Por - Publicado el 13-05-2010

Las reparaciones han sido tema en el presente blog aquí, Combito 13, Las reparaciones olvidadas, La CIDH en Lima y el desacato a su sentencia, y hace dos años medio en ¿Y las reparaciones?.

El gobierno últimamente ha estado activo promocionando las reparaciones en redes sociales como Facebook: Perú repara a sus víctimas colectivas. A nivel oficial en esta página del estado se hace propaganda al llamado Plan Integral de Reparaciones (PIR):

Este espacio web se ha elaborado para dar a conocer el trabajo que realiza el Estado Peruano en favor a las ví­ctimas de la violencia ocurrida en nuestro país entre los años 1980 y 2000, en cumplimiento de la Ley Nº 28592 y en el marco de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

El órgano encargado de coordinar las reparaciones a las ví­ctimas de la violencia es la Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN, presidida por el Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Javier Velásquez Quesquén, en representación del Presidente de la República, Dr. Alan Garcí­a Pérez.

Supuestamente, el gobierno alanista ya viene cumpliendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, llevando a cabo lo que llaman «reparaciones colectivas», que en realidad es una forma de gasto social.

La «Comisión Multisectorial de Alto Nivel» trabaja junto con el «Consejo de Reparaciones», dependencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que tiene como función no reparar a nadie, sino hacer un Registro Único de Víctimas, aquí. Este Consejo está dirigido por Sofía Macher y Pilar Coll, entre otras personas. En abril del año pasado leíamos sobre el trabajo de recojo de información, aquí, RUV:

Quinta etapa del Censo por la Paz del Mimdes recogió información de 12,801 víctimas fallecidas y desaparecidas por la violencia

La ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, entregó a la presidenta del Consejo de Reparaciones, Sofia Macher, el listado nominal de víctimas de la violencia del periodo 1980-2000 recogido en la quinta etapa del Censo por la Paz (CpP) que se realizó por encargo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y que desarrolló la Dirección General de Desplazados y Cultura de Paz de dicho ministerio.

“Estamos seguros que esta entrega de registro de datos censales es una contribución del Estado hacia la reconciliación de los peruanos. Tenemos la confianza de que este acto junto con las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación deben marcar los caminos y el compromiso de un país que repare el dolor causado por la insania y el odio y que no debemos olvidar para que no se vuelva a repetir”, dijo Carmen Vildoso en relación al CpP.

Las reparaciones parecían ser la continuación del trabajo de la CVR y para este fin, diversas funcionarias de la exCVR eran ahora funcionarias del gobierno alanista.

Finalmente, las «reparaciones colectivas» no eran otra cosa que lo que usualmente se conoce como «gasto social»:

4 – 02 – 2010

DESPLAZADOS POR EL TERRORISMO RECUPERAN CAPACIDAD ECONÓMICA

Los pobladores de la localidad de La Paz (Ayacucho), conformada por familias de desplazados por la violencia terrorista recuperarán su capacidad económica, incursionando en el negocio de la producción del calzado y la confección de muebles, gracias a la inversión de 103 mil nuevos soles de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Programa de Reparaciones Colectivas.

Estas NO son reparaciones.

Hace unos días leíamos de la presidenta del Consejo de Reparaciones:

Sofía Macher: Las reparaciones son “absolutamente” lentas

“Creo que frente a lo que era la situación, antes de la Comisión de la Verdad o, incluso, inmediatamente después de la Comisión, los avances son importantes porque el Estado asume la responsabilidad de reparar, y, dentro de eso crea el Registro Único de Victimas (RUV) que es central como estrategia para continuar en el proceso”, detalla Macher.

Sin embargo, y coincidiendo con sectores de defensa de los derechos humanos, Macher lamenta que en el desarrollo de las reparaciones “hay tiempos diferentes. El Estado es absolutamente lento y las víctimas vienen esperando sus reparaciones hace 25 años. La gente se está muriendo. Creo que esta lentitud es un defecto”.

Sobre las reparaciones de tipo individual dice que “no hay la misma energía ni decisión en la instancia que tiene que reparar”. Y en cuanto a algunas críticas hacia el Consejo de Reparaciones, para justificar la lentitud, cree que no son válidas porque “si no estaban contentos con la manera con se llevó a cabo el RUV lo hubiera manifestado. No es explicación decir que el RUV no estaba trabajando adecuadamente”.

La funcionaria pública ahora sostiene que el estado es «absolutamente lento » y son otras instancias las que no tienen «la misma energía ni decisión» para reparar. Las instancias publcas se jactan de lo bueno de su trabajo y se lanzan acusaciones recíprocas, pero el resultado es que no hay reparaciones para las víctimas. Al ser las reparaciones vistas como «gasto social» éstas pasan por el ciclo presupuestal con su ritmo, lento.

Estos trabajos de registro han llevado mucho tiempo. En marzo de 2006 leíamos aquí:

Registrar víctimas puede entenderse como un frío conteo de bajas: tantos muertos, tantos heridos, y punto. Pero, tal como lo concibió la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), es el primer paso de un proceso de reparación. Con este propósito, el Gobierno Regional de Huancavelica está elaborando un Registro de Víctimas, para lo que cuenta con la asesoría del Área de Gbernabilidad y Derechos Humanos del IDL, en el marco del proyecto “Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en la Región Huancavelica”, financiado por el Fondo Ítalo Peruano (FIP).

En agosto de 2008 leíamos: aquí: Registro Único de Víctimas procesará expedientes del Registro Regional de Huancavelica. Es decir, de un registro regional iban a hacer un registro nacional. Son registros que generan más registros, no así reparaciones.

El RUV ha inscrito entre febrero y agosto del presente año a 9,900 personas como víctimas individuales y 3,560 comunidades afectadas por la violencia. Los inscritos en el RUV tienen derecho a las reparaciones del Estado.

El registro de víctimas ha sido un largo proceso. Sin embargo, antes de la existencia de la misma CVR, ya desde los años ochenta, al parecer ya había registros de víctimas, confeccionados por Amnesty international, CIDH, APRODEH, COMISEDH, CICR. La misma CVR hizo empadronamientos para su propio registro de testimonios, que alguna expectativa por reparaciones despertaron en los entrevistados. Habría muchas listas superpuestas.

Y lo real es que no hay reparaciones. Hay un registro gubernamental de víctimas, cuya confección ha durado casi todo el gobierno actual, (varios registros no gubernamentales) y mucha propaganda política del parte de diversos funcionarios/as que están en diversas instancias del gobierno, haciendo pasar brotes de gasto social como «reparaciones» llamadas «colectivas». Algunos de los personajes que algo tuvieron que ver con las reparaciones hoy tienen o tuvieron acusaciones de diversas actividades ilegales (presidente, primeros ministros, ministras, etc.), incluyendo violaciones de derechos humanos antiguas y actuales. Y en general es un gobierno que ha venido violando los derechos humanos, siendo el caso más grave del del 5J en la región Amazonas, que motivó la renuncia de la ministra de la mujer, quien también tuvo alguna intervención en el tema de las reparaciones, pero también cuenta con otros casos, como muertos de bala en la cabeza en un paro agrario hace dos años y recientemetne en Chala, Arequipa. Aún así, ha contado con la colaboración en calidad de funcionarias públicas de personas del sector no gubernamental dedicado a los derechos humanos.

A esta realidad se suma otra. Al parecer las únicas reparaciones en el país han sido las obtenidas en los tribunales, e internacionales, como por ejemplo, los familiares del caso La Cantuta. Sin embargo, otros casos también tienen sentencias que ordenan reparaciones, pero no se cumplen. Finalmente, si para obtener reparaciones es condición necesaria, mas no suficiente, acudir a los tribunales, ¿por qué los funcionarios gubernamentales, y no gubernamentales, han estado ilusionando a las víctimas con censos, registros y reparaciones que nunca ocurrirían?

En Huanta, en de Junio 2007: Presidente Alan García Pérez prometió reparaciones.


El gobierno da gasto social por «reparaciones colectivas», en forma de cheques gigantes . Y desde luego no desaprovecha la oportunidad para hacer propaganda política: «El Perú avanza».

Están construyendo una nueva versión de la «inflación bruta» e «inflación neta». Simplemente, estas transferencias NO SON reparaciones.

Imágenes tomadas de aquí y aquí

En abril de 2009 la entonces ministra de la mujer Carmen Vildoso entregaría un registro a la presidenta del Consejo de Reparaciones. Luego vendría el 5J y la ministra renunciaría al gobierno en rechazo a un anuncio televisivo contra los indígenas amazónicos. La presidenta del Consejo de Reparaciones seguiría trabajando para el gobierno alanista, sin que las víctimas de la guerra insurgente-contrainsurgente reciban las prometidas reparaciones.

Imagen tomada de aquí, Registro de Víctimas.

Ministra Nidia Vilchez, con primer ministro Velasquez, entrega «reparaciones colectivas». Septiembre 2009.
La ministra fue señalada por el periodista Ricardo Uceda como integrante de un escuadrón de la muerte que funcionó durante el primer gobierno de Alan García autodenominado «Comando Rodrigo Franco», LP.

Entonces

Velásquez Quesquén informó que en diciembre próximo la Comisión Especial de Reparaciones, que preside Sofía Macher, debe entregar el listado de las víctimas del terrorismo, a fin de establecer una política de reparaciones individuales, que empezaría el próximo año en los campos de la educación y la salud.

Ahora las inversiones en educación y salud son «reparaciones».

Imagen tomada de aquí.

«NINGUN TERRORISTA SERÁ SUJETO DE REPARACIÓN» aseguraba el ex primer ministro Yehude Simon. Este funcionario de Alan García, y candidato en las elecciones de 2006 en la lista de Susana Villarán, fue indultado por el presidente Valentín Paniagua. Estaba purgando condena por el delito de terrorismo. Fue el primer ministro del 5J en Amazonas.

Imagen tomada de aquí

Jorge Del Castillo, ex primer ministro alanista y hoy de «licencia» en su partido por acusaciones de corrupción, Sofía Macher, ex funcionaria de la CVR y hoy del gobierno alanista en el Consejo de Reparaciones y Federico Salas, primer ministro del truncado tercer gobierno de Fujimori y hoy presidente regional de Huancavelica.

El gobierno alanista está llegando a su fin y el gran producto en temas de reparaciones son algunas transferencias «colectivas», intensivas en propaganda política gobiernista y listas de personas, con cuya confección se justifica la existencia de algunas dependencias públicas. Las reparaciones no llegan a sus destinatarios. Mucho producto intermedio (informes y registros) poco producto final (reparaciones).

P.S. Sofia Macher, presidenta del Consejo de Reparaciones, es premio «Coca Cola» a los derechos humanos por su trabajo en la CVR, aquí. Aquí, una exposición en la Universidad de Notre Dame, que da el premio financiado por esta compañía, en que se resalta con mucho entusiasmo el «servicio público» de la empresa Coca Cola, que tiene su filantrópica fundación del mismo nombre dedicada a los derechos humanos. No obstante, la Coca Cola ha sido demandada en los Estados Unidos, por sindicalistas americanos, por violaciones a los derechos humanos, aquí. La Coca Cola habría estado financiando el asesinato de sindicalistas a manos de paramilitares en su subsidiaria en Colombia. La Coca Cola también tiene denuncias por derechos humanos en China, aquí, India, aquí, El Salvador, aquí. ¿Cuánta credibilidad puede tener una compañía así que financie premios a los derechos humanos? ¿Por qué prestarse a una campaña de relaciones públicas de una compañía que busca embellecer su imagen?

Imagen tomada de aquí, de una reciente película, que nos cuenta sobre las actividades ilegales de la Coca Cola. En Colombia grupos paramilitares contratados por diversas empresas han asesinado desde 2002 a más de 470 sindicalistas. Entre las empresas contratantes estaría la Coca Cola. Aquí la página web de la película con el trailer aquí.

Marlon Brando rechazó el Oscar en 1973 en protesta por cómo el cine americano ofendía a los indígenas. Por entonces ocurría en los Estados Unidos, la rebelión de Wounded Knee por el incumplimiento de los tratados (allá también hay rebelión indígena cuando no se cumplen los acuerdos). La carta de Brando fue leída por Sacheen Littlefeather . En ocasiones es más digno rechazar un premio que aceptarlo.
En nuestro contexto, una funcionaria de la CVR aceptó sin más un premio auspiciado y financiado por la empresa Coca Cola, que tiene serias acusaciones por violaciones a los derechos humanos en el mundo, incluyendo casos como el asesinato de sindicalistas en un país vecino, Colombia. Ahora la compañía puede utilizar que financió un premio de derechos humanos en sus campañas de relaciones públicas para así mejorar su imagen. La ex-CVR debería devolver el «premio Coca Cola».

Imagen tomada de aquí, BBC.

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