1. Los jóvenes economistas turcos
Hay toda una pléyade de economistas turcos, muchos de ellos relativamente jóvenes, con influencia creciente en la profesión. Surgió tras años de formación en universidades principalmente estadounidenses. Es una nueva guardia de cientistas sociales, siendo uno de los más conocidos Daron Acemoglu (que resulta que se pronuncia “Ashemoglu”, como una “y” argentina), quien de alguna manera conserva las preguntas y problemáticas de la vieja guardia con los métodos y formalizaciones de la nueva. Una lograda síntesis.

2. Capital humano y crecimiento
En su curso de macro en NYU Jess Benhabib, verlo en este video, explicaba la relación entre capital humano y crecimiento. La teoría del crecimiento incide en la importancia de la inversión en capital humano en el crecimiento. Sin embargo, esta relación no se acababa de verificar empíricamente en datos de países en el mundo. Para racionalizar este resultado mencionó a su país, Turquía, que tiene un gran estado burocrático que absorbe el capital humano que no acaba repercutiendo en un mayor crecimiento. Esto había sido estudiado muy bien por Caglar Keyder, quien hace un análisis del estado otomano, resulta que bajo un enfoque estructuralista-dependentista.

3. Una suerte de Quijano o Cotler turco
Como me dio curiosidad la mención, saqué su libro principal de la biblioteca, “Estado y Clase en Turquía”, aquí. Keyder es un sociólogo, ver aquí, seguidor de los planteamientos de Fernando Henrique Cardoso. Ya nomás el nombre de su libro es una suerte de “Clases, Estado y Nación” de Cotler, pero de Turquía, analizando el surgimiento del estado turco y del nacionalismo turco. El libro es fascinante y revelador, pues es un interesante contraste con lo que tuvimos en el Perú.

4. Reloj estropeado
Una vez conversando informalmente con Efe Ok, cuya especialidad es la microeconomía, aquí, le comenté sobre la mención de Benhabib a Keyder. Su visión en ese momento fue algo menos complementaria y más de contraste. En Turquía Keyder es muy venerable y respetable, pero no es para nada un gurú “que siempre tiene la razón”, como ocurre con sus homólogos peruanos. Me refirió que hubo un congreso en Turquía en que Keyder fue muy criticado por jóvenes cientistas sociales. Al parecer le dieron con palo, ante lo cual Keyder se defendió diciendo algo así como: “Vale, ustedes tienen razón en mucho de lo que dicen y yo ya fui. Soy como un reloj estropeado. Pero ojo: dos veces al día doy la hora exacta”. Esto fue aceptado y celebrado cordialmente por sus críticos.

Sigue siendo una fuerza política importante porque la minoría social beneficiada y surgida con el fujimorismo sigue gobernando el país:

- las grandes empresas privatizadas por Fujimori,
- los grandes empresarios beneficiados por Fujimori,
- la tecnocracia en el aparato del estado, que no se ha movido del gobierno,
- los grandes empresarios de comunicación, comprados al peso por Montesinos (con sus periodistas, analistas, lobbistas, comediantes, conductores de shows en vivo y farándula propia),
- el clero ultraderechista con su cristianismo de los ricos y poderosos,
- los sindicalistas comprados, que hacen la finta de defender a los trabajadores,
- etc., etc.

Como el tinglado de base continúa vivito y coleando, su expresión política tiene aire para rato.

Si de verdad se quiere acabar con el fujimorismo, se tendrá que desmontar el poder de todo este andamiaje.

El derecho de los productores es proporcional al trabajo que han rendido; la igualdad, aquí, consiste en que se mide por el mismo rasero: por el trabajo.

Pero unos individuos son superiores, fisica e intelectualmente a otros y rinden, pues, en el mismo tiempo, más trabajo, o pueden trabajar más tiempo; y el trabajo, para servir de medida, tiene que determinarse en cuanto a duración o intensidad; de otro modo, deja de ser una medida. Este derecho igual es un derecho desigual para trabajo desigual. No reconoce ninguna distinción de clase, porque aquí cada individuo no es más que un trabajador como los demás; pero reconoce, tacitamente, como otros tantos privilegios naturales, las desiguales aptitudes individuales, y, por consiguiente, la desigual capacidad de rendimiento. En el fondo es, por tanto, como todo derecho, el derecho de la desigualdad. El derecho sólo puede consistir, por naturaleza, en la aplicación de una medida igual; pero los individuos desiguales (y no serían distintos individuos si no fuesen desiguales) sólo pueden medirse por la misma medida siempre y cuando que se les coloque bajo un mismo punto de vista y se les mire solamente en un aspecto determinado ; por ejemplo, en el caso dado, sólo en cuanto obreros, y no se vea en ellos ninguna otra cosa, es decir, se prescinda de todo lo demás. Prosigamos: un obrero está casado y otro no; uno tiene más hijos que otro, etc., etc. A igual trabajo y, por consiguiente, a igual participación en el fondo social de consumo, uno obtiene de hecho más que otro, uno es más rico que otro, etc. Para evitar todos estos inconvenientes, el derecho no tendría que ser igual, sino desigual.

P.S. Más sobre esta crítica a este igualitarismo, y el autor del párrafo, puede verse aquí.

¿Que hay violaciones a los derechos humanos en los Estados Unidos o en Canadá? ¿Que violan los derechos de los indígenas y las cortes estatales y federales ratifican tales violaciones? ¿Que cambian las leyes estatales para reducir la representación de la gente más pobre y las minorías? Los ciudadanos de esos países no pueden acudir a la CIDH pues ni EEUU ni Canadá están bajo el mandato de la CIDH.

Estados Unidos y Canadá están fuera del alcance de la CIDH en una relación unilateral. Esos dos países sí participan y establecen criterios para la CIDH, pero a la hora de proteger a sus ciudadanos no se someten a su jurisdicción en los casos en que sus sistemas domésticos no funcionen. Imagen tomada de aquí.

La tecnificada organización de Patrick Ball maneja los datos de violaciones de derechos humanos en varios países, como en Afganistán (paga USAID, ver aquí). Hasta ha desarrollado su software, Martus, para manejar datos de DDHH, aquí, con apoyo financiero de Soros, entre otras fuentes (incluído el gobierno de los Estados Unidos), ver aquí y aquí. Supuestamente el programa Martus se usa en el Perú, aquí:

Benetech, empresa que le entra a hacer lobby en Washington, aboga por un enfoque de derechos humanos tecnificados y con una importante participación corporativa y estatal (de los EEUU en particular), aquí. Ver también aquí.

No estamos ante un trabajo de derechos humanos independiente de los gobiernos. Estamos ante un trabajo de derechos humanos muy vinculado a (y producido por) intereses corporativos y gubernamentales, en total sintonía con la agenda de las agencias gubernamentales estadounidenses, como el Departamento de Estado y sus organismos generados, tipo la National Endowment for Democracy. No es de sorprenderse que los trabajos cuantitativos hechos por estas organizaciones refuercen las narrativas oficiales del gobierno de los Estados Unidos sobre los diversos conflictos ocurridos en el mundo: las responsabilidades e intervenciones de los Estados Unidos nunca quedan expuestas y su política exterior siempre queda aprobada, como ya vimos en este post CVR: del Perú a Iraq:

Un país interviene en otro país, directamente invadiéndolo con tropas o por lo bajo apoyando (reforzando, presionando, armando) a los poderes locales. No puede dejar las evidencias de su intervención por todos lados. Tiene que limpiar, borrar las huellas y hacer lo que pueda por minimizar lo sistemático de sus violaciones a los derechos humanos. Para eso le es conveniente tener presencia en las organizaciones que investigan estas violaciones y más aún, impulsar estas investigaciones, establecerles criterios, sentar precedentes, ponerles márgenes, darles metodologías que se repitan en todo el mundo. Esa es la baja-policía que va con su bolsita y hace la limpieza del trabajo sucio.

En vez de haber violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las investigaciones arrojan “convicciones absolutas de que no hubo violaciones sistemáticas” y “convicciones relativas de violaciones aisladas”, violaciones “en algunos momentos y en algunos lugares”, responsabilidades volteadas por ubicuos “expertos”, minimización de responsabilidades de gobernantes afines y perfil alto a violaciones de gobernantes adversos, etc. Y desde luego lo que sea participación directa en forma de instigación, injerencia en adiestramiento, en torturas, en escuadrones de la muerte, en provisión de armas, en esterilizaciones forzadas, etc. queda convenientemente excluído de las investigaciones. Nunca hay suficiente material para esclarecer estos cruciales aspectos. Se oculta lo indefendible y se defiende lo inocultable.

El 18 de abril de 2012, la Presidenta de la República, Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, envío al Congreso de su país un proyecto de ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF, que detenta la empresa española REPSOL. YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) era una empresa estatal hasta que fue privatizada por el presidente peronista Carlos Saúl Menem en 1992. En 1999, REPSOL adquirió ese porcentaje de acciones. El compromiso de REPSOL era reinvertir sus utilidades en Argentina. No quiso honrarlo. Al contrario, se llevó más de treinta mil millones de dólares.

El Senado ya aprobó la ley de expropiación. La Cámara de Diputados lo hizo el miércoles 3 de mayo. Por lo tanto, el Estado argentino debe entrar en posesión de ese 51% de las acciones, con lo cual tomará el comando de YPF.

Aunque REPSOL y el Partido Popular de España, encabezado por el Primer Ministro Mariano Rajoy, han amenazado a Argentina con los jinetes del Apocalipsis por esta expropiación, calificada de ilegal por ellos, su legitimidad está fuera de duda. La Constitución argentina dispone: “La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada” (art. 17º). No es ésta una norma privativa de Argentina. Todos los Estados la tienen en sus constituciones, como expresiones de soberanía nacional. España también la registra en su Constitución en los términos siguientes: procede la expropiación “por causa justificada de utilidad pública o de interés social mediante la correspondiente indemnización” (art. 33º-3). A los accionistas españoles y a sus mandatarios en el gobierno se les podría decir: por qué tantos saltos si el suelo está parejo. Sabían, además, cuando adquirieron las acciones, que la expropiación es un riesgo que podía llegar.

Como no se trata de una expropiación de la empresa YPF, no hay activos ni pasivos que valorizar. Las acciones expropiadas tendrán que ser valorizadas al precio que tengan cuando se opere su transferencia. No antes, porque la expropiación se cumple recién cuando se realiza la previa indemnización. REPSOL ya habla de que valen diez mil millones de dólares; en todo caso, pueden haber valido esa suma antes de anunciarse el proyecto de ley de expropiación. Se estima que el justiprecio podría andar por unos tres mil millones de dólares o menos.

Esta expropiación, que despierta la satisfacción de las mayorías sociales de América Latina, ha enfurecido a los incondicionales del neoliberalismo y de las privatizaciones, para quienes el capítulo siguiente será el horror de la evacuación de los capitales y otras fantasías. Se dirigían a los argentinos, a ver si se asustaban y, como un reflejo, a sus legisladores para inhibirlos de votar a favor de la expropiación; pero apuntaban también a los demás pueblos de América Latina para desalentarlos de hacer lo mismo, ahora que el término expropiación deja de ser la mala palabra, puesta en el índex por los neoliberales. Hasta nuestro “marqués”, como obediente vasallo de los señores que le dieron ese título, se tiró al ruedo, para combatir la expropiación argentina, dando curso a su manera profesional y remunerada de alzarse como un resorte cada vez que los centros del poder capitalista lo convocan para anatematizar las medidas económicas, sociales y políticas que los incomodan.

Y a todo esto, ¿cómo votó el actual senador Menem o lo que queda de él? Con mucha frescura, por la expropiación, como cuando emprendió la privatización. Se justificó diciendo que los vientos han cambiado de dirección.

Lo real es que los salarios mínimos están estancados por más de una década:

Así también ocurre con los salarios promedio:

Si los salarios están estancados y el producto per cápita crece, y fuertemente, ¿a quienes va crecimiento económico? Si lo salarios no suben, no es porque no hay más producto que pueda ser repartido entre los factores de producción.

P.S. Desde luego que no es la primera vez que formulo esta pregunta, ver ¿Cinco veces?, Los cinco mitos de Althaus, Perú: ¿a dónde va el crecimiento?. El presente post no hace sino actualizar los gráficos hasta el 2010. El lector interesado los puede ver aquí, la fuente es la CEPAL.