Por - Publicado el 31-12-2009

por Jorge Rendón Vásquez,
Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

En ningún otro país del mundo como en el Perú, el Gobierno dispone de un periódico para su propaganda. En todos ellos existe sí un diario o boletín oficial, desde que la Asamblea Nacional francesa lo creara en 1789 para dar a conocer las leyes y otras disposiciones legales, cuya publicidad es obligatoria, como una expresión de la igualdad de todos ante la ley, principio básico de la democracia proclamado por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de ese año.
Reproduciendo este precepto fundamental, la Constitución peruana vigente, como muchas otras, dispone que “La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.” (art. 51º) y, en correspondencia con esta disposición, que “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.” (art. 109º).
Por lo tanto, debe haber un diario oficial destinado exclusivamente a la publicación de las normas del Estado, y a este diario el Gobierno no puede darle otro contenido. Ninguna norma de la Constitución lo faculta para hacerlo.
Las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento son derechos humanos de las personas (Constitución, art. 2º, 4). En cambio, el Estado sólo puede manifestarse a través de los procedimientos restrictivamente permitidos por la Constitución y limitarse a hacer sólo lo que ésta manda (art. 45º).
Infringiendo la norma suprema (Constituciones de 1933, 1979 y 1993), los gobiernos en el Perú han utilizado el diario oficial como un medio de propaganda, desembozada o encubierta, de las personas que lo ejercen, de sus partidos y de los grupos económicos y políticos con los que están vinculados. Pero, además, el costo de esa propaganda y de los abundantes devaneos pretendidamente informativos o culturales que la acompañan, a cargo de adocenados escribidores colocados por cada gobierno, se la hacen pagar indebidamente a los ciudadanos, que compran el diario oficial para informarse de las disposiciones legales y de los avisos de publicación obligatoria que puedan interesarles.
Si las personas y los grupos políticos a cargo de los Poderes del Estado quieren promoverse por algún medio, escrito, radial, televisivo o informático, tienen que pagar esa actividad con su dinero particular, como cualquier otra persona privada, y abstenerse de utilizar los recursos del Estado para hacerlo, y, más aún, de meter la mano directamente en los bolsillos de los ciudadanos.
El precio de “El Peruano” es ahora de dos nuevos soles. Si sólo contuviera el cuadernillo de normas legales, la jurisprudencia y los avisos de las entidades del Estado, determinados por ley (que los interesados en su publicación pagan), su precio no debería ser mayor de cincuenta centavos.
Las informaciones oficiales, en los países democráticos más adelantados, se distribuyen a los medios de comunicación social mediante boletines y conferencias de prensa.
Todos los grupos políticos parecen coincidir en la utilización del diario oficial como un vehículo de propaganda: los que están en el gobierno porque ya lo hacen, y los otros, por su expectativa de hacerlo si llegaran a asumirlo, un caso de redomada viveza criolla que Ricardo Palma, tal vez, hubiera tomado como motivo de una de sus tradiciones.
Es la ciudadanía la que debiera reaccionar. La propia Constitución (arts. 200º al 204º) ha creado las acciones de garantía para hacer cesar hechos como el señalado, y el Código Procesal Constitucional (Ley 28237) reglamenta las vías legales para lograrlo.

[El presente artículo fue enviado al Director del diario La Primera, César Lévano, el 14/4/2009 y el 17/12/2009 (esta vez luego de aceptar publicarlo). Nunca lo hizo.]

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Comentarios a este artículo

  1. Silvio Rendon dijo:

    GCC: ¿Estamos los ciudadanos obligados a pagar la propaganda política contenida en el diario oficial “El Peruano”? http://bit.ly/7LI0c1

  2. Cognos dijo:

    Y sumale que es practicamente OBLIGATORIO comprarlo a todas las empresas del pais.

  3. Constantino dijo:

    Periodisticamente hablando el artículo es muy extenso y «académico». Pienso que esta es la razón de fondo para no publicarlo. No creo que Lévano discrepe del contenido.