Benetech es la organización privada de derechos humanos de Patrick Ball, el autor del trabajo cuantitativo de la CVR del Perú. La apoyan y financian diversas fundaciones, como la OSI – Open Society Institute de George Soros, pero también, la National Endowment for Democracy, y el U.S. Department of State, es decir, el gobierno de los EEUU. Tiene como «socios estratégicos» a diversas CVRs en el mundo, incluyendo a la CVR del Perú, como a la «Freedom House» y al ICTJ, entre otras organizaciones. Verlo aquí, o sus partners y funders, aquí. Es una compañía cuyo principal cliente es el estado, o mejor dicho, los estados del mundo que organizan CVRs, en particular el estado de los Estados Unidos, que suele apoyarlas económicamente.
La tecnificada organización de Patrick Ball maneja los datos de violaciones de derechos humanos en varios países, como en Afganistán (paga USAID, ver aquí). Hasta ha desarrollado su software, Martus, para manejar datos de DDHH, aquí, con apoyo financiero de Soros, entre otras fuentes (incluído el gobierno de los Estados Unidos), ver aquí y aquí. Supuestamente el programa Martus se usa en el Perú, aquí:
Benetech, empresa que le entra a hacer lobby en Washington, aboga por un enfoque de derechos humanos tecnificados y con una importante participación corporativa y estatal (de los EEUU en particular), aquí. Ver también aquí.
No estamos ante un trabajo de derechos humanos independiente de los gobiernos. Estamos ante un trabajo de derechos humanos muy vinculado a (y producido por) intereses corporativos y gubernamentales, en total sintonía con la agenda de las agencias gubernamentales estadounidenses, como el Departamento de Estado y sus organismos generados, tipo la National Endowment for Democracy. No es de sorprenderse que los trabajos cuantitativos hechos por estas organizaciones refuercen las narrativas oficiales del gobierno de los Estados Unidos sobre los diversos conflictos ocurridos en el mundo: las responsabilidades e intervenciones de los Estados Unidos nunca quedan expuestas y su política exterior siempre queda aprobada, como ya vimos en este post CVR: del Perú a Iraq:
Un país interviene en otro país, directamente invadiéndolo con tropas o por lo bajo apoyando (reforzando, presionando, armando) a los poderes locales. No puede dejar las evidencias de su intervención por todos lados. Tiene que limpiar, borrar las huellas y hacer lo que pueda por minimizar lo sistemático de sus violaciones a los derechos humanos. Para eso le es conveniente tener presencia en las organizaciones que investigan estas violaciones y más aún, impulsar estas investigaciones, establecerles criterios, sentar precedentes, ponerles márgenes, darles metodologías que se repitan en todo el mundo. Esa es la baja-policía que va con su bolsita y hace la limpieza del trabajo sucio.
En vez de haber violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las investigaciones arrojan “convicciones absolutas de que no hubo violaciones sistemáticas” y “convicciones relativas de violaciones aisladas”, violaciones “en algunos momentos y en algunos lugares”, responsabilidades volteadas por ubicuos “expertos”, minimización de responsabilidades de gobernantes afines y perfil alto a violaciones de gobernantes adversos, etc. Y desde luego lo que sea participación directa en forma de instigación, injerencia en adiestramiento, en torturas, en escuadrones de la muerte, en provisión de armas, en esterilizaciones forzadas, etc. queda convenientemente excluído de las investigaciones. Nunca hay suficiente material para esclarecer estos cruciales aspectos. Se oculta lo indefendible y se defiende lo inocultable.
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Comentarios a este artículo
06-05-2012 0:11
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06-05-2012 0:29
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