Han pasado casi 27 años desde Uchuruccay y todavía nos siguen meciendo con el engaña-muchachos de las Comisiones de Investigación. En las democracias avanzadas esta labor recae en un poder judicial, independiente del poder político, y es el juez instructor quien efectúa la investigación y el fiscal quien la promueve. En sucesos particularmente graves, al juez se le dota de todos los medios para la instrucción del sumario. Él recaba todas las pruebas testimoniales y ordena todas las pruebas periciales para el esclarecimiento de los hechos y la delimitación de la responsabilidad de los autores. La instrucción finaliza con la imputación de unos hechos concretos a unos individuos concretos. Entonces los presuntos responsables son juzgados en otra instancia y allí los jueces valoran las pruebas aportadas en el sumario, contrastándolas con pruebas aportadas por la defensa, escuchándose nuevamente a imputados, testigos, peritos, etc. Tras el juicio viene la sentencia en donde quedan explicados los hechos probados y la responsabilidad penal y civil que le corresponde a los procesados. Esta sentencia luego es revisable en una última instancia suprema y sobre este último pronunciamiento ya no hay discusión posible. Lo único que tiene validez es lo que han estimado los jueces y todo lo demás (pruebas, testimonios) es papel mojado.

Sin aprender la lección de Uchuraccay, resulta que:

“el 7 de septiembre de 2009, se creó la Comisión Especial para Investigar y Analizar los sucesos de Bagua (CEI) a través de la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG asignándole como objeto “determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económicas, políticas y religiosas que dieron lugar a los sucesos del 5 de junio del 2009 en la provincia de Bagua, con fines de reconciliación”.”

Esto es un saludo a la bandera en toda regla. Quien tendría que investigar los hechos en su integridad es el Poder Judicial, con el fin de delimitar la responsabilidad de los autores y establecer sanciones, reparaciones, etc. Aunque suene redundante: es al Poder Judicial a quien le toca hacer justicia.

Perdona que incurra en extrapolaciones a democracias avanzadas (donde el Estado no perpetra barbaridades de este calibre) pero esto de las comisiones de investigación me suena a moda peliculera. El Perú ganaría en calidad democrática con un Poder Judicial que actuara con independencia y eficacia para sancionar hechos terribles como los de Bagua, encanando a quien tenga que encanar.

Los ronderos son autoridad en la zona.

Los reservistas del Ejército son, precisamente, parte de las fuerzas de defensa del Perú, no son, o no deberían ser, enemigos del pueblo.

El SUTEP lo forma gente que trabaja como docente. Podrán tener su agenda política, pero parece que esta no estaba muy alejada de los intereses de los ciudadanos de esa región.

El Frente de Defensa de Bagua es precisamente eso, un grupo de individuos que defiende los intereses de la región.

Los medios de comunicación son fuerzas vivas de la población, tan válidas para defender intereses de quienes se acercan a ellas, al igual que canal 4 o 5.

Los dirigentes nativos tienen la obligación de defender a sus comunidades y dirigir a las masas, si es necesario, con medida de fuerza (algo que el APRA conoce bien).

En esta lista de “azuzadores”, lo que yo en realidad veo, y los perros del hortelano no quieren ver, es a las fuerzas vivas de la sociedad amazónica. Si estas fuerzas vivas estaban en contra de las leyes de la selva promulgadas por Alan, entonces, se debío dialogar, cosa que en un inicio no le interesó al gobierno.

Si la prensa de derecha desconoce a las fuerzas vivas de la sociedad amazónica es porque en verdad no reconoce a la ciudadanía amazónica, no los considera sujetos de derecho.