraria que no venga de expertos. Y cuando llegan expertos con una actitud crítica, retrucan que están confundiendo al público. Y luego tienen la frescura de decir que no están a la defensiva.

Bueno, esta es una historia de expertos, de antropólogos forenses. Algunos de ellos ya abdicaron de su postura original, dizque para no entorpecer el proceso. Pero sus palabras quedaron registradas, y sus gravísimas acusaciones, que constituyen un baldón más en la historia de la CVR, no podrán ser borradas nunca. Porque el 30 de mayo del 2002 se organizó una conferencia de prensa, en la cual el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) en pleno denunció a la Comisión de la Verdad y Reconciliación ante la prensa internacional.

Cualquiera que haya abierto La República del día siguiente se habrá topado con la siguiente nota cataclísmica:

“EPAF RENUNCIA A COMISIÓN DE LA VERDAD
Ana Véliz

El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) renunció ayer a seguir colaborando con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) según denunció su representante José Pablo Baraybar, porque fueron vetados por la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro. Sin embargo la Fiscalía de la Nación y la referida Comisión negaron la existencia de estas presiones.

El EPAF es uno de los dos equipos forenses en virtud de cuyas conclusiones la Fiscalía denunció a 19 comandos Chavín de Huántar de ejecuciones extrajudiciales en el rescate de los rehenes. José Pablo Baraybar, en declaraciones a la prensa extranjera, indicó que en los últimos días recibieron ‘una serie de presiones y amenazas’ por el trabajo realizado en el caso Chavín de Huántar. ‘Se nos trata de descalificar como peritos y eso afecta un juicio, como lo sabe cualquier abogado’, precisó.

El antropólogo mostró una carta de la doctora Calderón, en la que ésta le pide al presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner, que ‘contemple la posibilidad de no proponer a dichos peritos en futuras exhumaciones’”.

En respuesta, el 31 de mayo la CVR emitía la siguiente nota de prensa:

“NOTA DE PRENSA Nº 68

En relación con la conferencia de prensa y posterior comunicado público del Equipo Peruano de Antropología Forense

La Comisión de la Verdad y Reconciliación:

1. LAMENTA los juicios emitidos por el EPAF en los que se atribuye haber cedido a presuntas presiones del Ministerio Público que afectarían la investigación de fosas comunes. Asimismo, deplora la renuncia del señor Juan Carlos Tello al cargo de Coordinador de la Unidad de Investigaciones Antropológico Forenses de la CVR.

2. ACLARA a la opinión pública lo siguiente:

a. El señor José Pablo Baraybar, presidente del EPAF, laboró como asesor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del 1° de enero al 8 de marzo del 2002, fecha en la cual renunció voluntariamente a su cargo para atender sus compromisos profesionales con el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. Mientras duró su vínculo con la CVR el señor Baraybar actuó como perito en la diligencia de exhumación de la localidad de Chuschi, propuesto por la CVR y nombrado por el Ministerio Público. El señor Juan Carlos Tello y otros expertos desempeñaron la misma función en aquella ocasión. Es pertinente informar que en momentos difíciles de esas diligencias el equipo del EPAF contó con el pleno apoyo de la CVR.

b. Luego de esa exhumación, y ante la renuncia del señor Baraybar en carta de fecha 6 de marzo de 2002, la CVR decidió crear en su seno la Unidad de Investigaciones Antropológico-Forenses y nombró como coordinador de la misma al señor Juan Carlos Tello.

c. Para la nueva diligencia de exhumación en fase de preparación, la CVR solicitó a la Fiscal de la Nación el nombramiento de tres peritos y siete asistentes, lo que se hizo en consulta con el señor Tello en virtud de su cargo en nuestra organización. La ausencia del señor Baraybar entre los nombres propuestos no puede interpretarse como un veto, sino como natural resultado de su desvinculación voluntaria de la CVR ya mencionada.

d. Los juicios sobre la labor de la CVR vertidos por el señor Juan Carlos Tello en su carta de renuncia dirigida al presidente -e insólitamente comunicada a diversas instituciones- son considerados por la Comisión injustos y precipitados.

3. RECHAZA una actitud que considera incompatible con el cumplimiento de nuestro mandato y que atenta contra las expectativas de las víctimas de la violencia, que son la razón de ser de nuestro trabajo. La CVR rechaza toda insinuación de que nuestro trabajo tenga otro interés que no sea el hallazgo y la exposición de la verdad…”.

Como podrán observar, ciertas actitudes no cambian en absoluto. La CVR no respondió al fondo de la acusación: su contubernio con el Ministerio Público, las presiones y amenazas contra el EPAF a causa de las pericias del caso “Chavín de Huántar” y la carta de Nelly Calderón a Salomón Lerner. Prefirieron ampararse en cuestiones contractuales para negar la existencia de un veto, establecer un secretismo injustificable y acusar a los disidentes de “atentar contra las expectativas de las víctimas”. En resumen: Jalisco nunca pierde.

Lamentablemente, las opiniones críticas del EPAF tuvieron escaso eco en la prensa nacional. Aparte de la nota de La República y del rebote en algunas listas de correo -entre ellas, Ave Crítica- la prensa supuestamente comprometida con el proceso CVR, como el Perú 21 de Álvarez Rodrich, calló en todos los idiomas. Acaso pesaron más las amistades presentes y las consultorías futuras.

Durante las semanas y meses siguientes, algunas ONG de derechos humanos empezaron a difundir rumores en Internet sobre una “reconciliación” entre el EPAF y la CVR. Lo que en realidad sucedió fue que tanto la CVR como la CNDDHH desarrollaron un trabajo de zapa, presionando a los antropólogos forenses que se hallaban en situación más precaria, para que conformaran un equipo paralelo, dividieran al EPAF y calmaran a la opinión pública mundial, permitiendo la continuidad del accionar del Ministerio Público.

El EPAF reaccionó dignamente, mediante una carta pública de José Pablo Baraybar del 5 de noviembre del 2002:

“Yo, como tantos otros peruanos, esperé el dia en que algún gobierno decidiera crear una Comisión de la Verdad, entendiendo que el país tenía que pasar por la catarsis de mirarse hacia adentro, saber que había pasado y por qué. Además de ello, creía fervientemente que esta Comisión tendría ademas que iniciar un proceso que fuese continuado más allá de su propio mandato y que se ocupara del problema específico de los ‘desaparecidos’ y de las secuelas en la sociedad civil.

…Lo que no se dijo de [las exhumaciones de] Chuschi, para ‘llevar la fiesta en paz’ con el Ministerio Público, fueron las trampitas que hábilmente nos tendieron para cancelar la diligencia el primer día de exhumación, el sacarnos del examen de los restos mediante una segunda resolución de fiscalía, las peleas que se dieron con los médicos de Medicina Legal, con la representante de la Fiscal de la Nación, la francesa Sonia Papi, quien tuvo la osadía de amenazar -ante cámaras del Canal N- al fiscal encargado del caso -el Dr. Enciso dejó de ser fiscal de Cangallo despues de la exhumacion en Chuschi; alguna coincidencia tal vez-, las palabras del Presidente de la CVR, Salomón Lerner, para que ‘José Pablo baje un poco el tono’, ya que en el Perú quien grita es un revoltoso y quien se calla es un hombre probo.

…Da pena ver a todos los ayayeros a los que súbitamente el tema forense les llenó la atención, que se presentaron de la noche a la mañana a trabajar -bien pagados, por cierto- en la CVR; expertos improvisados y mudos. ¿Dónde estaban la CVR, la Coordinadora y todos los demás miembros de la ‘Plataforma’ cuando pasaron al fuero militar el caso Chavín de Huantar, cuando se dieron los incidentes de Huaraz, y ahora con lo del fiscal Escobar? ¿Y las familias? ¿Qué van a ganar de este proceso? Ya hablaron en las Audiencias y no pasó nada, ya preguntaron donde están sus muertos y no pasó nada. ¿Podemos tapar el sol con un dedo? Realmente no lo creo. ¡Creen ustedes que un par de exhumaciones ‘balanceadas’ -una de los militares y una de Sendero, ‘para no despertar a los que estan dormidos’ como hubiese dicho otro prominente miembro de la CVR- resuelve el problema?

¿Alguien aún sigue creyendo que un libro bien empastado y escrito por grandes intelectuales servirá para cerrar las heridas en un pais de analfabetos? ¡Háganme el favor! Verdad y justicia si, pero estando preparados a todas las consecuencias; no pactando, obviando y jugando ajedrez para no quemarse mas de la cuenta.

José Pablo Baraybar
Head, Office on Missing Persons and Forensics (OMPF)
United Nations Interim Administration in Kosovo (UNMIK)
Pristina”.

Para los que no creemos en santidades laicas, esta carta derrumbó el mito de la pureza de la CVR y sus supuestas buenas intenciones. En ella, quedan lapidariamente retratados la actitud amenazante de la Fiscal de la Nación, la actitud conciliadora de Salomón Lerner y los comisionados, la intención de “balancear” las investigaciones para no irritar a las Fuerzas Armadas y el cínico juego de ajedrez que la Comisión desarrolló desde un inicio, violando las promesas hechas públicamente a las víctimas.

Ya en ese momento, los antropólogos forenses que habían salido del EPAF, con el mal disimulado apoyo de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), estaban en vísperas de formalizar la constitución del Centro Andino de Investigaciones Antropológico Forenses (CENIA). La labor de zapa y división interna, un verdadero recordatorio de las peores tácticas de la difunta izquierda peruana, tuvo éxito. Pero algunos prefirieron conservarse íntegros y hacer el balance de las nefastas consecuencias de tal accionar, en esta carta pública del 21 de marzo del 2003:

“”…Bajo los auspicios de la CVR y luego de la renuncia del EPAF se creó la llamada Plataforma Conjunta para las Exhumaciones en el Peru. Esta agrupación juntó nada más y nada menos al mas puro milagro de San Martin de Porras a la CVR, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al Ministerio Público y a la Defensoria del Pueblo. Para reemplazar a los salientes del EPAF emplearon a un grupo de peritos de Argentina, Chile y Guatemala, junto a ellos trabajaron los nuevos ‘antropólogos’ -sociales- contratados por el Ministerio Público y los expertos de la CVR -un par de miembros del EPAF en licencia indefinida del mismo-.

La plataforma realizó dos exhumaciones importantes, la de Totos y la de Lucanamarca. Ambas exhumaciones fueron bastante distintas, considerando que solo la primera trata de personas reportadas como desaparecidas, mientras la segunda trata de personas asesinadas por Sendero, más no desaparecidas. Considerando la primera exhumación hecha en Chuschi con el EPAF, el número de personas desaparecidas y hechas ‘aparecer’ gracias al trabajo de la CVR no llegan ni a 30 sobre un total (no definido aún) de casi 7.000 desaparecidos, es decir, menos del 0,5% del total.

…Hay que tomar en cuenta que si bien es un signo positivo el haber denunciado a presuntos perpetradores, la CVR no logró recolectar suficiente evidencia material sobre estos crímenes, en otras palabras hallar los restos de las personas que cada uno de estos presuntos perpetradores hizo desaparecer. Por lo tanto cabe preguntarse: ¿prosperarán estas denuncias? ¿De que sirve verificar que en el Estadio de Huanta se produjeron todo tipo de aberraciones cuando no tenemos nada más que testimonios para probarlo?

…Es realmente lastimoso ver como ciertas organizaciones de DDHH hicieron gran propaganda y cubrieron con lujo de detalles las exhumaciones de Lucanamarca y como no dijeron nada cuando el MP empezó a exhumar los restos de los internos del Frontón, caso de la CIDH que podría afectar la carrera política de un ex-presidente de la República. El MP ya se cansó de la Plataforma Conjunta -sobretodo despues del informe de la misma-, la CVR quedó como monitora y las organizaciones de DDHH ni siquiera lograron presentar peritos de parte.

…El Estado se sigue investigando a si mismo, las familias siguen -y seguirán esperando-, los responsables políticos y los altos mandos militares que planearon e implementaron estrategias salvajes contra su propia gente se siguen paseando por las calles. Acabo de leer que la CVR se ha venido reuniendo con ciertos lideres militares como el general (r) José Valdivia Dueñas, el general (r) EP Luis Pérez Documet y el general (r) EP Clemente Noel Moral para ser entrevistados sobre ‘su versión respecto a la estrategia y acciones antisubversivas que les tocó implementar, así como sobre los casos específicos de violación a los derechos humanos que la Comisión viene investigando’.

Cabe comentar que si la CVR quiere saber la versión del general (r) Valdivia sobre Cayara sólo tiene que leer su libro. Tal vez en estas reuniones la CVR logre obtener información sobre el destino de los miles de desaparecidos que aún no aparecen y una vez así obtenida se la pase al MP para implementar su campaña de exhumaciones. Así, al final todos contribuirán a la causa de la verdad, mas no de la justicia.

José Pablo Baraybar
Head, Office on Missing Persons and Forensics (OMPF)
United Nations Interim Administration in Kosovo (UNMIK)
Pristina”.

En resumen: en antropología forense, como en muchos otros temas, lo que hay de bueno en el Informe Final de la CVR no es nuevo, y lo nuevo no es bueno. Salvo que los ex-CVR -ceveristas, ceverinos o cevras, lo mismo da- y otros expertos en “justicia transicional” nos presenten como grandes hallazgos del proceso peruano: el haber logrado que el Estado, sin previa depuración, se siga investigando a sí mismo; el que por enésima vez en la historia republicana -con la solitaria excepción de la Comisión Gutiérrez Cuevas- una Comisión del Estado viole promesas públicas de verdad y justicia; el consagrar a los autores de este desaguisado como “héroes de la democracia”; y, finalmente, el presentar esta cuestionable investigación como un modelo exportable.

El año pasado se abrió el debate sobre la construcción del Museo de la Memoria, el cual quedó aparentemente zanjado con la conformación de una “Comisión de Alto Nivel para la Gestión e Implementación del Proyecto Museo de la Memoria” presidida por el novelista Mario Vargas Llosa e integrada por el filósofo Salomón Lerner (vicepresidente), el jurista Enrique Bernales, el ex obispo Luis Bambarén, el arquitecto Frederick Cooper, el pintor Fernando de Szyszlo, y el antropólogo Juan Ossio.

Estos distinguidos caballeros -no hay ninguna mujer- no carecen de trayectoria en integrar comisiones: hay 3 ex CVR y 2 ex Comisión Uchuraccay. Veamos ahora cual es el encargo que se les ha confiado.

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El mandato de la Comisión del MM está contenido en el artículo 2 de la Resolución Suprema 059-2009-PCM del 1º de abril del 2009, firmada por el presidente García y los ministros Simon, Chang y Fernández Figueroa. Al margen de consideraciones de carácter organizativo -las relaciones con Alemania y el gobierno central, la obtención de financiamiento adicional, etc.-, la orientación histórica del MM está contenida en el inciso “d” del mencionado artículo, que establece como función de la Comisión:

“Velar porque el Museo de la Memoria represente con objetividad y espíritu amplio la tragedia que vivió el Perú a raíz de las acciones subversivas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru durante las dos últimas décadas del siglo XX, con el propósito de mostrar a los peruanos las trágicas consecuencias que resultan del fanatismo ideológico, la trangresión de la Ley y la violación de los derechos humanos, de suerte que nuestro país no vuelva a revivir [sic] tan lamentables experiencias”.

El Informe Final de la CVR al menos reconocía una responsabilidad -ora penal, ora “politica”- en el Estado por los años de violencia y los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, la Policía y los grupos paramilitares. En el mandato de la Comisión del MM no hay nada de eso, ni explícita ni implícitamente, por lo que significa un gravísimo retroceso respecto de la CVR; pero hasta donde sabemos, ninguno de los comisionados, ni siquiera los ex CVR, protestó o dimitió de su cargo.

¿Existe un nombre para semejante actitud? Sí; se llama “objetividad” o “imparcialidad” y fue exigida desde el inicio del debate por el actual ministro de Defensa, el opusdeísta Rafael Rey: “Espero, por razones de estricta justicia, que se cumpla con lo que sus impulsores han ofrecido: imparcialidad. Es lo menos que se puede pedir, porque imparcialidad no tuvo, aunque debió tenerla, la llamada Comisión de la Verdad, como tampoco la tuvieron, ni la tienen, ni la muestra fotográfica Yuyanapaq ni el monumento El Ojo que llora”.

Rey no dice en que consiste para él la “imparcialidad”, pero sí en que no consiste: “Se colocó en igualdad de condiciones, como si fueran dos bandos equitativos, al terrorismo que practicó Sendero Luminoso frente al valor de los soldados y policías que murieron por defender a la patria”. Evidentemente, el ministro de Defensa y vocero oficioso de las Fuerzas Armadas no sólo no ha leido el Informe Final de la CVR -o, por lo menos, el Hatun Willakuy- sino que tampoco ha leido la resolución de creación de la Comisión del MM, según la cual no se podrían incluir los crímenes de Estado sin violar el mandato del Museo de la Memoria.

El ministro Rey tampoco se ha fijado en el hecho de que los Museos de la Memoria más importantes del mundo se encuentran en países que han dejado impunes sus propios crímenes contra la humanidad. Por lo demás, su frenético celo es exagerado. Los integrantes de la Comisión del MM, empezando por su presidente Mario Vargas Llosa, se caracterizan por un excesivo respeto a la letra de su mandato, hasta el punto de repetirlo casi textualmente:

“Quisiera tranquilizar a los soldados que verán en este museo el sacrificio y el heroísmo de las Fuerzas Armadas estará presente en sus salas [sic], al igual que el sufrimiento de las víctimas, pues este recinto será la casa de todas las víctimas [...] El Museo de la Memoria no será una institución arqueológica, dedicada a preservar el pasado, sino algo vivo y actual, un lugar de exposición, estudio, diálogo y reflexión; que sirva para reforzar nuestras instituciones, promover la paz y la convivencia entre los peruanos y enseñe a las nuevas generaciones los estragos que causan el fanatismo ideológico y la transgresión de la ley [...] me dirijo a los peruanos bien intencionados, a quiénes una campaña impregnada de exageraciones y mentiras ha hecho creer que el museo es para atenuar o justificar el terrorismo, para atacar y desacreditar al Ejército o para servir de refugio y tapadera a extremistas que blandiendo el pretexto de los derechos humanos, quisieran acabar con nuestra precaria democracia” (MVLL, 16 de noviembre del 2009).

¡Extremistas blandiendo el pretexto de los derechos humanos! Esa es una actitud “objetiva” y lo demás son pamplinadas.

***

Nada queda del joven Mario Vargas Llosa, defensor de la revolución cubana; pero tampoco queda nada del campeón del liberalismo político, del defensor de la abolición de las Fuerzas Armadas, del crítico de la corrupción del régimen aprista o del defensor de las libertades fundamentales bajo la dictadura de Fujimori. Sólo queda un hombre dispuesto a adular a Alan García y a los militares a cambio del relumbrón que implica presidir la Comisión del MM -relumbrón que le permite aprovechar un viaje oficial a Chile para hacer campaña por Sebastián Piñera, sin la menor vergüenza-.

Vista la sinuosa trayectoria del “escribidor”, su actitud no es sorprendente. Pero ¿y el resto de comisionados? ¿Y el doctor Lerner? ¿Salomón Lerner está dispuesto a sacrificar su trayectoria por una placa dorada -o de mármol, lo mismo da- puesta en el edificio? ¿O por las prebendas que el proyecto significará para arquitectos, ingenieros, museólogos, escultores, pintores, oenegistas y otros paniaguados amigos suyos? ¿O por el doctorado en la Universidad de París? El “hediondo lago de Sorbona” -como lo llamaba el inmortal Francois Rabelais- no es la laguna Lerma, que quita todas las culpas.

Salomón Lerner debería hacer honor a su nombre de pila, actuar con sabiduría y renunciar. Porque la Comisión del MM no es la CVR; por muchos años va a quedar, grabada en el concreto del edificio, un testimonio “vivo y actual” de lo que hizo y de lo que no hizo. Y Lerner lo sabe; ha hablado con las víctimas, ha escuchado su dolor y sabe que ningún discurso bien parlado podrá borrar un Museo de la Impunidad a la sombra de un antiguo cuartel -que no es ni siquiera Los Cabitos, sino el miraflorino San Martín-.

El doctor Lerner debería recordar el proverbio rabínico: “Deja que te maten, pero no cruces esa línea”. Aún está a tiempo.

Actualización 1

Durante la inauguración del Museo de la Memoria en Santiago de Chile, MVLL ha sido abucheado por su desvergonzado apoyo a Piñera. Y bien merecido se lo tiene. Ver la nota de Perú 21.

Actualización 2

Hoy martes 12, César Hildebrandt escribe aquí sobre la escandalosa pifiadera a Mario Vargas Llosa en Santiago de Chile. Extracto el siguiente párrafo:

“La derecha, con sangre en las manos y pólvora siempre a mano, ha terminado de reclutar a su más eximio espadachín. Que le aproveche. Construyéndole un museo a Alan García y patrocinando a Sebastián Piñera, Vargas Llosa demuestra por qué el Fredemo -el frente que lideró en 1990- tuvo en Francisco Pardo Mesones a su mayor representante”.

Actualización 3

Debo agradecer a Daniel Salas, notable filólogo e integrante del GCC, el hacerme notar una errata en la transcripción del discurso de Vargas Llosa, el cual se refiere a los “extremistas que blandiendo el pretexto de los derechos humanos, quisieran acabar con nuestra precaria democracia”. es verdad que yo transcribí “quisieron”, pero ello no refuta mi punto de vista, y más bien le añade un inquietante matiz, parcialmente esbozado por Carlos Mejía y Luis Aguirre: ¿quiénes son los “extremistas” que quieren acabar con nuestra democracia -MVLL habla en tiempo presente- blandiendo los derechos humanos como pretexto? Evidentemente, no se trata de Sendero Luminoso, porque para ellos los derechos humanos son “derechos burgueses”. Interesante punto.

Sólo le quiero aclarar a Daniel que una errata no es una manipulación. Esa afirmación no es digna de un distinguido filólogo, que debería saber diferenciar entre una y otra.

Actualización 4

Perú 21 informa que Vargas Llosa va a reunirse con el general Otto Guibovich para “explicarle” que el MM “no tendrá ningún sesgo ideológico”. Salvo que MVLL piense que Guibovich padece de síndrome de Down o que no se ha enterado aún de su pretensión de hacer un museo ad majorem militum gloriam, el “escribidor” está entrando en la lógica de las “instituciones tulelares”, a las que se tiene que pedir permiso porque de otro modo se molestan y ¡ay de nosotros!

¿Se entrevistará luego con monseñor Cipriani?

Actualización 5

Daniel Salas anuncia públicamente su salida del Gran Combo Club, aquí. Es una decisión que lamento y me uno a las voces que le exhortan a no inmolarse. Sin embargo, debo aclarar que he tratado de absolver todas sus interrogantes, pero no puedo escribirle respuestas a su medida y gusto solamente porque él opina distinto. Es más: Daniel insiste machaconamente en decir que “hay una pregunta que no he contestado”. Si no la he respondido, es porque no la ha formulado.

Por mi parte, pongo punto final a mi discusión con él. Algunos quieren atizar la hoguera poniendo en Twitter “Daniel Salas dignidad”, pues les resulta muy fácil hablar de lo que no tienen. ¿No es verdad, Superman?

Durante el mandato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sostuve públicamente que entrar en discusiones sobre los sueldos de los comisionados y el personal de la CVR era absurdo y mezquino. En ella trabajaban -al menos en teoría- los mejores cuadros de derechos humanos del Perú. Y el trabajo a ellos encomendado tenía una magnitud tal que sus especialistas merecían una remuneración acorde con los estándares internacionales. En recibir no hay engaño, como dice un viejo adagio.

Sin embargo, en función de los resultados alcanzados en temas de verdad, justicia y reparación, se evidencia que el gasto que hizo la CVR en determinados productos -las “investigaciones en profundidad” sobre Puno, San Marcos, Villa El Salvador, etc.; las extrapolaciones cuya “validez universal” sólo es reconocida por Patrick Ball y compañía, etc.- es cuestionable. Ello no descalifica todo el trabajo de la CVR, pero nos permite mirarlo críticamente, lo cual es absolutamente necesario, y más si se pretende convertirlo en un modelo “for export” a ser imitado en otras partes del mundo.

Un modelo para armar, pero nunca para desarmar

El problema es que las críticas a la CVR suelen ser mal recibidas por quienes trabajaron en ella. Y no es un problema de hoy. Las críticas puntuales en temas como las exhumaciones o las extrapolaciones de Ball fueron muy mal recibidas durante y después del mandato de la Comisión, siempre con el mismo argumento: que “se le daban armas al enemigo”. Excusa falaz, dado que si son argumentos, no perderían su validez diga quien los diga; pero que basta para acallar a los más prudentes o temerosos.

¿“Correo” y “La Razón” se cuelgan de las críticas a la CVR? Siempre lo han hecho, y no sólo eso: desfiguran las críticas hasta hacerlas irreconocibles. ¿Ello nos debe inhibir de criticar? Por supuesto que no. Como bien dice Umberto Eco: “Lo que me preocupa es que alguien pueda decirme ‘No me critiques, porque si luego alguien me hace daño ¡será culpa tuya!’. Esto es chantaje puro y duro (y por encima de todo, según mi opinión, trae mala suerte)”. Y claro, es chantaje del peor: chantaje sentimental.

¿Qué pierde la causa de los derechos humanos -o, mejor dicho, la gentita de los derechos humanos- con una discusión abierta? ¿Credibilidad? ¿Respaldo popular? Bueno, para no tenerlos no necesitan ser criticados. ¿Se corta el proceso de justicia y reparación? Eso está muerto hace tiempo, por más que Sofía Macher -que se presta al jueguito del APRA- se empeñe en decir lo contrario. Entonces, ¿qué pierden? ¿La validación del modelo CVR, método Ball incluido? ¿Proyectos? ¿Cooperación internacional?

(Uy, creo que toqué carne…)

Aquí también, ¿o creías que estabas lejos?

La discusión, con sus dimes, diretes y silencios elocuentes, no sólo es sobre lo que la CVR hizo o no hizo. Implica problemas de otra índole, que tienen años, que no han sido resueltos y que son las verdaderas armas que se le dan a la prensa pro-impunidad. Creo que si la gentita de derechos humanos le teme a una discusión abierta es porque tiene algunos esqueletos en el closet, que no tienen que ver directamente con la CVR, sino con lo que hacen hoy.

Por ejemplo, si se habla de los buenos sueldos de la CVR, ¿por qué las ONG pagan a sus empleados con recibos por honorarios y no les reconocen sus derechos laborales? Si se habla de reformar el Estado, ¿por qué hay tan poca democracia interna en las ONG, porqué no existe siquiera el derecho a sindicalizarse? Si se habla de responsabilidades políticas y penales, ¿por qué pasan piola directivos como Pablo Rojas, al cual “renunciaron” de la Secretaría Ejecutiva de la CNDDHH por abuso laboral?

¿Qué se espera? ¿Qué las ONG del Norte se enteren de lo que sucede y empiecen a cortar el financiamiento? ¿O se espera el juicio de la Historia? (Sólo espero que cuando Pablo Rojas se jubile no le den el Premio Nacional de Derechos Humanos, como al mermelero caricaturista Alfredo Marcos).

Para terminar, una recomendación a los plumíferos de Correo y La Razón: si quieren chismografía sobre la CVR, no la busquen aquí. Pregúntenle a su colaborador estrella, el estilista -de estilo, no malinterpreten- Carlos Meléndez, que hace mucho tiempo prometió publicar toda una floresta de datazos sobre la CVR y nunca cumplió. Si le aceitan la pluma, no dudo que les dé muchas chiquitas y carnecitas dignas del mejor salón de belleza. Porque ese es el verdadero nivel de sus pasquines, señores Mariátegui y Ben Schmuel.

Comisiones de la Verdad en el mundo (algunas)

Algunas cosas que saltan a la vista en esta lista, es que la CVR peruana fue

1. la más cara en América Latina y la más cara en esta lista mundial, después de la de Sudáfrica;
2. la segunda más numerosa en América Latina, después de la argentina, en número de comisionados;
3. la que más personal tuvo (500 personas); y
4. una de las que más duró (2 años) (en segundo lugar en América Latina después de la de Guatemala).

No en todas estas CVRs se hicieron extrapolaciones del número de víctimas, como sí se hizo en el Perú. En realidad, sólo muy pocas CVRs practicaron estimaciones de cifras. No las necesitaron para cumplir con su mandato.

Las pocas CVRs que practicaron extrapolaciones fueron ostensiblemente aquellas que contaron con la participación del consultor Patrick Ball. Tres casos en que se Ball aplicó sus extrapolaciones fueron Guatemala, Kosovo² y el Perú:

Casos documentados y total de casos estimados por CVR/TPI

Fuentes.
Guatemala: Guatemala: Memoria del silencio
Anexo metodológico 3.5 en pdf
Anexo metodológico 3.5 en html

Kosovo: Ball et al. (2002) Killings and Refugee Flow in Kosovo March – June 1999

Perú: Ver Los guarismos documentados por la CVR.

Cuando en el Perú, en la discusión sobre las cifras de la CVR, Patrick Ball afirmaba que su método era usado en otros lugares del mundo, se refería a otros lugares del mundo donde él había aplicado su método. Se estaba autocitando.

Y las expansiones son notables, y hasta similares. En Guatemala se pasa de 47,803 casos documentados de tres fuentes sin duplicación a 132,174 casos. En Kosovo se pasa de 4,400 casos documentados por cuatro fuentes sin duplicación a un estimado de 10,356. En el Perú se pasa de 24,692 casos documentados por tres fuentes sin duplicación a 67,756 casos (aunque en el análisis principal la CVR peruana sólo usa los casos documentados, ver aquí).

El método de extrapolación es el mismo en estos tres contextos. En el Anexo metodológico 3.5 de Guatemala se describe este método basado en “traslapes” de información. Se usa como referencia principal a “Population Growth Estimation: a Handbook of Vital Statistics Measurement, por Eli S. Marks, William Seltzer, y Karol J. Krótki (New York: The Population Council), 1974, pg. 13-17, pg. 406″. Lo mismo en Ball et al. (2002) y en el Perú, aquí, CVR, Anexo 2. Cuando las extrapolaciones llegan al Perú, éstas ya se habían hecho en otros lugares y por las mismas personas, no parece que con una discusión similar a la que hubo en el Perú.

Es claro que en Guatemala y en el Perú las expansiones de casos documentados a estimados son más grandes: los casos documentados sólo representan un 36% del total, contra Kosovo en que son un 42%. Sin embargo, en Kosovo también hubieran podido hacer una expansión igualmente grande. En la Figura 6, página 46 del reporte de Kosovo se ve que tenían nueve modelos para elegir, siendo competidores fuertes del que ganó, uno que arrojaba 9 824 casos y otro que arrojaba 20 550 casos. Los autores usaron una sola métrica para decidir entre estos modelos, el estadístico ji-cuadrado de Pearson, y entre las posibles eligieron una expansión conservadora, y más conservadora que la que eligieron en Guatemala y el Perú.³

Otro tema controvertido en el caso peruano fue la composición de los perpetradores. En Guatemala la extrapolación mantuvo la composición dada por los casos documentados:

Casos documentados y extrapolados en Guatemala según perpetrador

En el Perú, como expuse ya en este post hubo un cambio sustancial, que se resume en este cuadro:

Porcentajes de casos documentados y extrapolados en el Perú según perpetrador y fuente

Antes de la CVR el principal perpetrador era el estado. Con la CVR el principal perpetrador pasa a ser Sendero Luminoso, cosa nada marginal en el discurso de la CVR, sino crucial. Sin embargo, incluso con la CVR los casos documentados siguen indicando que el estado es el principal perpetrador. Entonces las extrapolaciones revierten esta situación y hacen que Sendero Luminoso sea el principal perpetrador. Con esto Perú sería un caso único en el mundo en que un estado gana una guerra contrainsurgente, pero no es éste sino la insurgencia la que más mata. Algo nada verosímil.

En suma, hay diversas singularidades de la CVR peruana entre las diversas CVRs que ha habido en el mundo. Fue una de las más caras, con más comisionados, con más personal, más largas, que recurrió a extrapolaciones, que fueron relativamente grandes y que cambiaron la responsabilidad principal por las víctimas mortales.

1. Agradezco a Ricardo Alvarado por brindarme algunas referencias, sin las cuales no hubiera podido escribir la presenta anotación.
2. En Kosovo, no se trató de una CVR, sino del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, creado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta institución contrató a Patrick Ball para el trabajo cuantitativo.
3. Para tener una idea, si en el Perú se hubiera aplicado la expansión hecha en Kosovo, la CVR peruana habría reportado sólo 58 mil muertos en vez de 67 mil. El informe de la CVR, a diferencia del de Kosovo, no consigna una exposición sobre la selección de expansiones.

Para efectos de acceso al mercado de crédito, el que una persona pobre o de recursos escasos tenga de la noche a la mañana un título de propiedad, tiene una sola implicancia directa: esta persona ahora cuenta con un activo de manera formal y legal que antes no tenía. Para que dicho activo pueda ser utilizado como una garantía crediticia (o en otras palabras, un colateral), son necesarias una serie de condiciones, entre las cuales la principal es que exista un mercado donde el activo pueda ser valorizado y tranzado en caso la entidad que otorgó el crédito se vea en la necesidad de ejecutarlo.

Sin embargo, asumamos por un momento que todo esto se cumple.

La sola posibilidad de utilizar un activo como colateral, tampoco implica que la persona en cuestión querrá endeudarse o “acceder al mercado de crédito”, solo porque puede, o solo porque sí. Las personas demandan crédito básicamente por dos motivos: i) tienen una idea de negocio o proyecto para generar ganancias, pero no cuentan con capital propio suficiente como para invertir en él; ó ii) desean disponer de ingresos futuros para ser utilizados en el presente.

En el primer caso, el banco al igual que la persona interesada, apuesta por que el proyecto para la cual le solicitan dinero es capaz de generar ingresos suficientes como para pagarle de vuelta. Solo una vez cumplido lo anterior y con el solo propósito de mitigar el riesgo asociado al fracaso del proyecto, el banco exige un colateral.

En el segundo caso, el banco apuesta por que la persona que solicita el préstamo tendrá flujos futuros de ingresos suficientes como para pagarle de vuelta. Nuevamente, con el solo propósito de mitigar el riesgo de que el flujo de ingresos de dicha persona se vea interrumpido en algún momento del tiempo, el banco exige un colateral.

Conclusión: para que las personas tengan acceso al mercado de crédito necesitan demostrar flujos potenciales de ingreso (caso i); o flujos relativamente estables y continuos de ingreso (caso ii). Tener colateral por si solo no garantiza nada.

Si lo que se busca es aumentar el acceso al crédito de las personas pobres o de recursos escasos, pues lo mejor sería darles activos capaces de generar flujos de ingresos. En otras palabras, darles capital; pero un capital que puedan explotar y rentabilizar, no uno para que sea hipotecado. En ese sentido, ¿qué mejor capital que el capital humano?

¿No será que el gran misterio del capital es la falta de educación de calidad, antes que de títulos de propiedad?

En los últimos días, el Gran Combo Club ha estado recibiendo una serie de ataques por su posición crítica respecto de las “investigaciones” sobre el Baguazo. Y más precisamente, sobre el rol encubridor de la Defensoría del Pueblo. Los atacantes sostienen que los desaparecidos de Bagua no existen porque no hay nombres ni apellidos completos; sólo hay testimonios. Este argumento se condice extrañamente con el que invalida las proyecciones de la CVR por las mismas razones, con la gran diferencia de que, al contrario de lo que sucede con los desaparecidos de Bagua, respecto de las cifras de la CVR no hay testimonio alguno.

En todo esto podríamos ver la mano del gobierno, y nada más. Sin embargo, cuando Silvio Rendón analizó las IP de donde provenían los ataques, resultó que éstas pertenecerían a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Es decir: serían empleados de la CNDDHH los que, bajo diferentes seudónimos, vienen atacando al Gran Combo Club por cuestionar las tesis de la Defensoría sobre la matanza de Bagua.

Debo decir, por mi parte, que no me extraña este comportamiento. Ya lo anunció Ronald Gamarra hace algunas semanas en La República; quien no está con la CNDDHH incondicionalmente es senderista o facho. “Senderistas y fascistas coinciden por su compartida hostilidad a la democracia; por eso mismo, para ambos sectores, el movimiento de DDHH es un enemigo a demonizar y destruir”.

Tranquilo, Ronnie. La CNDDHH no es “la democracia” y ni siquiera es “el movimiento de derechos humanos”. La representación de la cosa no es la cosa misma -salvo que creamos en los ídolos- y el ver las cosas sin matices es maniqueísmo. Quienes, amparados en el anonimato, usan la Internet que la Coordinadora les da para atacar a los disidentes son iguales a quienes llaman “putas” a las defensoras de la despenalización del aborto, al camarada Zdanov prohibiendo el “Ulises”, al ayatola Jomeini lanzando la “fatwa” contra Salman Rushdie.

Desde esta tribuna, emplazo a la Coordinadora a deslindar inmediatamente con estos nuevos fariseos, intolerantes y pegados a la letra de sus verdades reveladas. De otro modo, entenderé que el nuevo lema de la CNDDHH es “No hay más Dios que la CVR, Ronald Gamarra es su profeta y el Informe Final es el Libro Sagrado e increado”. Y todo en nombre de los derechos humanos. Sería una pena.

Por fortuna, no sólo poseo anticuerpos contra el autodenominado “bolivarianismo”, sino que además puedo sustentar mis afirmaciones con pruebas históricas. Está claro que el primer emblema del APRA fue la hoy olvidada “bandera indoamericana”, que supuestamente se expuso por primera vez en la ciudad de México el 7 de mayo de 1924.

Asumamos que la fecha es correcta, que es 1924 y no el 20 de setiembre de 1930 y que el lugar es México y no Lima. De cualquier manera, el símbolo era la “bandera indoamericana”, y no la actual estrella aprista. No encontré referencias certeras sobre el origen de este último símbolo hasta ver esta fotografía, tomada en Berlín, en 1919:

La imagen nos muestra una manifestación de la Spartakusbund (Liga de Espartaco, antecesora del KPD), y prueba que ya en 1919 los comunistas alemanes usaban como símbolo la estrella roja de 5 puntas con la hoz y el martillo. Basta una simple comparación visual con la estrella aprista original -que aún hoy preside el local del APRA en Chimbote, como se puede apreciar en la foto de abajo- para notar el parentesco.

La variante impuesta por el APRA conserva la estrella roja, reemplazando la hoz y el martillo por un logotipo futbolero, bastante similar al del escudo de River Plate de Buenos Aires, que data de 1901, y otros logos de ese período, incluyendo el del hoy casi extinto Deportivo Municipal -¡Echa Muni! como diría mi amigo JC-, que data de 1935. Para precisar la semejanza, aquí va el escudo de River:

Durante los años ochenta, Alan García logró lo que parecía imposible: volver redomado su símbolo partidario, “suavizando” los ángulos de la estrella, que a su parecer eran demasiado agudos. Luego intentó reemplazar las letras futboleras por una paloma, pero la iniciativa no tuvo éxito. Así, llegamos a la estrella actual:

Pero las copias al carbón del conspicuo integrante peruano de la Internacional Socialista no terminan ahí, y ello ameritó una revisión de este post. A propósito de la reciente publicación en el Gran Combo Club del documental chileno Los héroes están fatigados, que culmina con la escena en la que los capitostes del Partido Socialista cantan cínicamente la “Marsellesa socialista” -cuya composición es atribuida por Wikipedia al afamado grupo Quilapayún-, mi amigo Silvio Rendón me solicitó que aclarase el origen de ese himno.

Es sabido que el APRA, a través de sus líderes exiliados por las dictaduras de Benavides y Odría, tuvo un destacado papel en la formación del PS chileno, y que de acuerdo con César Lévano, el obrero aprista Arturo Sabroso -fundador de la CTP y del club Alianza Lima, dos de los males crónicos de nuestro país- escribió su Marsellesa “copiándola, casi al pie de la letra, de la Marsellesa anarquista”.

Fue necesario, entonces, hacer una comparación entre las 3 Marsellesas: la anarquista (compuesta en 1893, según el argentino Gonzalo Zaragoza), la aprista (compuesta en 1931) y la socialista, aquí.

Vemos que Lévano tiene razón; aunque la influencia anarquista en el himno del APRA sólo es clara en el estribillo, éste es la parte medular del himno. También vemos que la “Marsellesa socialista” es calco de la aprista. ¿Quién fue el autor de la usurpación? Ni siquiera los chilenos están claros. José Díaz Gallardo, autor de un interesante artículo sobre la influencia aprista en el PS, sostiene que “fueron militantes socialistas de Concepción los que copiaron la letra del himno aprista”.

Sin embargo, el mismo Haya de la Torre zanjó esta cuestión hace muchos años, en su entrevista con César Hildebrandt del 3 de marzo de 1971, publicada en la revista Caretas: “Usted sabe que los socialistas chilenos cantan nuestra Marsellesa, con la letra de Sabroso”. Aunque Haya no dio más detalles, se deduce que Arturo Sabroso la compuso durante su exilio en Chile, iniciado en 1932, ya que el PS chileno se fundó en 1933.

Como las declaraciones de Haya fueron hechas en pleno auge de la Unidad Popular de Allende y con un APRA de capa caída -a mitad del velascato- no hay razón para pensar que el taimado Victor Raúl se buscara poderosos enemigos usando un dato falso.

Ninguna página web o blog de los socialistas chilenos reivindica la autoría de Sabroso, y más bien oscilan entre la tesis wikipedista y la de Díaz Gallardo. Curiosamente, tampoco lo hacen las páginas web y blogs apristas, con honrosas excepciones. Pero los socialistas chilenos no sólo han usurpado los créditos del sindicalista de Alianza Lima: también han usurpado el símbolo indoamericano, añadiéndole un toqui, el hacha de guerra de los líderes mapuches.

Como vemos, la historia de los símbolos del APRA, el partido que pretendió encarnar a nivel sudamericano la “superación dialéctica del marxismo” es paradójica. Los apristas plagiaron buena parte de sus símbolos a los movimientos revolucionarios mundiales -comunistas y anarquistas-, para ser a su vez plagiados por los socialistas chilenos.

¿Tendrá que ver en todo esto el hecho de que tanto el APRA como el PS, en otro tiempo partidos revolucionarios, hoy pactan con las fuerzas que persiguieron y asesinaron a sus mejores militantes? ¿La “generosidad” en ceder sus símbolos sin chistar tendrá algo que ver con el entreguismo del APRA frente a los grandes capitales chilenos? ¿O se trata simplemente que “ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”?

Quienes han practicado el ajedrez con cierta constancia han pasado por la tremenda situación de tener una pieza clavada: amenazada por el enemigo, pero que no se puede mover, porque hacerlo implicaría perder otra pieza que está detrás y cuyo valor -intrínseco o estratégico- es mayor. De ello se deduce que es muy problemático tener una reina clavada, ya que salvo que se tenga el triunfo al alcance de la mano, la pérdida de la reina es casi imposible de compensar.

Dentro del enrevesado ajedrez que es la política nacional, Lourdes Flores cumple a cabalidad con el rol de reina clavada. Hace buen tiempo que ella no determina la agenda política, sino que se ve superada y a veces rebasada por los hechos. ¿Tiene Lourdes el triunfo al alcance de la mano? Son numerosos los signos que nos indican que no. ¿Vale la pena que la reina se inmovilice para proteger a los peones de su Partido Popular Cristiano? Veamos.

El mote de ”candidata de los ricos”, hoy por hoy, no corresponde plenamente a la realidad. A todas luces, Lourdes Flores ha perdido el apoyo de poderosos sectores empresariales: el grupo Romero, cuyo representante Martín Pérez desertó y es ahora ministro del gobierno aprista; y el grupo El Comercio-LAN, que destapó el affaire Cataño-Carhuallanqui y que hoy le sugiere de manera muy poco sutil -casi siciliana- que se conforme con la alcaldía de Lima o se atenga a las consecuencias. Tal vez las mineras y otras empresas extractivas respalden eventualmente a Lourdes, pero los vínculos no son evidentes, como lo son respecto del aprismo.

La pregunta es: si Lourdes no representa a Romero, a El Comercio ni a LAN, ¿por qué sigue siendo la ”candidata de los ricos”? La teoría más difundida es que se trata de un problema de imagen; no se distancia rotundamente del racismo militante de su padre, se toma fotos en la piscina de un impresentable como Xavier Barrón, escoge mal a sus amistades políticas y de negocios. Todo ello es cierto, pero es sólo parte del problema, porque de ser una cuestión de imagen, se arreglaría fácilmente con publicidad, ya que Lourdes es una mujer simpática, campechana y trabajadora, capaz de viajar 8 o 10 horas por carreteras destrozadas y llegar a zonas agrestes donde otros políticos sólo van por aire, tapándose las narices y rodeados de gorilas personales.

El verdadero problema de Lourdes Flores, el que la convierte en reina clavada, es su partido, el PPC. El Tucán Luis Bedoya no le dejó a Lourdes un liderazgo indiscutido; ella tuvo que lidiar con verdaderos gangsters de la política como Antero Flores Araoz, Miguel Angel Mufarech, Alex Kouri y los tucancitos Javier y Luis. El precio de mediatizarlos fue muy alto y significó la imposibilidad de realizar un aggiornamiento del PPC, que suele actuar como si la Reforma Agraria y la caída del Muro de Berlín no se hubieran producido.

La falta de una actualización en el PPC no es sólo una cuestión de modernidad, sino de elemental cálculo político. Desde 1980, ninguna elección nacional ha sido ganada por un partido con un discurso netamente derechista; el TucánBedoya, Mario Vargas Llosa y la propia Lourdes Flores pueden dar fe de ello. Fujimori, para ganar en 1990, tuvo que apelar al populismo, al apoyo del APRA y la izquierda; luego, todos sus triunfos fueron fraudulentos.

Pasar de la derecha al centro, como se insinuaba a mediados de año, hubiera sido un gran avance para Lourdes. Le hubiera ganado las simpatías de la empobrecida clase media, de los pequeños empresarios, de los intelectuales de centroizquierda que están hartos de Susana Villarán y Javier Diez Canseco, e incluso le hubiera permitido mediar en los conflictos sociales y desprenderse del sambenito de ”candidata de los ricos” que la agobia.

Pero el peso muerto se impuso, porque la bancada del PPC en el Congreso realizó esfuerzos frenéticos para superar al APRA, e incluso a los fujimoristas, en cuanto a derechismo y torpeza política se refiere. Recordemos que el PPC fue la única fuerza política que se opuso a la derogación de los Decretos Legislativos que afectaban los derechos indígenas, la rehabilitación de los congresistas nacionalistas y la firma de un pacto ético contra el narcotráfico.

Por último, el Tucancito Javier Bedoya, por sí y ante sí, declaró la muerte del”Frente de Centro” propugnado por Lourdes, cometiendo no sólo un aborto incompatible con la doctrina socialcristiana -como quiera que se entienda eso- sino un viraje hacia la derecha que le costará la elección presidencial al PPC, por enésima vez.

¿Este es un problema de hoy? No, porque la presencia de personajes oscuros y ultraderechistas en el pepecismo es histórica. Antero Flores Araoz, así como los hermanos Javier y Luis Bedoya, Alex y Beto Kouri, son canteranos del PPC; la alianza con los fascistas Rafael Rey y José Barba se inició en los años del FREDEMO; el pacto con Luis Castañeda ha durado mucho más allá de su muerte clínica.

El derechismo pepecista no es un problema de hoy, y por eso Lourdes Flores no puede ni podrá moverse al centro, aunque quiera. Su destino es ser la reina clavada de este juego, dar la cara por un partido en el cual el cuadro joven más brillante es Alberto Beingolea, lo cual evidencia su nivel actual, y no para bien.

Quien fuera en algún momento la política más importante del país, que tuvo el valor de oponerse abiertamente a la Ley de Amnistía en el CCD fujimorista, y de reconocer que la entrega de Tiwinza era el precio a pagar por haber perdido la guerra -cosa que nadie en el Perú está dispuesto a decir abiertamente- merecía un mejor destino. Porque para que surja una izquierda moderna, se necesita una derecha moderna. Y, por lo visto, en un buen tiempo no vamos a tener ni la una ni la otra.

Blogiarquía: Jugando a los experimentos electorales

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El discurso ONGs-fomentan-protestas lo tenemos en esta nota de Correo, el diario más activo en llamar a la represión anti-indígena, con disparos desde erizos de ametralladoras y bombardeos de napalm.

La campaña de Correo.
Imagen tomada de aquí.

Según revelador estudio sociológico. Las ONG aumentan en 17% opción de conflictos dice la nota de Correo. La nota también dice, aunque desde luego no en el titular, que se trata de resultados preliminares, es decir, podrían ser corregidos. Igual ya se lanzaron a publicarla como si fuera una conclusión científica aceptada. La necesidad de propaganda puede más que el cuidado y la responsabilidad de no hacer afirmaciones precipitadas. Un investigador desde luego que puede opinar, pero entonces el lector debe estar al tanto que está recibiendo una opinión. Si se presenta algo como un “revelador estudio sociológico”, el lector puede pensar que está ante un descubrimiento científico social.

La afirmación publicada a un mes exacto del 5J fue adelantada anteriormente, en una entrevista visible en este post, UDM, donde el autor de la afirmación, el Sr. Carlos Meléndez, afirmaba que la presencia de una ONG incrementaba la probablidad de que se presente un conflicto en 17 puntos porcentuales. Entonces el Sr. Meléndez dijo que las ONGs eran “un síntoma” de la falta de partidos que se dedicaran a la intermediación política. Llenaban el vacío de los partidos. En su lógica represiva, al gobierno le da igual si las ONGs fomentan o intermedian las demandas de gente a la que no le quiere hacer caso. Es mucha sutileza para Pastor, Correo o Cabanillas: las ONGs igual van a la olla. Es decir, al día siguiente del “baguazo”, cuando la indignación se volcaba contra el gobierno, finalmente expresándose en una gran manifestación el 11J, a quien el Sr. Meléndez señalaba como principal responsable de conflictos era a las ONGs, además de AIDESEP como gran recurso para la movilización.

No es una práctica comúnmente aceptada en las ciencias sociales adelantar resultados, máxime si éstos son preliminares, a la prensa, en particular, a una prensa amarilla, politizada, poco escrupulosa. Recordemos que Correo “confundió” el VRAE con la “Curva del diablo” y aseguró, siguiendo a la ministra Aráoz, que la derogación de los decretos cuestionados ponía el riesgo el TLC. El camino de un trabajo científico es ante todo terminarlo, circularlo entre colegas, pasar por un proceso de arbitraje y una vez aceptado por la comunidad científica, ser diseminado al público en general. Ahora mismo la investigación del Sr. Meléndez no está disponible al gran público que, dado lo polémico del tema, quisiera desde luego verificar sus afirmaciones, ver su metodología, sus datos. Sin ello, el “revelador estudio” no es tal. Se queda en el plano de las afirmaciones sin sustento, que por lo tanto no pueden ser tomadas en serio. Primero que sustente, luego que se mande a publicar.

Pero bueno, ya que se adelantó opinión a través de un medio de comunicación en un tema tan candente, justo es ofrecer un enfoque alternativo. Entonces veamos.

1. Correlación parcial no es efecto causal. Una relación (positiva) entre dos variables no equivale a que una sea la causa de otra. Si los datos son de corte transversal, regiones o provincias del Perú en un año, una relación positiva entre número de ONGs y número de conflictos no nos está diciendo que las ONGs sean la causa de los conflictos. Si se tiene datos o de panel, regiones o provincias del Perú en varios años, lo que se tendría que ver es la variación en el número de ONGs y en el número de conflictos, para cada región, una análisis de tipo longitudinal.

2. Endogeneidad. Dos variables que presentan una relación positiva (o negativa) pueden ser causadas por una tercera variable. Uno mira una relación negativa entre precio y cantidad, cree que está ante una relación de demanda de un bien, pero resulta que lo que uno está mirando son puntos de cruce entre oferta y demanda. Así, la relación positiva entre ONGs y conflictos puede ser simplemente que las regiones con mayor número de conflictos sean precisamente aquellas con un mayor número de ONGs. Hay una tercera variables que explica estas dos.

3. Validación de resultados. Lo cuento con un ejemplo. El economista Steven Levitt, conocido co-autor de “Freakonomics” publicó un famoso artículo sobre la relación negativa entre el aborto legal y la criminalidad: en estados donde se legalizó el aborto en los EEUU el crimen se redujo sustancialmente. Bueno, pues alguien se consiguió los datos con los que se hizo esa investigación y encontró que había un error que invalidaba las conclusiones de Levitt. Puede ocurrir.

En tal sentido, J. Martin Moreno, Doctoral Candidate en Sociology and Demography Program en la Pennsylvania State University y contribuyente del presente blog, me pasa unos gráficos basados en datos de conflictos reportados a Defensoría de enero a noviembre de 2008.¹ Veamos algunas relaciones binarias, que presento con su permiso:

Entonces, el número de conflictos guarda una relación

1. positiva con el número de ONGs,
2. positiva con el número de clubes de madres,
3. positiva con el número de comités del vaso de leche,
4. positiva con el número de comedores populares,
5. positiva con el presupuesto ejecutado del gobierno regional,
6. negativa con el porcentaje del presupuesto ejecutado del gobierno regional,
7. positiva con la desocupación,
8. negativa con el índice de desarrollo humano (IDH),
9. positiva con el porcentaje de población rural.

De todo esto no da para venir ahora a acusar a los clubes de madres, comités del vaso de leche o comedores populares de “fomentar conflictos”, ni tampoco da para esperar que los conflictos caigan mecánicamente con el mayor cumplimiento en la ejecución de presupuesto, con la caída de la desocupación, el aumento del índice de desarrollo humano o con la reducción de la población rural. Hemos establecido algunas asociaciones, muy sugerentes y tentadoras de usarlas en una explicación, pero falta todavía despejar si estamos ante legítimos efectos causales.

Martín Moreno también practica una estimación del número de conflictos con todas estas variables. Dejaré que en algún momento él mismo, cuando y cómo lo crea conveniente, nos cuente sus conclusiones, pero sí diré que en una versión el coeficiente del número de ONGs sobre el número de conflictos es de 15.4%, pero no resulta ser estadísticamente significativo (es decir, no se puede rechazar que es significativamente diferente de cero). (Probablemente, sin embargo, con datos provinciales y más años el coeficiente sí resulte significativo).

No da para lanzarse a los medios con “reveladores estudios sociológicos” a amparar intelectualmente a los medios que acusan a las ONGs de “fomentar conflictos”. Además, nótese que hay varias otras variables que guardan relaciones muy claras con el número de conflictos. Tocaría ver qué relaciones son significativas, y si son acaso más importantes que el número de ONGs. ¿Por qué no resaltar el porcentaje de ejecución del presupuesto regional o el índice de desarrollo humano?

Sin embargo, en este tipo de estimaciones el mayor problema suele estar en la endogeneidad: si el patrón de localización de las ONGs no es exógeno al número de conflictos, el 17% adelantado por el Sr. Meléndez es incorrecto y está sesgado. Toca rehacer la estimación y buscar lo que se llama “una fuente exógena de variación”, una variable instrumental que corrija la contaminación del regresor por endogeneidad.

En conclusión, en una investigación es importante no dejar que la agenda política o el figuterismo mediático, o el simple facilismo en hacer las cosas, lleven a que se adelanten conclusiones sobre bases endebles. Llama la atención, diré finalmente, que las propias ONGs a través de sus asociaciones no hayan dicho nada sobre este tema en los medios. La “intermediación política” parece que es para otros, no para sí mismas, ni para sus trabajadores y trabajadoras.

1. Los datos de Meléndez son por provincia, de 2001 a 2007, por cierto en la etapa previa al gran despegue de los conflictos con Alan García. Son 526 conflictos para 192 provincias

Navegando por la Web me topé con este paper, muy interesante:

Nathan Nunn,
“The Importance of History for Economic Development,”
Annual Review of Economics, Vol. 1, No. 1, August 2009, forthcoming;

En el paper se da cuenta de una nueva y creciente literatura académica que se ha dedicado a estudiar en los ultimos años cómo ciertos eventos y/o procesos históricos han resultado determinantes sobre los procesos de desarrollo económico contemporáneos.

El autor, Nathan Nunn, rastrea los orígenes de esta nueva corriente hasta tres trabajos seminales realizados a fines de los 90 e inicios de la presente década (ver la Pág. 2), y explica como es que, si bien dichos trabajos iniciales no tuvieron mucho éxito en establecer relaciones de causalidad, lograron encontraron correlaciones suficientemente sugerentes como para motivar a nuevos autores y nuevos trabajos. Es así que con bases de datos más ricas y elaboradas así como técnicas más sofisticadas de identificación, una nueva serie de trabajos han empezado a ver la luz, llevando la historia económica a responder no solo si es importante o no, sino porqué es relevante analizar el impacto de eventos y procesos que, a primera vista, podrían parecer muy lejanos en el pasado y suficientemente estudiados como para enseñarnos algo nuevo.

Uno de los trabajos de esta nueva corriente de autores que más me ha sorprendido es el de Melissa Dell, estudiante de doctorado de MIT*. Según se explica en el resumen de su último documento de trabajo, la autora utiliza datos del imperio español y la republica del Perú para rastrear ciertos canales de persistencia institucional, y muestra cómo es que la influencia de la Mita colonial ha persistido hasta nuestros días a través de sus impactos sobre la propiedad de la tierra y la provisión de bienes públicos. Comparando información histórica de distritos donde se desarrollo este sistema de explotación colonial con distritos históricos donde dicho sistema estuvo ausente, la autora logra cuantificar los efectos sobre el nivel de consumo de los hogares, la integración urbana y la propensión de sus habitantes a vivir en economías de subsistencia. Cabe aclarar sin embargo que más que la cuantificación en si misma de dichos efectos, la mayor contribución del trabajo es la demostración rigurosa de cómo los arreglos institucionales persisten en el tiempo y cuales son los canales a través de los cuales se transmiten sus efectos.

Addendum:

Otro trabajo fascinante en ese sentido por ejemplo, esta vez de mi economista favorito, explica los efectos de largo plazo que tuvo la revolución francesa sobre el mundo occidental a través de las invasiones napoleónicas:

Acemoglu, Daron, Cantoni, Davide, Johnson, Simon H. and Robinson, James A.,
“The Consequences of Radical Reform: The French Revolution,”
MIT Department of Economics Working Paper No. 09-08. (March 19, 2009)

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*Gracias a mi amigo I.F. por pasarme el dato de este paper.

Cuando escribí el post sobre el post de Carlos Meléndez en torno a la memoria y el Museo de la Memoria, mi propósito fue poner en cuestión la presuposición de que la opinión promedio debería definir las acciones de los agentes políticos.

En resumen, mi idea es que la política no puede ser la búsqueda de la aprobación del “median voter”. Si ese fuera el caso, la finalidad de los partidos políticos no sería avanzar en ciertas ideas sino, simplemente, capturar la atención de los votantes ofreciéndole lo que ellos piden. Por el contrario, buena parte de la política consiste en introducir al debate público ideas que no son tomadas en cuenta por la mayoría. Justamente en esto consiste el liderazgo: no en seguir la corriente sino en dar pautas para la marcha de la sociedad.

En lo que respecta a la discusión sobre el Museo de la Memoria, el debate no puede reducirse a qué opina el “median voter” de Meléndez. En uno de los comentarios al post anterior, Alfredo P. sostiene que la diferencia entre Meléndez y los que no estamos de acuerdo con él se reduce a la distinción entre el “ser” y el “deber ser”. En esta interpretación, Meléndez describiría las cosas “como son” mientras que los otros describirían las cosas “como deben ser”.

Es una reducción falaz. Porque es claro para los que creemos en los derechos humanos (y Meléndez es uno de ellos, no lo olvidemos) que los actos de violencia “fueron” pero que no “debieron ser”. Aquel, como Alfredo P., que sostenga que la violencia ejercida por el Estado fue correcta no solamente está reconociendo que se produjo sino que fue bueno que se produjera.

De modo que tanto quienes están a favor como quienes están en contra del Museo de la Memoria no están discutiendo en el terreno del “ser” sino del “deber ser”. Los datos de la opinión pública nos pueden informar sobre lo que ciertos sectores opinan o les parece importante. Pero, como ya expliqué, esta opinión no puede ser definitiva cuando se trata de casos de justicia.

El Museo de la Memoria y otros gestos simbólicos para preservar nuestra historia son necesarios porque reivindican la dignidad y el derecho de las víctimas. Es una manera de decirles que su dolor sí nos importa, que su experiencia sí es relevante y que la ciudadanía no es la condición exclusiva de una élite. No será una causa popular pero es una misión, con todo, necesaria porque lo que divide al Perú no es el recuerdo de la violencia sino la exclusión y el desprecio que sobreviven al periodo de violencia.

Si no aprendemos a reparar aquella división, ¿cuándo vamos a aprender? Algunos dicen “no es el momento”. Pero ello en la práctica significa esperar que los nombres de estos personajes ya sean borrosos, casi anónimos.  Buena parte del poder de la restitución depende del tiempo. Esperar más (cuando Alan García o Alberto Fujimori no existan, cuando los victimarios hayan podido disfrutar cómodamente de su retiro, o cuando las víctimas y sus familiares ya hayan muerto) es una mera excusa.

En la foto: Giorgina Gamboa. Según algunos, su memoria no debería ser la nuestra.

(Pierre Menard, autor del Quijote)

Ayer invité a los lectores de GCC a revisar el texto del sociólogo Carlos Meléndez sobre el Museo de la Memoria.  Para explicar mi punto de vista, llamo la atención sobre este pasaje del texto de Meléndez que contiene el argumento medular de su exposición:

Pero no es que en nuestra memoria selectiva, la política esté ausente. No es que los “desmemoriados” peruanos hayamos borrado los recuerdos del terrible primer gobierno de Alan García y que precisamente en el olvido de sus desastres se sustente su re-elección. En un estudio sobre opinión pública que vengo realizando, se halla la evidencia que el peruano promedio (insisto en el término) sí recuerda el funesto primer gobierno aprista; sin embargo no le interesa al momento de decidir su voto. Más le vale prevenir al país de un posible gobernante radical y de izquierda (nuestro “median voter” peruano se encuentra a la derecha del centro, duela a quien le duela), que pasar por alto las faltas del pasado (para dicha de los impunes responsables). El peruano común y corriente procesa su historia política reciente de manera distinta a la que la ideología del progresismo supone. Por ello es que “causas sociales” (¿? -mejor diría “causas-facebook”, no más) como el museo de la memoria (así no mas, en minúsculas) no son populares, no encuentran cabida en la opinión pública de la combi, es sólo motivo de la indignación de una elite izquierdista, y por lo tanto, gobernantes como García pueden darse el lujo de despacharse a sus anchas al respecto. Si fuera una demanda sentida, simplemente no se atrevería a hacerlo.

Quiero hacer notar que  el aspecto central de la opinión de Meléndez es un argumentum ad populum que normalmente es falaz.  Normalmente, claro, porque no siempre lo es.  Para elegir a un presidente de la república, por ejemplo, o a los miembros del congreso, tenemos que seguir la opinión de la mayoría. No hay otra opción en una democracia. Un empresario de radio o televisión tiene también que consultar el rating a la hora de decidir qué programas deben recibir preferencia y cuáles deben estar en los horarios estelares. En este último caso, se aplica la racionalidad del negocio: tengo que maximizar mis ganancias y para eso debo medir la opinión de mi público.

El argumentum ad populum es falaz cuando lo que está en juego es la verdad o la justicia. Por ese motivo, no se decide la culpabilidad de un reo por votación popular ni se establece la prevalencia de una teoría científica consultándoles a los padres de familia.

Imaginemos que recibimos una oferta para construir un nuevo Museo de Historia Natural. Imaginemos que para evaluar el interés de este futuro museo hacemos una encuesta como las que examina Meléndez y descubrimos que la teoría de la evolución de las especies es impopular (es decir, o bien a la gente no le interesa o bien la desconoce). Entonces, nos tocaría trasladar los argumentos de Meléndez para concluir que no vale la pena gastar dinero en un Museo que va a difundir ideas que a la gente promedio (el “median voter” de Meléndez) no le interesan o cuya verdad científica le parece imposible.

El problema con las tesis de Meléndez es que confunde dos clases distintas de juicio. En una, la mayoría tiene poder. En la otra, la opinión de la mayoría es irrelevante. Los científicos no investigan pidiendo la aprobación mayoritaria de los profanos.

El post de Meléndez explica, a lo más, de qué manera un pícaro mayor (es decir, Alan García) se puede salir con la suya. Si al “median-voter” el Museo de la Memoria lo tiene sin cuidado, el presidente del Perú puede calcular que rechazar la donación del gobierno de Alemania no le causa mayor costo político que el que le produciría el aceptarla.

En este aspecto, por supuesto, no hay mayores misterios. Por eso extraña que Meléndez no tome en cuenta que, en primer lugar, Alan García es uno de los tantos interesados en que no se recuerden sus responsabilidades. Cuando el presidente rechaza la donación, no lo hace motivado por una lectura de la sensibilidad popular “más fina” que la de los “caviares” a los cuales Meléndez critica. No es que Alan García “sí la vea” y los “derechohumanistas” no.

En efecto, uno podría interpretar este post de Meléndez como el contraste entre un presidente que sí tiene contacto con la sensibilidad popular  frente a una élite de izquierdistas desorientados que han perdido su “contacto con el pueblo”. Uno es el vivo, el que “la hace’, los otros son “los lornas”.

Seamos claros: aquí de lo que se trata es de ocultar la historia, de promover el olvido, y no por razones “nacionales” sino por intereses muy concretos.  El estudio al cual se refiere Meléndez solo puede demostrar que hay una oportunidad para que los pillos borren las huellas de sus delitos. La pregunta es si les debemos conceder tal oportunidad y si difundir ideas que vayan en contra de la corriente mayoritaria no es, claramente en este caso, un deber ético fundamental. Porque si la investigación no posee consecuencias éticas, entonces dejemos que los hombres les peguen a las mujeres y que los niños sigan aprendiendo el racismo y el clasismo en las escuelas. Dejemos que el olvido nos gobierne.

Termino con una reflexión sobre la frase final del post de Meléndez y que me parece, sinceramente, lamentable:

La “memoria” del peruano, no es la tuya, amigo “caviar”. (Y tener “memoria”, no te hace mejor persona…no lo olvides).

Todo lo contrario. Tener memoria te hace una mejor persona porque la memoria incentiva la imaginación y la crítica. Para creer en esto no hay que ser necesariamente un “caviar”. Se puede ser, por ejemplo, un borgiano. Borges, en efecto, es el autor de la memoria, uno de los oponentes más agudos del revisionismo histórico y uno de quienes más ha ayudado a entender la horrenda opresión a la que nos puede llevar la falsificación de la verdad. Pero sobre eso ya hablé en otra ocasión. Por ahora espero que Carlos Meléndez que comprenda que “dar la contra” puede ser, muchas veces, caer en la complacencia.

En Luna antagónica

En Luna antagónica

Portada del folleto de 11 páginas, publicado por Editorial “Peru Nuevo” en el año 1944.

En el Perú cual en “Cien años de soledad” de García Márquez los apellidos se repiten a lo largo de la historia. Por ejemplo, en esta imagen tenemos en primera fila a José Carlos Mariátegui y a Delfín Lévano, abuelo del director de Correo y padre del director de La Primera, respectivamente, hoy en un agrio contrapunto de ataques. Socialista y pro-estatal, director de Amauta, José Carlos Mariátegui, y anarquista y libertario, director de La Protesta, Delfín Lévano,, tampoco estuvieron de acuerdo en su época… Interesantes las continuidades y los cambios…

Interesante también que en la imagen las masas sostienen carteles con los rostros de diversas personas importantes en el movimiento sindical. No son gigantes en medio de una masa de enanos, al estilo de otras propagandas políticas (tipo Stalin, Mao o Guzmán).

El siguiente recorte es esta página final de “Herejes y renegados” revista de estudiantes de sociología y ciencias políticas de San Marcos y Católica (y título de un excelente artículo de Isaac Deutscher de 1955), aparecida en 1992 (no tengo el mes exacto). Alude a las modas intelectuales de la época, acaso no muy diferentes a las actuales, 16 años después…

Hacer click en la imagen para ampliarla.

El tercer recorte es una serie de fotomontajes de “Nicolas Yerovi. El único periodista que miente con franqueza”, publicado en los años finales del fujimorismo.

Humor negro, grotesco, etc. Finalmente, Yerovi no se salvó de las represalias. Le robaron la obra, le embargaron las cuentas, etc. Lo perjudicaron. Ver aquí.

Como diría Bruce Willis, “todos pagan el precio”…

P.S. Además de los fotomontajes había diversos titulares sin imagen como:

PODER JUDICIAL ES INDEPENDIENTE
- Pero por razones de fuerza mayor los jueces deberán usar el cabello corto, uniforme y kepis.
- Magistrados que no quieran hacerlo no recibirán galones de gasolina gratis y si reinciden serán dados de baja deshonrosa.

ELECCIONES SERÁN LIMPIAS
- Jurado de Elecciones adquirió modernas lavadoras automáticas para dejar los votos como nuevos.

PRESIDENTE REGALÓ TÍTULOS DE PROPIEDAD
- También regaló títulos de contador, de abogado, de ingeniero, y hasta de modista, entre muchos otros, todos a nombre de la nación y de su hijo Kenyi, que lucía muy buenmozo.
- Negó que esto tuviera que ver con su campaña electoral.

FUJIMORI OFRECE REDUCIR PRECIO DEL SERVICIO TELEFÓNICO
- “No hablas por teléfono y listo, se acabó probrema porque pagas menos”, dijo el mandatario luciendo su simpática sonrisa de picardía.(*)

Premier Alberto Bustamante anuncia que por fin logramos el ansiado sueño
“YA LLEGAMOS AL NIVEL DE REPÚBLICA BANANERA…Y LO MEJOR DE TODO ES QUE NI SIQUIERA EXPORTAMOS BANANAS”.

Ministro de Justicia, Alberto Bustamante Belaúnde, aclara que existe auténtica división de poderes:
“EL GOBIERNO NO MANIPULÓ RESULTADOS DE LOS COMICIOS, PARA ESO ESTÁ LA ONPE”.

GOBIERNO PIDE A LA FIFA QUE SELECCIÓN PERUANA JUEGUE CON 40 HOMBRES
- “Para por lo menos tentar el empate”, reza la solicitud.

Gran éxito de convocatoria para Campeonato Mundial de Box
DOS MILLONES DE PERUANOS DISPUTARÁN TÍTULO DE PESO PLUMA TENTADOS POR PREMIO DE 15 SOLES
- Las categorías de peso gallo en adelante fueron declaradas desiertas no obstante el jugoso premio de 20 soles pues ningún pugilista pesó más de 50 kilos.

Medio millón no pudo pagar el teléfono en los últimos seis meses
PERUANOS SE COMUNICAN CON MORISQUETAS Y SEÑALES DE HUMO

NIÑO MUERDE A PERRO
- “Tenía un poco de hambre”, explicó el muchacho a la Sociedad Protectora de Animales.

(*)Bueno, esta lógica fue la que prevaleció después del fuji-shock, en 1990. Los precios de los servicios públicos subieron tremendamente, entonces se lanzó el slogan “Luz que apagas, luz que no pagas” dicho por Kilowatito, justificado por el entonces ministro de energía y minas, Fernando Sánchez Albabera. ¿Cómo enfrentar las alzas de precios? Pues consumiendo menos…

Ayer por la mañana los emails de los arqueólogos de todo el país recibieron la noticia de la desaparición de dos jóvenes arqueólogos ayacuchanos mientras trabajaban para el Qapaq Ñan, proyecto de registro e investigación del gran camino inca que recorre todo el territorio andino. Este proyecto está a cargo del INC y sus sedes regionales. Momentos más tarde recibíamos la noticia de que se había encontrado el cuerpo de uno de los chicos, ambos menores de 30 años, uno de ellos tan solo de 24 años. Tenía evidencias de un fuerte golpe en el cráneo, por lo que se supone que fueron asaltados para robarles los equipos: una cámara digital, un gps, brújula y aparentemente una cámara filmadora.

El chico que aún sigue desaparecido se comunicó con su mamá el lunes 25 de agosto. Era muy unido a ella y trataba de llamarla a diario, desde ese día perdieron la comunicación.

Me siento muy afectada aunque no conozco a ninguno de los chicos, pero como arqueóloga sé muy bien el tipo de trabajo y en qué condiciones salieron a hacerlo. Ellos salieron solos a hacer su recorrido, con la mochila al hombro. Listos para caminar varios kilómetros y detenerse a fotografiar y registrar por escrito lo que iban encontrando a su paso.

Hace un rato escuchaba la entrevista de RPP a la famlia y amigos-colegas del chico que aún está desaparecido y les preguntaban por el protocolo de seguridad que tiene el INC para este tipo de salidas. Lamento decirles que estamos muy lejos de tener uno. El INC simplemente te da tus viáticos y se desentiende del asunto. Es increíble que un proyecto como el Qapaq Ñan no tenga un protocolo de seguridad, y este debería aplicarse a todas las salidas del personal del INC. Muchas veces hemos tenido que llamar a los supervisores (del INC) que iban a chequear nuestros trabajos para decirles “oye, vente con nosotros en la camioneta, es difícil llegar, y peligroso también”, o “te recogemos de tal sitio, tal día a tal hora”. Ese es el mínimo protocolo de seguridad que tienen los proyectos grandes de arqueología por contrato: los dejamos acá y los recogemos de allá, tal día a tal hora. Por otro lado, en cualquiera de estos proyectos de arqueología por contrato, las empresas exigen a las que subcontratan que su personal esté asegurado (SCTR) ante cualquier accidente en el trabajo. Sin embargo, el INC no asegura a su personal contra este tipo de hechos. Por cierto, la gente del INRENA, del INGEMMET y de cualquier institución estatal que tenga que salir al campo, debe estar en la misma situación. Increíble. Y el Estado exige a las empresas que cumplan estas normas.

La familia de Archi está pidiendo que salgan equipos de rescate a buscarlo , ojalá lo hagan. El sitio es alejado y las patrullas de policia deben ir y volver cada día y no tienen mucho tiempo para buscar. Lo más triste, el jefe del Qapaq Ñan allá quiso silenciar el asunto. La hermana de Archi contó a RPP que el jefe del proyecto le dijo “Que esto no trascienda”. ¿Saben por qué? Porque Yony, cuyo cadáver ya fue encontrado, no estaba contratado por el INC, porque fue subcontratado para reemplazar a alguien que le estaba pagando de su bolsillo, cosa que no debería suceder, pero sucede y con mucha frecuencia.

Que esta horrible historia sirva para que no quede ninguna persona desprotegida cuando sale a cumplir su trabajo.

–
Glenda Escajadillo Gallegos

Y los mensajes que circularon:

Estimados amigos
Tengo el deber de informarles a ustedes que hoy al mediodía recibimos una lamentable noticia que nos ha dejado muy conmovidos y tristes. Se trata
de la muerte absurda de dos jóvenes arqueólogos que participaban en el proyecto Qapac Ñan para el INC. Ellos salieron el de Ayacucho el 23 de agosto
con destino a Soras en Querobamba a realizar un reconocimiento de sitios y fueron asesinados. Se trata de Alcides Gavilán Vargas y Jhony Roca jóvenes
arqueólogos que fueron asesinados salvajemente. Aun las circunstancias de este alevoso asesinato no están esclarecidos pero de acuerdo a versiones
de los familiares se sabe que ellos llegaron a Soras el 23 de agosto y se reportaron por última vez y desde esa fecha perdieron contacto con sus familiares
El cadaver de Jhony Roca ha sido encontrado hace dos días en el río en estado de descomposiciónm hoy llegó su cadaver a Ayacucho y mañana le harán
la necropsia de ley. El cuerpo de Alcides gavilán aun no ha sido encontrado, sólo han sido hallados un par de zapatos que le correspondía y están a la
búsqueda de su cuerpo. No se han encontrado los equipos que llevaban y todo parece indicar que el motivo de este alevoso crimen es el robo de sus equipos.
Debemos exugir a las autoridades del INC que tomen con seriedad este problema porque de acuerdo a las versiones que tengo, Jhony no trabajaba oficialmente para el INC
su familia es de condiciones muy precarias y era el hermano mayor, tenía sólo 24 años de edad y acabada de exponer su informe de prácticas preprofesionales.
Amigos, espero que nos apoyen en la exigencia a las autoridades que se investigue estos crímenes salvajes y no queden inpunes estos actos salvajes que
enluta nuestro gremio y debemos cerrar filas contra este tipo de acciones que han enlutado y conmocionado no sólo a sus familiares sino a quienes los hemos conocido
de cerca.
La universidad de Huamanga estará emitiendo un comunicado público y les estaré avisando de algunas novedades
José Ochatoma
Decano- UNSCH

Testimonio de un ex arqueologo del Qhapaq Ñan

En memoria de mis compañeros Alcides y Jhony:

Son tres grandes motivos que me llevan a escribir esta nota.

> Como ex alumno de la Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga (que pierde muy tempranamente a dos de sus arqueólogos forjados en sus aulas), Huamanguino, colega y compañero de Alcides y Jhony, con quienes compartimos gratos momentos en el quehacer arqueológico

> Como ex trabajador del Proyecto Qhapaq Ñan y todos los colegas que en algún momento trabajamos en él, sabemos de las penurias y riesgos que pasamos en el trabajo de campo, prácticamente abandonados a nuestra suerte, sin ningún tipo de seguridad que pueda brindar el INC, creando mártires que defiendan el Patrimonio y el rescate de la grandeza de nuestro pasado cultural.

> Finalmente exigir al INC el pronto esclarecimiento de lo sucedido ya que al parecer en ningún momento se tomaron las medidas necesarias para evitar este tipo de desgracia que enluta a la comunidad arqueológica; asi mismo pedir al COARPE y a las Universidades que forman arqueólogos su pronunciamiento para que no vuelva a suceder un crimen de tal magnitud.

A los familiares y amigos mi mas sentida condolencia en estos momentos de dolor.

Alcides Gavilán y Jhony Roca descansen en paz, nunca los olvidaremos

Segundo mensaje electrónico del decano

Estimados amigos
Debo comunicarles que la hipótesis de un asesinato de Jony Roca Gómez y la desaparición de Alcides Gavilán Vargas desde el 24 de agosto parecen confirmarse. De acuerdo a la necropsia del cadáver de Jony Roca la causa de su muerte fue un traumatismo craneo encefálico severo, segun el médico legista no se han encontrado huellas de bala u otras lesiones por lo que se presume que fue golpeado con un objeto de madera en la cabeza. Sus restos están siendo velados en su casa del barrio de Miraflores y el día de mañana será el sepelio. La universidad de san cristóbal de Huamanga ha emitido un comunicado institucional y está exigiendo
la intensificación de la búsqueda de Alcides Gavilán Vargas quien permanece como desaparecido. El cuerpo de Jony Roca fue encontrado en el río Chicha, la mitad del cuerpo estaba sumergido en el agua y la otra mitad estaba expuesto en la superficie. Su cuerpo estaba en estado de descomposición y estaba totalmente irreconocible. Hoy por la mañana le hicieron la necropsia y sus restos fueron velados durante unas horas en el auditorium de la universidadde Huamanga y actualmente sus restos están siendo velado en su casa. Con relación a Alcides Gavilan hay información profusa, según algunos su cuerpo ya fue encontrado y está totalmente irreconocible y según otros se sigue buscando en la zona. Amigos debemos de exigir que se intensifiquen las investigaciones para que este crimen se aclare y haya una sanción ejemplar para los responsables de este acto que repudiamos y rechazamos pues ya linda en el campo de lo salvaje. Debo comunicarles también que la información está siendo difundida con mayor fuerza por radios programas del Perú y el día de mañana van a salir publicados en los diarios la calle, coreo y otros medios de comunicación de Ayacucho.
Ahí les envio el pronunciamiento emitido por la Facultadde Ciencias Sociales para que puedan difundirlo y puedan solidarizarse con la familia de Yoni Roca y aun tenemos la esperanza que Alcides Gavilán este con vida. Debemos exigir también sanción para los responsables y que el INC asuma su responsabilidad y no diga que Yoni era sólo un guía que no tenía vinculo directo con el proyecto Qapac Ñam para el cual participaban. Ellos hacían un trabajo encomendado por el INC y deben ser solidarios con los dos investigadores y no manejar este asunto grave con mucha discresión como si no quisiera que los colegas se enteren. Si hay responsables debemos exigir sanción para ellos.
José Ochatoma

Conmoción por el asesinato de dos arqueólogos de la UNSCH.

El público se tiene que enterar de lo ocurrido y las condiciones precarias en las que trabajaban: precariedad laboral y precariedad de condiciones de trabajo.

En este post (pase de NQ) del blog de Richard Fernandez se comenta sobre este video donde Philip Tetlock evalúa en qué medida las diversas predicciones de expertos políticos se suelen cumplir, pero también ofrece métricas sobre el grado de seguridad con los expertos hacen predicciones.

Tetlock es autor del libro “Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know?“. En este post se resume y comenta el libro de este autor.

Una de las motivaciones de Tetlock en sus investigaciones era que los expertos, los “pundits“, no respondían por sus análisis, eran unaccountable, simplemente porque nadie llevaba la cuenta de lo que decían.

Entonces Fernandez resalta lo siguiente:

So to find out its real value he began to compile a sample of 28,000 predictions by 284 experts over 18 years to see which of them came true. The results were disappointing. Expert predictions barely outperformed simple statistical prediction schemes such as those which assumed no change or that the latest rate of change would continue. In other words experts could not predict the future with any clarity but we consulted them anyway because of the need to appear in control of even future events.

Al parecer es un hecho muy robusto que en general los pronósticos políticos tienden a fallar, y masivamente.

Tetlock también extiende su análisis proponiendo una tipología de expertos. Plantea que hay dos, siguiendo la división popularizada por Isaiah Berlin, El zorro y el puercoespín, en base al poeta griego Arquíloco: “el zorro sabe muchas cosas; el puercoespín sabe una gran cosa.”. Los analistas zorros tienden a ser más acertados que los analistas puercoespines. Tienden a ser pensadores eclécticos, más tolerantes a los contraargumentos.

Sería interesante preguntarse sobre este tipo de cosas en el Perú. Evaluar las predicciones de nuestros/as expertos/as, sus características, su grado de seguridad en hacerlas, sus explicaciones, sus resultados. No dejar pasar el tema y tratarlo abierta, científica y deportivamente.

Aquí va el escaneo de las últimas páginas. Que lo disfruten. No tiene desperdicio….

[Hacer click en las imágenes para ampliarlas].

Caso 1. Érase un libro de investigación sobre las trabajadoras peruanas, que afirmaba que a fines de los ochentas y a comienzos de los noventas los trabajadores y las trabajadoras peruanos/as habían abandonado el “clasismo”. Esta denominación de los setentas se refería a una fuerte identidad de pertenecer a la clase obrera y una gran noción y beligerancia reivindicativa (muy diferente al sentido de “clasismo” como el rechazo a alguien por razones de clase, en forma similar a que “racismo” es el rechazo a alguien por razones de raza). Una nueva generación de trabajadoras/es emergía y en contraste con las frustraciones de su predecesora era optimista, laboriosa, más aún había asumido la aspiración de convertirse en pequeños empresarios emergentes. Eran trabajadoras/es sólo de paso, pero al final del camino había la brillante perspectiva de ser empresarias/os emergentes.

El libro comenzaba entrevistando a un sindicalista “clasista”, presentado como un hombre resentido, maltratado, herido, que sólo pensaba en reivindicaciones cortoplacistas. Era un personaje del pasado. El “clasismo” era presentado como una reacción al racismo y la exclusión de la sociedad peruana y como un sentimiento alentado por el marxismo, precario por definición.

Luego se entrevistaba a las modernas y jóvenes trabajadoras confeccionistas. Éstas no tenían sindicato ni querían tenerlo, trabajaban en forma flexible con contratos precarios, estudiaban además de trabajar y eventualmente querían tener su empresita. El futuro les era sonriente, prometedor, muy en constraste con el oscuro y amargado entrevistado anterior. “¿Clasismo?”, decían las obreras, “no he escuchado. No sé qué es”.

Era la época de los “créditos chicha” de Alan García, de Máximo San Roman haciendo campaña con Fujimori, del “desborde popular”, del “otro sendero”, de “los caballos de troya de los invasores”, “de la riqueza popular”. Algunas ONGs abandonaron a la clase obrera, las que supuestamente estaban con ella, y se pasaron a concentrar en los pequeños empresarios.

Por esas épocas me hallaba haciendo una investigación precisamente sobre las pequeñas empresas de confecciones y me tocó entrevistar, coincidencia, a las mismas trabajadores entrevistadas para el susodicho libro (a quien uno de los autores, al igual que yo, las conoció a través de una ONG que trabajaba – dato escondido- con un grupo de trabajadoras que quería conformar un sindicato en esa empresa) . El panorama no podía ser más diferente a lo que sus autores aseguraban. Es verdad que se trataba de trabajadoras jóvenes, pero si algo querían era ganar más, tener contratos de mayor duración, evitar las largas jornadas de trabajo. Querían sindicalizarse. Es verdad que había trabajadoras jóvenes emprendedoras, que no sabían lo que había sido el clasismo quince años antes, pero al comentarles de lo que se trataba sí expresaban interés y decían que eso era precisamente lo que necesitaban.

Pero la cosa es aún más interesante, pues yo conocía a la persona que trabajaba como asistente de investigación en ese libro, transcribiendo los cassettes de la entrevistas a las obreras. Esta persona estaba horrorizada por la forma cómo se había excluído de los testimonios cualquier expresión de descontento de las trabajadoras con su situación laboral, cualquier indicio de querer organizarse, cualquier atisbo de tener identidad obrera. Y había material kilométrico que apuntaba en esa dirección. No. Todo quedó fuera. Los autores sólo consignaron aquello que coincidía con lo que ellos ya tenían predeterminado. Todo lo otro lo excluyeron. Las medianas empresas eran entes armónicos donde los trabajadores no tenían intereses comunes entre sí, sino que eran almácigos de empresarios emergentes. Ya.

¿Hubo algún árbitro que verificara la calidad y la rigurosidad de esa publicación?. Claro que no. El libro fue publicado y punto. Allá los incautos que se la creyeron. No recuerdo quién lo financió, pero las líneas de investigación suelen venir determinadas precisamente por quien financia estos estudios. Y en esa época para decir este tipo de cosas había financiamiento. No siempre lo había para decir, no digamos lo contrario, sino simplemente los resultados serios y honestos de una investigación de la realidad.

- FMI: reducir personal o morir
Así lo dijo el jefe del FMI hace algún tiempo, aquí, Reuters. El personal se reduce en 15%, 380 empleados menos. Verlo aquí, en The Economist, que indica:

Los promotores de la rectitud fiscal finalmente están recibiendo un sorbo de su propia medicina.

- Las carpas del INDECI
Esta institución fue una de las primeras en ser copadas por los del partido del gobierno. Últimamente han estado haciendo diversos repartos de carpas (aquí, aquí, aquí y aquí). ¿Quién es el proveedor de estas carpas? Hasta el año pasado era una empresa trujillana, pero para este año aún no se ha publicado esta información. Corren rumores desagradables de personajes de “la siguiente generación” gubernamental metidos en este negocio. Seguro que son habladurías…

- Percepción de corrupción
¿Cómo es posible que la corrupción sea señalada en las encuestas de opinión como segundo problema de preocupación ciudadana y no se vean más denuncias de corrupción en los medios?

- ¿Qué tienen que ver?
La producción académica de Hernando de Soto con la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Ver aquí.

- Politólogos al MININTER
Oportunidades de trabajo para politólogos, en el Ministerio del Interior. Ver aquí y aquí.

Actualización:

- Asimetría
La Razón celebra una oferta de material bélico ruso. Es parte de nuestra conflictiva realidad con el vecino del sur. Es definitivamente más fácil ejecutar este tipo de gasto que lograr un verdadero “shock de inversiones”.

- Cómo se pierden las guerras frías.
EEUU presionó por décadas a la URSS con mayores gastos militares. La URSS, país estancado y pobre, reaccionó destinando una mayor parte del presupuesto a estos gastos, hasta que llegó un momento en que ya no pudo aguantar el aumento del gasto a costa del abandono de la economía civil y de un sistema que no funcionaba internamente. Se puede seguir adelante con la carrera armamentista, pero si la economía que genera los recursos para comprar o producir armas no crece sostenida y permanentemente (no sólo transitoriamente), la guerra se pierde. Los militares también deberían prestar atención a las señales que el país ha dado esta semana con el paro. No es buena política caer en la subestimación o el enfoque meramente represivo. El crecimiento debe llegar a toda la comunidad nacional.

El resultado de esta visión es que las protestas vienen de sorpresa (?) y cuando esto ocurre causan ofuscación en los dirigentes económicos del país. La restricción ignorada aparece con toda su fuerza, frustrando cualquier esquema o propuesta supuestamente tan cuidadosamente diseñada. El economista entonces espera que el político “se encargue”, que “para eso está”. Las protestas no son trabajo del economista.

En los tiempos que corren en que la ciencia económica se ha desarrollado tanto, entrándole con todo ya desde hace mucho a la teoría de juegos y a las ciencias políticas, un ejecutivo de la economía no puede darse el lujo de ignorar ninguna variable. Si es así, se trata de una gran omisión. En particular, un economista no puede ignorar las variables políticas. Las consecuencias de hacerlo son funestas.

En ¿Shock laboral? había criticado este tipo de razonamiento a partir de propuestas de reformas laborales “flexibilizadoras” en un contexto de crecimiento de la militancia sindical. El viejo abogado laboralista de empresas, formado en el frente anti-sindical, el actual ministro de trabajo, se abstiene de dar el paso, pero el joven economista, formado en la administración de Fujimori, desde una columna periodística, insiste en una reforma laboral flexibilizadora. Todo esto ad portas de un paro nacional. Interesante contradicción.

Más aún, el día de hoy leemos:

Si bien aún tenemos la esperanza que este gobierno se convierta en el primero en décadas en intentar seriamente revertir la informalidad laboral con legislación realista y moderna para las mypes, la verdad es que lo ocurrido esta semana con Moquegua y con la ley de puertos nos hace temer que consideraciones de corto plazo y el temor a los sindicatos terminen primando en la decisión gubernamental. Con ello, el Quijote García, que hasta hace poco decía que iba por buen rumbo porque los canes ladraban, terminará finalmente derrotado por los perros del hortelano Negreiros. De esa manera habrá desperdiciado la gran oportunidad de convertirse en el abolicionista de la esclavitud del siglo XXI. Peor aún, ante la falta de voluntad reformista, que es cada vez más evidente en su mandato, arriesga terminar en el anonimato del pie de página de la Historia.

Déjenlos entrar Por Fritz Du Bois

Las restricciones son minimizables, pues los sindicatos son poco representativos:

los dirigentes sindicales (…) perderán el nivel de influencia que tienen con los políticos, que dicho sea de paso es injustificada y desproporcionada desde todo punto de vista, considerando que sus afiliados no llegan ni siquiera al 1% de la población en edad laboral. Pero, pese a esa mínima representatividad, tienen aterrados a muchos en el Gabinete

Otra vez “el ninguneo del 1%”. Probablemente sea 1% o menos los que se movilicen, pero si en Moquegua se hiciera un referéndum, de seguro que apoyarían los reclamos de sus dirigentes regionales. La participación política en el país es reducida. Lo que le pasa a los sindicatos le pasa a otras organizaciones gremiales. En realidad, la gran evidencia sobre la popularidad de algunas demandas sindicales la da el propio García con su promesas electorales. Su programa de campaña es lo que ahora le están reclamando. En tal sentido, la popularidad de las demandas actuales no puede fácilmente ser cuestionada. Son reclamos muy sentidos en la población, difícilmente ocultables tras maniobras palaciegas o pseudo estadísticas de representatividad. Y es el “pecado original” de este gobierno: haber prometido una cosa para después hacer otra.

El gobierno tiene que hacer ajustes a su enfoque. Tiene que tener una estrategia económico-política que anticipe las posibles protestas. Obviamente, no es posible diseñar esta estrategia si se idealiza la arrogancia miope e irresponsable de “el perro del hortelano”. El camino no es ningunear a Negreiros (por seguirle la expresión a Du Bois), el camino es negociar con Negreiros. Lo mismo con la región Moquegua y con las protestas que se avecinan. La negociación tiene que ser antes, no después de las protestas. Esperar a que vengan las protestas paa recién negociar es la politica del avestruz.

Hoy lo dice bien Federico Salazar:

No es a Jordán a quien le faltó decisión. Es a Alan García. No es Jordán el que actúa “mansamente”. Es el gobierno.

La respuesta a los reclamos ha sido, en efecto, mansa y lenta. ¡En el mejor momento fiscal en décadas!

El mensaje, luego del desastre y la vergüenza, no es bueno. “Bloqueen las carreteras para entregarles recursos del fisco” no es lo que se tendría que leer tras estos hechos.

“Me volveré eficiente en el gasto público” es, más bien, el mensaje que deberíamos escuchar. No lo dicen ni están preparados para decirlo. Esa es la mayor vergüenza, y ese, el problema que se viene.

A Contrapelo. La policía como cortina de humo

El gobierno tiene mucho que hacer, pero lamentablemente no va camino a ello.

Ver también:

• ¿A quién se dirige García?
• Los espejismos de la economía peruana*

La política del avestruz del gobierno consiste en ignorar y ningunear los reclamos de diversos sectores de la población. Finalmente, los reclamos se convierten en protestas que toman de sorpresa al gobierno.

Idealmente el gobierno debería negociar antes de que se produzcan las protestas, no después.

Imagen tomada de aquí

EL CAPITALISMO BUROCRÁTICO EN LA EXPLICACIÓN DEL SUBDESARROLLO Y EL ATRASO SOCIAL

“El Capitalismo Burocrático en la Explicación del Subdesarrollo y el Atraso Social” es un grupo de investigación interdisciplinar de la Universidad de La Laguna (Tenerife, Islas Canarias, España).

Se crea en el año 2004, con el objetivo de profundizar a través de las investigaciones de las ciencias sociales en las causas del subdesarrollo y el atraso social en el mundo en general, aunque partiendo de la realidad geográfica más inmediata que es el Archipiélago Canario y España.

Aunque existen numerosas investigaciones sobre la problemática del subdesarrollo, este grupo de investigación lo aborda de manera novedosa a través de la categoría histórica del Capitalismo Burocrático, concepto éste que se fue elaborando a lo largo de los últimos 150 años y que fue definido por los clásicos del marxismo, tanto por los ya fallecidos (Marx, Engels, Lenin, Mao Tsé-tung) como por los que han aportado sus escritos recientemente (Abimael Guzmán).

(…)

Comentario: Alucinante. El “capitalismo burocrático” resulta ahora que es un gran aporte de Abimael Guzmán a las ciencias sociales, válido no sólo para la realidad peruana, sino también para la española (ver Investigando la España semifeudal). Por favor, señores.

A diferencia de Ayacucho, un departamento muy pobre en nuestro país, Canarias no es una comunidad autónoma pobre en España (ver este documento). Su PIB per cápita está ligeramente por debajo de la media española y crece algo por encima del crecimiento español. Estamos hablando de gente que tiene niveles de vida del primer mundo, con todas las comodidades que eso conlleva.

La pobreza no puede estar generando este tipo de ideas en este subconjunto de académicos canarios, geógrafos e historiadores ellos/as. Estos académicos parece que viven en un microclima intelectual, donde las ideas y discursos de Guzmán son tratados con veneración en creyendo que tienen un gran valor analítico. Se pensaba que eran la pobreza, el atraso y la falta de información las que impulsaba este tipo de ideas, pero ya vemos que en un país del primer mundo, década y media después de la captura de Guzmán, después de tanta sangre derramada en el Perú, se acogen como válidas y hasta “novedosas” las ideas del fundador de Sendero Luminoso, como de varios de sus seguidores.

Como dirían los españoles, flipante.

1. El grafico basado en Figueroa (2002) muestra concentración de propiedad, lo cual es muy diferente al concepto de concentración de mercado, tal cual como es referido en el primer punto. El primer caso habla en términos de la distribución de la riqueza; mientras que en el segundo, se habla en términos de competitividad. En ese sentido, desde una perspectiva de competencia, se denomina colusión a una situación en la cual dos o mas empresas pertenecientes a la misma industria se ponen de acuerdo para obtener beneficios mutuos. El objetivo detrás de la colusión es ganar poder de mercado, de forma que las empresas puedan operar lo mas cercanamente a un monopolio y gozar así las ganancias extraordinarias que este genera. Pero ese poder de mercado solo puede ser ejercido efectivamente dentro de una industria específica, la cual no siempre es tan fácil de definir. Por ello, no veo como empresas pesqueras podrían “coludirse” con empresas mineras o con un banco, ni como esta “colusión” podría resultar en barreras a la entrada efectivas a otros competidores dentro de sus respectivos mercados. ¿Como así se podría hablar de colusión si las empresas de propiedad compartida, tienen giros y mercados totalmente diferentes?

La colusión es la práctica anticompetitiva más difícil de probar en los tribunales de competencia, debido justamente a la complicada tarea de definir el “mercado”, así como a la escasez de pruebas fehacientes para demostrarla. Por eso, considero que el gráfico no es suficiente para afirmar colusión tan tajantemente, pero si para señalar posibles condiciones favorables a ello. En otras palabras: la colusión sería la hipótesis propuesta a raíz del gráfico; no así la conclusión.

2. De acuerdo con lo señalado en cuanto a la influencia política. Sin embargo, me gustaría realizar una lectura quiza un poco diferente al respecto.

En todos los países del mundo, siempre hay un sector de la población que cuenta con mayor poder económico que el resto de habitantes. La dimension de dicho poder es relativo, obviamente varía, y por ello hay países mas desiguales que otros. Sin embargo, el concepto de desigualdad económica es diferente al de desigualdad política. Contrariamente a lo que se acostumbra señalar en las discusiones locales (me remito a la blogosfera), no siempre están yuxtapuestos. Al respecto, existe evidencia empírica que demuestra que el poder económico no siempre se traduce de forma efectiva en poder político; así mismo, esta evidencia muestra que la intensidad de dicha relación, se encuentra negativamente correlacionada con la fortaleza de las instituciones democraticas (1). En ese sentido me parece pertinente cuestionar los argumentos que confunden desigualdad económica y desigualdad política a secas, e incluso ir mas alla: la hipótesis –al menos más elaborada que la anterior- que establece una relación de causalidad de la desigualdad económica hacia la desigualdad política, también deberia ser cuestionada y revisada. Esta relación bien podría ser inversa; si acaso también, simultanea.

Al punto al que quería llegar es el siguiente: hace falta estudiar como se afectan el poder politico y el poder economico en el Perú, tomando en cuenta la naturaleza diferente de ambas. Solo así podriamos responder hasta que punto la corrupción, el mercantilismo -o como dirian otros, la privatización del estado- se debe a que hay gente rica, o muy rica; y hasta que punto se debe a que tenemos instituciones débiles y corrompibles. Hace falta analizar este problema de forma académica, imparcial y desapasionada para saber en que deben concentrarse los esfuerzos. Ello, necesariamente implica cuestionar algunos paradigmas, como el pensar que la desigualdad economica es negativa per se, o que esta sea la sola causante de la desigualdad politica, y no lo contrario…

(1) Existe una creciente literatura económica reciente al respecto. En varios trabajos, Daron Acemoglu por ejemplo, demuestra que esta relación es mas intensa en países de pasado colonial.

El poder económico en el Perú 1992-1998.

Red construída por un lector a partir de Adolfo Figueroa (2002) que utilizó datos de CONASEV.


Hacer click en la imagen para ampliarla.

A partir del post Los dueños del Perú no gubernamental (ver primera Actualización en ese post), recibo este email de un lector, peruano, doctorando en sociología en una universidad americana:

Silvio,

Despues de escribirte ayer y referenciarte esos dos links me quede con la duda de como visualizariamos los grupos economicos peruanos usando una perspectiva de redes sociales. Asi que me anime a usar datos que recorde estaban disponibles en un paper de Adolfo Figueroa (2002). Figueroa recolecto datos de la Conasev del periodo 1992-1998 para elaborar una matriz de las elites economicas (familias) que comparten el acionariado y la direccion de las 40 empresas rankeadas como las mas importantes segun su volumen de ventas en el Peru en el periodo indicado. Una explicacion mas detallada la puedes encontrar en el paper que te adjunto y que tal vez hayas visto.

La matriz de datos la use como insumo para “visualizar” cual es la estructura de relaciones entre las familias y aproximarnos a la idea de los grupos de poder. Lo que puedes observar del grafico (ver archivo en formato jpg adjunto) confirma las ideas planteadas por Figueroa menciona en su texto sobre la existencia de al menos 3 grupos de “familias/elites” economicas. Un primero grupo, el mas importante, constituido por las familias altamente interconectadas y que compartian la posesion (asientos en el directorio) y, eventualmente, la conduccion de las empresas (gerencias). La ubicacion central de los nodos mas conectados Fort, Romero, Moreyra, De la Puente, Berckemeyer ofrece una idea de la importancia que tenian estas familias (nota que el numero de nodos con quienes se conectan es 13 o mas mientras que la media conectividad es de 7.3).

En particular los Fort y los Romero muestran los valores mas altos en varios indicadores como conectividad, cercania e intermediacion. Usando otras medidas es posible caracterizar mejor algunos de las familias y el role que juegan.

El segundo grupo interconectado pero periferico son las familias con intereses en pesqueria que forman un pequeno grupo entre si (Galski entre otros). Es interesante notar como es que dentro del primer grupo de empresas interconectadas es posible encontrar familias con los Wong_Lu o los Michell que siendo “perifericas” pues estan en pocos directorios compartidos estarian mejor conectados que los pesqueros pues eventualmente estan en capacidad de acceder/movilizar recursos/contactos por las potenciales conexiones podrian alcanzar con aquellos miembros del directorio. Me hace recordar un poco esta idea de Mark Granovatter sobre “the strenght of the weak ties” donde los sujetos menos centrales tienen la posibilidad de beneficiarse mas de la movilizacion de recursos (si bien el ejemplo se aplica a individuos en busqueda de trabajo, pero el principio podria ser el mismo).

El tercer grupo que este autor encuentra esta constituido por empresas aisladas para las que una pregunta empirica interesante seria preguntarse si las empresas mas grandes pueden “sobrevivir” en situaciones de aislamiento o si cierto nivel de conexion es necesario. Mira los casos de familias como los Lucioni (Carsa) o Cogorno (tomada por Alicorp). Ikeda seria la excepcion. o se mucho acerca de las otras familias.

Como nada es estatico con todo lo que ha pasado en la ultima decada imagino que las diferencias con un grafico similar para el 2008 deben ser abismales. Dos que menciona Durand me vienen a la mente: el efecto del cambio en la composicion del accionariado por el peso del capital foraneo y el recambio generacional, con los descendientes comenzando a tomar progresivamente el control de las empresas como en los casos de los Romero, Onrubia, Benavides.

Un idea que se deriva de todo lo anterior es cuan endogamicas son estas familias interconectadas y si esta conducta endogamica tiene algun efecto sobre las posibilidades de lograr mayor cohesion al interior del grupo y de movilizar recursos en favor de los nuevos miembros. Recuerdo aunque no con detalles un articulo en el American Journal of Sociology que discutia el tema, usando como las familias italianas (tal vez venecianas) organizaban los matrimonios con otras familias nobles europeas en funcion e los recursos a los que podrian acceder.

Reiterando lo que te dije ayer, hay un camino interesante a seguir.

Un abrazo,

M

PD: Por pura disgresion me pregunto que veriamos si alguien armara una matriz
con las citas y/o menciones que autores literarios hacen entre si (citan los
Andinos a los Criollos y viceversa?).

Referencias:

Figueroa, Adolfo. 2002. Economic Elites and Social Capital. Documento de
Trabajo 214. http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD214.pdf

Comentario: Muy motivador.

1. Efectivamente, en el país no sólo hay una gran concentración, sino también una gran interconexión entre las diversas grandes empresas. Mal podemos hablar de una estructura competitiva. La colusión es muy grande, y quienes la pagan son los consumidores en general.
2. La influencia política de estos grupos interconectados es obviamente sustancial, en todas las esferas de la vida social.
3. Y claro, este análisis puede extenderse a otros sectores, como el no gubernamental (directorios de ONGs y fuentes de financiamiento), o como bien señala el lector, a los escritores y escritoras, en base a las citas que se hace mutuamente. Mi sospecha es que en las ONGs veríamos una maraña similar a la encontrada por el lector, mientras que entre los escritores veríamos dos marañas claras e identificables: por un lado los “andinos” y por el otro, los “criollos”, eso sí con menos concentración y muchos escritores “independientes”, que acaso sean la gran mayoría….

La miel y el ron para nuestro lector.

Comentarios antiguos

No parece que en otros países se recibiera este fenómeno con el optimismo con que fue recibido en el Perú, donde surgió, tardíamente, toda una producción intelectual casi futurista sobre los migrantes. Vale la pena citar este trabajo de Romeo Grompone al respecto:

Antes que la teoría aparecen las metáforas y los personajes arquetípicos. En una sociedad urbana sometida a un proceso acelerado de cambios existe la tentación de buscar atajos, de llegar por fin al imprevisto camino que evite las confusiones y ayude a sortear las dudas. Primero acuden las metáforas. Los informales han trazado otro sendero emprendiendo una larga lucha por la propiedad privada, ampliando los márgenes de la economía de mercado ya acorralando a un Estado mercantilista. Otras veces, ellos provocan el desborde popular defindiendo nuevas reglas y construyendo nuevas instituciones. Los ayer marginalizados están marginando al Estado porque los migrantes invasores impusieron su estilo en todos los predios de la política y la sociedad. Los mismos migrantes descienden ahora del caballo de Troya “a paso de vencedores”, porque son guerreros pacientes y decididos y les toca enfrentarse a limeños que han olvidado las artes del combate, conformes con obtener un puesto seguro o recibir los favores de los gobiernos, la opción por una vida sin riesgos y sin posibilidades. En los nuevos barrios estos pobladores son los conquistadores de un nuevo mundo por obra de sus luchas individuales y colectivas. El triunfo esta vez ha sido lograr la democratización de la sociedad, afirmando sus derechos y adquiriendo así una identidad ciudadana que restringe los márgenes de la manipulación y control de las élites.
(…)
Pero repasemos otra vez los títulos: El otro sendero, Desborde popular y crisis del Estado, Los caballos de Troya de los invasores, Estrategias campesinas de conquista de la gran Lima, Conquistadores de un nuevo mundo. De invasores a ciudadanos en San Martín de Porres. Aires de epopeya y de canción de gesta se escuchan en una década de severa crisis económica, extensión de la pobreza urbana y rural, violencia política, tambaleante afirmación de la democracia por una débil institucionalización.
En “De Marginales a informales”, DESCO, 1990.

Efectivamente, en los ochentas cuando el país estaba en franco deterioro surgió toda esta literatura futurista, de “canción de gesta” (1). Es tal vez lo que Gustavo Faverón calificó en este post de “sociología feliz”. El Titanic se hundía y los músicos seguían tocando…

Pero el tema no sólo era esta actitud de exaltación que llamaré “desbordepopulista”. Las grandes migraciones a Lima ya se habían producido en los cincuentas y sesentas, al menos veinte años antes de esta exaltada producción intelectual. Y hubo gente que en tiempo real la vio. Ya había “Poder y sociedad en el Perú contemporáneo” de Francois Bourricaud. Ya Arguedas hablaba con esperanza de la presencia andina en Lima. El Perú pre-velasquista ya era un Perú urbanizado, de migrantes, en ebullición social. En esa ocasión los migrantes venían a estudiar, con lo cual desarrollaron un renovado movimiento estudiantil, y a trabajar, con lo cual impulsaron un vigoroso movimiento sindical. Sin embargo, este cambio no fue suficiente para entonces hablar de un nuevo Perú, al menos de la manera cómo se habló después.

Veinte años después, en plena crisis, algunos autores redescubrieron las grandes migraciones y sus nuevos personajes. Parecía que se quería creer en algo. El Perú había cambiado mucho ya. Llegaron tarde con su análisis. El tema es que es siempre estamos ante un cambio que no acaba de ocurrir o que no nos lo acabamos de creer. Llevamos cambiando desde hace tanto tiempo que ya parece que no acabamos de cambiar…

Es un tema en permanente vigencia. Veinte años después de los ochentas, en forma verdaderamente extemporánea, se sigue exaltando el asunto. Cito como ejemplo este post de Martín Tanaka sobre el tema del racismo:

Yo propongo ver el asunto desde el punto de vista que podrían tener los migrantes andinos que tomaron todas nuestras ciudades y que en pocas décadas hicieron que nuestro país pasara de ser rural a urbano. Vistas las cosas desde este ángulo, que involucra a la mayoría de peruanos, creo que lo que llama la atención es el avance social, la ocupación progresiva de espacios físicos y simbólicos que antes les estaban vedados. Que queda mucho camino por recorrer, cierto; que los avances han sido tortuosos y basados en estrategias defensivas, también. Pero el avance ha sido impresionante.

Seguimos con el asunto de la migración. Tenemos que comparar la situación actual con la situación premigratoria. Con tal horizonte posiblemente entonces nos impresionemos por la expansión y consolidación de la ciudad y el aparente progreso material de su población. Pero no era ese el tema, sino, en este caso, el racismo. Se habla de “avance impresionante”, porque los migrantes acceden a espacios antes vedados. Antes accedieron al centro de Lima, pero las élites ya se habían ido de allí. Una familia rica se fue de su antigua casona del centro de Lima; ahora la ocupan varias familias pobres. ¿Es ese el avance? Ahora en Miraflores se ve relativamente menos gente blanca y más gente mestiza. Gran avance. Ya, pero la nota ya no es Miraflores, sino Asia, donde hay zonas en que te dirán algo si eres “morenito”. Es como si se celebrara porque gente de estratos pobres ahora vaya a La Herradura. Ya fue. Es como los goles de Cubillas (2).

Los espacios físicos y simbólicos están en permanente cambio. Surgen nuevos lugares “in”, otros decaen y se vuelven “out”. Una ciudad que pasa de menos de un millón a siete millones de habitantes obviamente que sufre un proceso de expansión-sucesión. Para hablar de avance habría que tener una métrica que así lo evidencie. ¿Avance económico? No queda claro. Los ingresos urbanos llegaron a su pico a medidos de los setentas; toda la década de los ochentas estuvo por debajo de ese pico. Recién ahora estamos recuperando ese nivel (3).

Y si vamos a meternos de verdad en “el punto de vista de los migrantes andinos”, éstos no están pensando en cincuenta años atrás. Tal vez la primera generación sí tenga una actitud de aprecio de los cambios sufridos, pero la siguiente generación ya no tanto. Ellos quieren lo que quiere todo el mundo y cualquier impedimento para lograrlo, y no sólo lograrlo sino intentarlo, es muy restrictivo y frustrante (4).

La actitud “desbordepopulista” ante el país, paradójicamente, por más que se presenta como de un temperamento futurista, es un caso particular de una actitud pasadista. Es estancarse en un pasado de supuestos cambios y estar siempre volviendo al Perú de mediados del siglo pasado. Es el complemento del discurso de la eterna “herencia colonial” de la cual nunca salimos ni saldremos. Una exaltación de un cambio que sólo tiene sentido si hay permanencia en la memoria de una época pasada que es nuestro referente obligado. Tendríamos que aspirar a otro referente, un poco más exigente y que n
os haga pensar verdaderamente en un futuro mejor.

Chayllam.

_____

(1) La observación de Grompone, lamentablemente, pasó relativamente inadvertida, pues estuvo empotrada en un artículo que tenía otro propósito, evaluar “Las lecturas políticas de la informalidad”.

(2) Algunas preguntas. ¿Es que el racismo no puede cambiar y tiene que ser el mismo de hace cincuenta años? ¿No se puede hacer más sutil, pero igualmente dañino? Una cosa es mutación y otra es atenuamiento del racismo. Los “migrantes andinos que tomaron nuestras ciudades”, ¿pueden ser racistas? Por ejemplo, ¿entre ellos? ¿con otros? En la explicación de Martín Tanaka pareciera que la presencia de migrantes es evidencia de que el racismo decae en el país ¿es esto así?

(3) En realidad, una evidencia importante, y poco citada, sobre este tema es el trabajo de Hugo Ñopo ¿Machistas o racistas? en que encuentra que no hay discriminación racial en el mercado de trabajo peruano.

(4) A todo esto, notemos lo centralista y limeña que es esta visión. ¿Y qué pasa en todo el Perú?

Hablando del “desborde popular”, va la primera escena de “Octubre” de Serguei Eisestein:

Y esta escena en que el poder del zar se reconstituye…

Mucho “desborde”, pero las cosas no acaban de cambiar…

Comentario al post de Hugo Ñopo

Como se podía leer en el primer párrafo del post de Hugo, no hay evidencia de discriminación racial en los mercados de trabajo en el Perú. Esto se puede decir, limitándonos a las estrategias empíricas utilizadas por la investigación económica hasta ahora. Sin embargo, dado que la discriminación no es un fenómeno de naturaleza netamente económica y además, no se cuentan aun con métodos certeros para medir la productividad de las personas, creo que la evidencia encontrada hasta el momento no podría ser concluyente. Incluso en el mercado de trabajo. Esto, porque no se ha logrado diseñar aun, estrategias empíricas que recojan todos los componentes no observables mencionados, ni tampoco explicar porque hay un 20% que se ha sentido alguna vez discriminado por origen étnico.

Estoy totalmente de acuerdo en que se suele atribuir a la discriminación racial, ciertas diferencias en el mercado de trabajo que podrían deberse en realidad a diferencias en capital humano. Lo cual me dice tácitamente (y corrijanme por favor si me equivoco) que los empleadores discriminan definitivamente por productividad, pero también por capital humano, como señal de productividad. Sin embargo, dada la asimetría de información que enfrentan los empleadores, y todas las cifras presentadas sobre acceso a educación departe de algunos grupos étnicos, frente a información incompleta, ¿no sería el origen étnico, un predictor de capital humano para algunos empleadores? Considero que en el caso del mercado de trabajo, la discriminación racial (si existiera) surge inicialmente en la mente del empleador, y depende de la valorización que éste tiene, respecto a cada grupo de origen étnico diferente al suyo. Así, podría ser que existieran empleadores que discriminan por origen etnico, en un intento de discriminar por productividad; y otros que discriminan simplemente por origen étnico.

Por otro lado, en el caso del trabajo experimental realizado en GRADE, me sorprendió gratamente la identificación de auto-discriminación a través de menores expectativas de salarios, en el caso de las mujeres . Realmente, mis felicitaciones, considero un gran logro identificar y cuantificar un fenómeno de esa naturaleza (son ese tipo de cosas que la ciencia económica puede realizar y otras ciencias sociales no, las que hacen que me apasione la carrera!). Sin embargo, podríamos pensar el fenómeno de auto-discriminación también para el caso de discriminación racial.

En el mismo experimento, los empleadores que recibían a los empleados previamente seleccionados por el ministerio, veían en cierta medida aliviado el problema de información asimétrica. Se podia esperar que los empleados al ser pre-seleccionados, sean similares en productividad independientemente de otras características. Así, un empleador que discrimina por productividad, no tendría que recurrir a otros indicadores posibles de capital humano (como el origen étnico) para seleccionar a sus empleados. De forma similar al caso de género, podría ser que la auto-discriminación en el caso de origen étnico, haya hecho que exista un grupo de gente que ni siquiera se presente a las entrevistas del ministerio, por la creencia que de llegar a las empresas, serían discriminados, lo cual podría dejar abierta la posibilidad de que la muestra del experimento no sea suficiente para obtener resultados concluyentes. Pero tal como fue señalado, el estudio experimental no tiene cobertura nacional (urbana) como los estudios previamente referidos. Aún así, la innovación y la audacia del enfoque lo convierten en un gran paso hacia las respuestas a las preguntas planteadas, y marca definitivamente, un hito en los estudios de discriminación y mercado laboral. Tenemos muchas preguntas por responder, por lo cual, aún queda mucha investigación por realizar.

No veo razón para tanta mala sangre. Si un subconjunto de escritores quiere escribir, por ejemplo, sobre una mansión oligárquica limeña o sobre un colegio militar, y otro sobre las corridas de toros en Puquio, que así sea. No hay temas mejores que otros. Como lector leeré lo que más me llame y ya. Fue muy amarga la polémica entre Arguedas y Cortázar y no nos condujo a mucho. Sí, hay lamentablemente mucho maltrato de por medio. Neruda maltrató al parecer a Vallejo, Palma y González Prada se dijeron la vela verde, y así sucesivamente. Hay mucho desprecio acumulado y fácilmente sale a flote. En mi opinión, y esto vale para todo, lo que manda es la calidad de una producción académica o artística. Un mal trabajo seguirá siendo malo así lo publiciten en cadena todas las emisoras televisivas y quieran sancionar que es bueno. Un mal trabajo seguirá siendo malo también si queda fuera de la promoción mainstream. El que un trabajo haya sido “puenteado” o rechazado de la promoción publicitaria tampoco lo hace automáticamente bueno. Que tendencialmente los mejores trabajos sean los que tengan más publicidad y reconocimiento es lo que uno esperaría, pero en nuestro medio tan “mercantilista” y prebendario eso no siempre ocurre. Es normal entonces que haya un grupo de profesionales que pitee y quiera su lugar bajo el sol mediático. No conozco sus obras y a priori mal me puedo pronunciar sobre la calidad de su producción. Considero sí útil y aleccionadora la pluralidad, el aprendizaje de múltiples fuentes. Incluso de los trabajos malos uno aprende algo. Por ejemplo, no me gustó “Yawar Fiesta”, ni “Todas las sangres”, ni “El zorro de arriba y el zorro de abajo” ni “El Sexto” de Arguedas, pero me aportaron mucho en conocer algo más del Perú (En realidad prefiero de lejos al Arguedas antropólogo, sociolingüista y educador al Arguedas escritor, pero ese ya es otro tema).

Vinculando el tema a las ciencias sociales y a la sociología de los intelectuales, en literatura es meridianamente claro que sí tenemos varios pesos pesados de nivel internacional y de múltiples estilos. En economía, y creo que en general en las ciencias sociales, a pesar de avances apreciables, nos falta mucho para llegar a ese nivel. Espero que cuando lleguemos no tengamos estos amargos debates, plagados de ataques personales.

En Miami al comienzo del régimen de Fujimori se hizo un encuentro similar, salvando las distancias, al de Madrid, sobre economía peruana, con economistas peruanos y extranjeros. No tuvo tanta trascedencia como el de los literatos. Arguedas decía refieriéndose al primer mundo algo así como “puede que nos ganen en técnica, pero en artes no nos ganan”. Ahistá, pues. Es la literatura y no la economía la que nos mueve y donde tenemos mejores exponentes.

Tal vez una división social similar a la del debate literario sea la de los sociólogos hace dos décadas. En un encuentro de sociología (¿en Arequipa?) la mayoría de sociólogos (y entre entre estos la mayoría era provinciana) caracterizaba a la sociedad como “semi-feudal”, mientras que la minoría caracterizaba a la sociedad peruana como “capitalista” (y dentro de estos últimos la mayoría era limeña/costeña). Una división de origen, racial y social similar a la del debate literario. Unos tocaban la trompa del elefante, otros la cola.

Y en antropología por lo visto pasa (o pasaba) algo parecido, los “limeños” problematizando y hasta cuestionando a las instituciones comunitarias andinas y los “andinos” defendiéndolas y reinvindicándolas. (Efraín Morote de la Universidad de Huamanga, defensor de las instituciones comunitarias andinas, en un congreso nacional de antropología sorpresivamente explicó que un puente construído mediante trabajo comunal tiene un efecto negativo para la comunidad. Beneficia más al campesino rico que al pobre, genera diferenciación campesina. No todo lo comunitario es bueno. Claro, con esa lógica Sendero Luminoso va y se vuela el puente y aisla a la comunidad campesina que por trabajo comunitario busca la comunicación con las ciudades intermedias de su región…Una lógica económica de aislamiento que no hace sino perpetuar la pobreza…)

Pues sí, estoy seguro que entre los pintores, cocineros, cineastas, matemáticos, futbolistas, ingenieros, arquitectos, modelos, vedettes, animadores y animadoras, abogados, notarios, médicos, cómicos, también se da esta dicotomía social, de clase, de origen, racial. Los literatos han sido sí los más explícitos en ventilar el tema. No sé si han llegado muy lejos, no suena, pero lo han puesto en el centro del debate… ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Descubrir que hay diferencias sociales y que éstas importan no es descubrir mucho. Algo constructivo que nos haga avanzar.

Actualización: Descubro un interesante trabajo de Javier Garvich Apuntes para una sociología de la literatura nacional contemporánea donde nos explica sobre la gran producción literaria que se viene desarrollando a lo largo y ancho del país, al igual que nos ratifica la división social mencionada arriba:

Tendríamos entonces a un puñado de escritores criollos, promocionados por los medios de comunicación, benévolos ante los poderes fácticos, ligados a dos o tres universidades limeñas y con estrechos contactos con los aparatos culturales del extranjero.
(…)
En el otro bando tendríamos a los escritores del interior (escritores andinos como se suelen llamar ellos mismos) que escriben sobre la realidad del país, reflejan la pluralidad cultural, lo hacen con técnicas narrativas aceptables, pero con las puertas invariablemente cerradas.

Bueno, además de constatar la división social, ¿qué debemos hacer? Posiblemente, aquí es donde se deba proponer más canales de integración, más becas de estudios, más recursos y más diversificados, más eventos conjuntos, más intercambio. En fin, algo constructivo que se pueda hacer. El BCR tiene un buen programa de extensión para Lima y para provincias, y funciona. Tiene un excelente curso de extensión y es diversificado. No es que los limeños acaparen todas las plazas y dejen sin espacio a los economistas de provincias. (También basta ya de decir que todo lo que tenemos está mal. El BCR ha sido una centro de selección, formación y reasignación de profesionales calificados en el país. Quisiéramos que siga siendo así, que mejore, y que haya más instituciones similares) ¿Se podría hacer algo así con los escritores? De hecho, hoy en día son los gobiernos regionales los que tienen control de una buena parte de los recursos. Tal vez las actividades artísticas y culturales deban también ser apoyadas por estos gobiernos y es la ciudadanía de las regiones la que deba jugar un rol fiscalizador. Pongo otro ejemplo. En la Argentina la Universidad de Tucumán fue pionera en tener un convenio internacional con la Universidad de Chicago. Por supuesto que me refiero a economía. Esto dio origen a un fluído intercambio académico, sin tener que pasar por Buenos Aires. ¿Qué le impide a una universidad del interior del país buscar este tipo de canales? Así estaría también en los
circuitos internacionales. Ya, seguramente no quieren con Chicago porque son “neoliberales”. Tons, ¿con quién? Digan con quién sí quieren y trabajen por ello. En Chile está el convenio ILADES-Georgetown, una vez más en economía. ¿Se podría hacer algo así en el Perú? Seguro que sí, pero, por favor, vale más una idea, una iniciativa, que seguir flagelándonos con nuestras sempiternas divisiones sociales.

El autor concluye con lo siguiente:

Ojalá se abrieran canales de movilidad y diálogo entre los diversos sujetos de nuestra rica literatura nacional. Pero soy pesimista. El proyecto del Perú mestizo, de la “Nación en formación” ha fracasado a todas luces. Las ilusiones de una futura mixtura entre diversas voces, de un discurso polifónico más o menos armónico que pueda cuajar en la sociedad peruana son ya ilusiones baratas. Los futuros proyectos están por venir, las futuras alianzas o las futuras guerras aún no se han suscrito, pero pueden haberse escrito. El Perú, como casi siempre, es otra vez un gran libro abierto

Bueno, si el Perú no es una mixtura entre diversas voces, ¿qué es? Si fracasamos en la construcción de nuestra entidad nacional, pues nos levantamos y seguimos intentándolo. No veo por qué se deba calificar de “ilusión barata” a buscar la armonía en la diversidad en el Perú, y tener que hablar con tono esperanzado de “futuras guerras” (Atatau! Imamanta chay runacha rimachkan?! Manam wañuyta munanchikchu; llamkaytallawan yachaytallam munanchikqa.) Esperemos que el autor nos brinde algunas pistas sobre a qué se refiere con esta frase, pues guerras ya hemos tenido, no nos han conducido a nada bueno y no las queremos.

En otros paises la actividad academica esta inevitablemente vinculada con la docencia, pero ese no es necesariamente el caso en las ciencias sociales en el Peru. En este post hare referencia a la actividad academica entendiendola como investigacion, dejando el tema de la docencia para otra ocacion. Asi mismo, me limito a comentar humildemente lo que veo actualmente como alumno desde la carrera de Economia.

A diferencia de otras ciencias sociales como Sociologia, Antropologia o Ciencias Politicas, las promociones en economia suelen ser 3 o 4 veces mas extensas. Es mas, se puede decir que el grueso de los cientificos sociales que produce la facultad actualmente son economistas: de casi 650 alumnos en el ciclo 2005-II, casi 100 eran de Antropologia, poco mas de 100 de Sociologia y el resto eran de Economia. Dado el gran numero de alumnos en esta ultima disciplina, los profesores nunca o casi nunca pueden llegar a conocer a todos los alumnos, y son ademas contadisimos -sino excepcionales- los casos de estudiantes que son hijos de exalumnos que pueden estar vinculados amical, ideologica y/o generacionalmente a los profesores.

Esta simple diferencia en la cantidad de estudiantes, genera asimetria de informacion entre alumnos y profesores. Todos los alumnos conocen al profesor, pero el profesor no conoce a todos los alumnos. Ademas, los que son profesores no son necesariamente los mismos que trabajan en los centros de investigacion, y por lo tanto, no son los mismos que contrataran a los noveles aspirantes a investigadores. Esto posiblemente ha permitido que el proceso de incersion en el mundo academico de esta disciplina, pueda responder más a criterios como el de competencia y el de meritos que al de la “vara” o el collerismo. En otras palabras, los empleadores academicos no necesariamente conocen a los candidatos y enfrentan cierto grado de incertidumbre a la hora de escoger, que los lleva a utilizar criterios de evaluacion.

Sin embargo y debido tambien al gran numero de alumnos, las diferencias entre los “mejores” y “peores” candidatos pueden ser lo suficientemente saltantes como para facilitar la identificacion de aquellos con potencial, de aquellos que no. O sea, existe espacio para la diferenciacion, para la competencia y por lo tanto, para el concurso laboral. Cosa que no se si sucede en otras ciencias sociales con numeros mucho mas reducidos de alumnos y profesores. Me pregunto: ¿Que sucede cuando un investigador tiene que escoger a su asistente entre una reducida cantidad de buenos, o muy similares candidatos? Siendo tan pocos ¿Que tan facil sera la identificacion de los mas capaces en primera instancia? Puede que al investigador no le quede otra opcion que recurrir a otros criterios, como aquellos mencionados “ajenos a la meritocracia”.

Por otro lado, el aspirante a economista de la catolica no solo compite con los de su misma facultad, si no tambien con los de otras universidades igualmente buenas o incluso mejores. Puede parecer contradictorio, pero a la vez que tienen competencia, los estudiantes o recien egresados de economia cuentan tambien con un mercado laboral amplio y en expansion, por lo que no les sera dificil encontrar alternativas al mundo academico. Me pregunto en cambio, ¿Cuantos puestos para las otras disciplinas sociales se crean, y con que frecuencia? No queria decirlo en terminos economicos, pero ¿A que velocidad crece la demanda de cientificos sociales no-economistas en el Peru? ¿Cuantos nuevos espacios se crean para estas disciplinas anualmente?¿Cuanta gente se demandara, y a cuanta gente se esta preparando? La “vara” y la colleria podria ser un problema, reflejo de la dinamica de las disciplinas mismas. Si existieran los incentivos y las condiciones para la competencia, inevitablemente habria mas espacio para la meritocracia. Si se quejan de que no existe competencia justa, deberian preguntarse si existen realmente las condiciones para esta.

Ademas de los posts y el comentario mencionado, hoy en el panel de la Facultad pude leer un comunicado que llamo mi atencion y fue el que finalmente motivo la reflexion y las ideas aqui expuestas. Se trataba de un vistoso anuncio señalando una invitacion para el dia de hoy, Viernes, donde la Decana de la Facultad y la Jefa del Departamento de Ciencias Sociales, iban a hablar sobre el espacio y el futuro de las Ciencias Sociales en la Pucp. Personalmente, expandiria un poco mas la pregunta y la dejo abierta a comentarios: ¿Cual es el futuro y el espacio de las Ciencias Sociales en el Peru?

Definitivamente, un tema para reflexionar.