Por - Publicado el 02-06-2013

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Luis Felipe Zegarra en Subsidios a la vivienda propone que el estado no tenga metas de vivienda, que no intente «procurar incentivar que existan más dueños de viviendas para así aumentar el bienestar de la población».

El primer argumento del autor es el costo de oportunidad.

«Si el Estado decide asignar un subsidio a las familias más pobres del país para que compren vivienda, habría que preguntarnos si eso es lo mejor que se podría hacer con los recursos. ¿No preferirían las familias en pobreza extrema que les aseguren alimentos antes que una vivienda?»

El autor contrapone necesidades básicas para negarle apoyos públicos a la gente más pobre. El estado ya tiene programas de subsidios a los alimentos. La pregunta es si además de esos programas debe haber subsidios a la vivienda, que también es una necesidad básica. Obviamente que el apoyo público es para quienes tienen necesidades insatisfechas. La gente misma tiende a mejorar su casa precaria mediante la autoconstrucción, pero definitivamente un apoyo público mejoraría sus condiciones de vida.

«El problema se agrava porque muchos de los programas de subsidio a la vivienda están dirigidos a la clase media. Si hablamos, por ejemplo, de viviendas que pueden costar más de 70,000 dólares, el subsidio probablemente no estará dirigido a las familias en extrema pobreza de este país. ¿Debería entonces subsidiarse la vivienda a la clase media cuando existen niños desnutridos o niños que no acceden a educación básica?»

¿Por qué mejor no preguntarse si debería subsidiarse a las grandes empresas mediante exoneraciones tributarias o «contratos de estabilidad tributaria» cuando existen niños desnutridos o niños que no acceden a educación básica? Ya contrapuso la necesidad de alimento con la necesidad de vivienda de la gente más pobre. Ahora el autor contrapone la necesidad de la gente más pobre con la necesidad de la gente de clase media (en el Perú una persona de «clase media» podría ser una persona que hasta hace algunos años fue pobre o vulnerable). Mucha gente que ahora es de «clase media» no hubiera podido hacerlo sin diversos apoyos estatales, comenzando por el derecho al terreno en que vive en la Lima periférica o programas como los que dieron vida a Residencial San Felipe, Torres de Limatambo, o como Mivienda o Techo propio. El estado no está ahí sólo para las emergencias o para los segmentos sociales en situaciones más drámaticas (que desde luego son prioritarios), sino para todos.

«un sol recaudado por el Estado es un sol menos para el sector privado. Que el Estado recaude más, es decir que el Estado sea “más rico”, implica que el sector privado obtiene menos recursos para consumo e inversión. Ya sea dentro del aparato estatal o dentro de la sociedad, siempre será cierto que un sol gastado en determinada actividad es un sol menos gastado para otro fin.»

Desde luego. Por eso los impuestos deben ser progresivos: a mayores ingresos mayores tasas impositivas. Así, el más rico paga más impuestos y recibe menos del estado y el más pobre paga menos impuestos y recibe más del estado. Un sol recaudado por el estado es un sol menos para el sector privado, pero digamos las cosas completas. Un sol recadudado por el estado gastado en los sectores más pobres es un sol menos para el sector privado de los sectores más ricos. El estado tiene un rol de redistribución que por supuesto no les gusta a los sectores oligárquicos y neoliberales. Quisieran un «impuesto plano» a la Reagan o un impuesto como el «poll tax» de Thatcher.

«Cuando el Estado otorga un subsidio para el consumo de determinado producto, distorsiona los precios.»

Esto es cierto, a condición de que se trate de un mercado perfectamente competitivo. Si es un mercado imperfecto, el subsidio puede corregir una «distorsión» ya existente. (Pero incluso en un mercado competitivo no es toda la historia. En realidad, lo más negativo del susbidio es la PES (pérdida de eficiencia social).) Sigamos leyendo

«La distorsión de precios relativos ciertamente genera un cambio en la asignación de recursos. Los recursos de la sociedad se dirigen hacia el sector cuya rentabilidad está aumentando. El boom inmobiliario se produce entonces, en parte, porque los agentes responden al continuo aumento en los precios relativos de viviendas. El grave problema con esta movilización de inversión es que dicha movilización de recursos responde en gran parte a una decisión política, no a lo que las personas realmente desean. La asignación de recursos entonces no es eficiente.

Incluso si la sociedad no atraviesa por un período traumático de caída de precios y si no se habla de burbujas especulativas, los subsidios a las viviendas (como los subsidios a otros productos) son medidas que no permiten que la sociedad utilice los recursos que tiene de la mejor manera posible. Los políticos deben darse cuenta de los efectos de las decisiones que adoptan. Si no lo hacen, seguiremos como país utilizando ineficientemente los escasos recursos que tenemos.»

Nuevamente se parte del supuesto de estar ante un mercado competitivo (además de sugerir una hipótesis interesante, pero no verificada, cual es que el boom inmobiliario en el Perú fue producido por los subsidios a la vivienda. No suena a ser un enunciado correcto).

En última instancia las personas, no el político subsidiante, desean viviendas, lo que pasa es que no tienen los recursos presentes para comprarlas. Una persona que alquila un depa puede comprarse ese mismo depa y pagar cuotas del mismo importe que el alquiler, lo que ocurre es que no tiene para pagar la cuota inicial. Ahí es donde viene el estado que «subsidia» esa cuota inicial. Sin embargo, no es que le regale la cuota inicial al beneficiario, sino que se la prorratea en sus cuotas mensuales. Al final el beneficiario «subsidiado» paga. En tal sentido, el estado no está dando precisamente un subsidio a esta persona de «clase media», pues al final le va a cobrar. ¿Y si no paga? Pues el banco le dice (o decía) «ah, eso lo ves con COFIDE». Lo que ocurre es que el estado tiene un colateral muy evidente para este apoyo. ¿Cuál es? Pues la casa del beneficiario. Salvo que una abrumadora mayoría de beneficiarios no le pague y no haga nada por cobrarles, en cuyo caso sí se trataría de un susbidio en sentido estricto, el estado no va a perder.

La pregunta aquí sería por qué el sector financiero privado no cumple el rol de dar préstamos a la gente de clase media. Y la respuesta más evidente es que estamos ante un sector financiero poco competitivo, monopólico, coludido, clientelista, muy averso al riesgo, que se va por lo fácil que es prestarle a las empresas y a los sectores más ricos. Eso es una imperfección de mercado que ya hace que la asignación de recursos sea ineficiente. Y ante esa situación el estado puede cumplir el rol de corregir esa ineficiencia con programas a favor de los más pobres y de la clase media.

Al final el sector financiero privado le presta a los sectores más ricos y el estado le presta a los de clase media y los más pobres. Si el estado no interviene a favor de estos últimos, nos quedamos con un país donde todas las ventajas son para los más ricos, que se acuerdan de los pobres y las personas de clase media cuando éstos protestan, cuando desde afuera les dicen que hagan algo por ellos o cuando se trata de perdirles el voto en elecciones.

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Comentarios a este artículo

  1. Arturo Zevallos dijo:

    Aunque no creas Silvio, la SUNAT es la mayor fuente de problemas de este tipo, seguida de los monopolios/especulaciones del sector privado y las trabas burocráticas.

    Con las importaciones vemos la síntesis de esos factores, especialmente a nivel tecnológico. Por ejemplo, traer un smartphone o una PC implica pelearse con el MTC por un permiso y una homologación, pese a tratarse muchas veces de equipos que cumplen normas internacionales (como la 802.11, que es para el Wi-Fi). El motivo del lío es tan solo llevar una antena.

    A eso se le suma la SUNAT, que aparte de los aranceles cobra IGV indebidamente desde hace 2 años, puesto que son compras NO HECHAS EN EL PERU (poco que envidiar al impuesto tecnológico en Argentina).

    De hecho, por esto último Guatemala demandó al perú ante la OMC, mientras el MINCETUR despotricaba contra las ONG por la caída de las exportaciones.

    Y así como pasa con un teléfono pasa con miles de cosas, sean para el ocio, el trabajo, o para vivir. Mira el porcentaje que ocupan los impuestos en varios bienes y preguntate de qué vale tener un superávit fiscal.