Los audios del juez César San Martín con Pedro Cateriano y Juan Jiménez Mayor ratifican lo que ya venía ocurriendo en la CVR, cuyos directivos estuvieron también en componendas y cediendo a presiones gubernamentales para evitar esclarecer la verdad sobre ejecuciones extrajudiciales. En el año 2002 la CVR prefirió vetar («prescindir de su trabajo») a José Pablo Baraybar del EPAF, que acabó renunciando a la CVR.
«El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) renunció ayer a seguir colaborando con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) según denunció su representante José Pablo Baraybar, porque fueron vetados por la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro. Sin embargo la Fiscalía de la Nación y la referida Comisión negaron la existencia de estas presiones.
El EPAF es uno de los dos equipos forenses en virtud de cuyas conclusiones la Fiscalía denunció a 19 comandos Chavín de Huántar de ejecuciones extrajudiciales en el rescate de los rehenes. José Pablo Baraybar, en declaraciones a la prensa extranjera, indicó que en los últimos días recibieron ‘una serie de presiones y amenazas’ por el trabajo realizado en el caso Chavín de Huántar. ‘Se nos trata de descalificar como peritos y eso afecta un juicio, como lo sabe cualquier abogado’, precisó.
El antropólogo mostró una carta de la doctora Calderón, en la que ésta le pide al presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner, que ‘contemple la posibilidad de no proponer a dichos peritos en futuras exhumaciones’”.»
Salomón Lerner es presionado por la fiscalía para que excluya al EPAF. ¿Y qué hace Lerner? Pues excluye al EPAF. No es capaz de plantarse y rechazar la presión defendiendo a una organización que estaba haciendo un buen trabajo forense.
Los detalles sobre estas presiones que dieron pie a la salida del EPAF de la CVR los narró Ricardo Alvarado en este post: Otra polémica de la CVR: las investigaciones forenses. Sin embargo, recientemente se hizo público el siguiente documento interno de la CVR (ver abajo) dirigido por su Secretario Ejecutivo Javier Ciurlizza a diversos funcionarios de la CVR (¿»unificando criterios»?). Se corrobora que los funcionarios de esa dependencia estatal cedieron a las presiones políticas y «prescindieron del trabajo» del EPAF, aunque siempre negando que se tratara de un veto con argumentos como este:
«la CVR tiene la potestad de designar los peritos para cada ocasión y no tiene la obligación de designar a ninguno en especial: mal se puede vetar a una persona a quien se es libre de elegir o no elegir».
Un juego de palabras que implica que sólo se puede vetar a alguien cuando NO se es libre de elegirlo. Un sinsentido.
Los peritos del EPAF son excluídos, con la CVR recurriendo a excusas varias y, por supuesto, negando que fueron vetados («lo más prudente es que no se trabaje con Baraybar», «es importante que [los del EPAF] comprendan que su dinámica de grupo debe supeditarse ahora a la dinámica mayor de la CVR» dice Carlos Iván Degregori en clave de «centralismo democrático»).
Los audios de reciente publicación entre funcionarios del ejecutivo con un par de jueces revelan pues una continuidad en la forma sesgada en que se ha manejado la justicia y la verdad en el país. Coincidentemente, tanto Wilfredo Pedraza como Juan Jiménez Mayor trabajaron para la CVR. Y más coincidentemente entuavía, un ex comisionado de la CVR, Enrique Bernales, salió defendiendo la componenda de San Martín-Cateriano-Jiménez Mayor con argumentos aparentemente legales:
Corte no tomaría audio como prueba de injerencia política
El constitucionalista Enrique Bernales sustentó su posición en que el audio se grabó sin el consentimiento de los participantes. «No sería una prueba porque sería atentar contra los propios estatutos de la Corte», opinó.
En este sentido, el abogado recomendó a los representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) que desistan en su idea de enviar estas pruebas a la instancia internacional a fin de que se revise el caso. «En ninguna parte del mundo este tipo de acción se considera de carácter probatorio en instancia judicial. Un organismo que vela por los derechos humanos como la CIDH no puede admitir una prueba que afecta la violación a la intimidad, a un derecho humano», advirtió.
Jiménez Mayor trabajó en la CVR precisamente contratado por el ex-comisionado Bernales (como ya señalamos aquí). Un conflictazo de intereses que desde luego pone en cuestión que la opinión del ex-comisionado sea meramente jurídica. Más bien muestra a un ex-comisionado de la CVR más interesado en defender a su protegido que a la verdad.