Por Jorge Rendón Vásquez
El nivel de ingresos de los trabajadores en nuestro país bordea ahora en promedio la tercera parte del nivel alcanzado durante el gobierno de Velasco Alvarado. Lo fueron erosionando desde 1975 los regímenes que vinieron después. La inflación promovida desde 1980, con cifras astronómicas durante el primer gobierno Alan García, transfirió a los empresarios una gran parte de los ingresos de los trabajadores.
A comienzos de la década del noventa les quedaba a éstos, sin embargo, el cuadro de derechos que habían ganado penosamente desde comienzos del siglo veinte y que fuera incrementado por el gobierno de Velasco Alvarado. El régimen de Fujimori, una fachada de los más grandes empresarios, les arrebató gran parte de esos derechos.
Cuando Fujimori huyó al Japón en noviembre de 2000 y su régimen se vino abajo, desde las bases sindicales partió el clamor de ponerse en acción para recuperar los derechos despojados. Entonces comenzó la maniobra diversionista: los burócratas del Ministerio de Trabajo, cumpliendo “órdenes de arriba” les dijeron a las centrales sindicales que fueran al Consejo Nacional de Trabajo y “concertaran” allí con los empresarios un proyecto de Ley General del Trabajo que podría incluir sus reclamos. Los dirigentes de las centrales sindicales atracaron. En cambio, los dirigentes de las organizaciones empresariales se desternillaron de risa. ¿Cómo iban a perder en una negociación las leyes que le habían hecho expedir a Fujimori?
Cuatro años entretuvieron a los delegados de las centrales sindicales, durante los cuales lograron que “consensuaran” el 85% del proyecto de Ley General del Trabajo. Cuando este se filtró al exterior, se pudo ver que ese “consenso” era la convalidación de la legislación laboral de Fujimori. Algo más que hablar debieron haber hecho los empresarios para alcanzar este resultado.
Poseídos por una frenética obsesión, los dirigentes de la CGTP movieron cielo y tierra para que el proyecto ingresara al Congreso de la República y se convirtiera en ley.
Pero el sentido común no había desaparecido en las bases sindicales. Algunos profesores de Derecho del Trabajo, les brindamos nuestro consejo. Y logramos, juntos, detener el trámite del proyecto “consensuado”.
En agosto de 2011, un representante fujimorista presentó en el Congreso de la República el proyecto “consensuado”. Los dirigentes de las centrales sindicales: locos de alegría. Nueva campaña en contra de las bases sindicales. El ministro de Trabajo terció, nombrando una comisión de “expertos” para revisar el proyecto.
Los “expertos” fueron: Carlos Blancas Bustamante; Alfonso de los Heros Pérez-Albela; Javier Neves Mujica; Mario Pasco Cosmópolis; Jaime Zavala Costa; y Alfonso Villavicencio Ríos. De los Heros, Pasco y Zavala eran abogados empresariales. De los Heros y Pasco habían participado en la redacción de la legislación laboral fujimorista. Pasco, como ministro de Trabajo de Alan García, fue uno de los artífices de la reducción de los derechos sociales a la mitad en las empresas con hasta 150 trabajadores, es decir, cerca de un 70% de los trabajadores del país. Como era de prever, de allí salió el primigenio proyecto “consensuado” con algunos retoques.
Las bases sindicales no bajaron la guardia, y el proyecto de los “expertos” fue encarpetado en octubre de 2011.
Ahora, los dirigentes de la CGTP han vuelto a la guerra, como Mambrú. Quieren a toda costa que se apruebe ese proyecto por un Congreso de la República que es casi totalmente favorable a los empresarios.
Manuel Dammert Ego Aguirre, un rabioso antivelasquista por lo que el gobierno de Velasco hizo a favor de los campesinos y trabajadores, les ha dado gusto, presentando como suyo el proyecto de los “expertos”. Pero como necesitaba seis firmas ha arrastrado a Verónica Mendoza, Rosa Mavila León, Yohny Lezcano, Mesías Guevara, Manuel Merino y Alejandro Yovera. ¿Estos padres y madres de la patria fueron sorprendidos o se dejaron arrastrar de buena gana?
Lo concreto para los trabajadores es que, como ha sucedido siempre en la historia social, sólo su lucha seguirá impidiendo que les saquen el saldo de derechos que aún les quedan y les reduzcan más aún sus ingresos.
(8/2/2015)