El País de España del 25/07/2002 en Fujimori el esterilizador finalizaba:
«El presidente Fujimori, que huyó a Japón poco antes de ser destituido por el Parlamento, ha sido acusado de casi todo. Junto con su valido Vladimiro Montesinos, encarcelado en Perú, mantuvo durante una década un sistema corrupto cuyos mimbres fueron un régimen de terror, la manipulación electoral y la perversión de las instituciones. Su dilatado plan para controlar la natalidad de los más pobres e indefensos, los campesinos indígenas, le coloca al borde del genocidio y hace más acuciante su enjuiciamiento.«
Las esterilizaciones forzadas masivas constituyen el caso más grave de violación de los derechos humanos por Fujimori. Las matanzas por la guerra insurgente-contrasinsurgente fueron relativamente más graves durante Belaúnde y García.
Es lo que se llama el «genocidio preventivo», esterilizar a la población de un grupo étnico, social o religioso. Es un delito grave, por el cual Fujimori no está siendo juzgado en la actualidad. El actual juicio contra Fujimori no incluye este caso. No se ha presentado una acusación en su contra por las esterilizaciones forzadas.
Hace muy poco El Comercio señalaba:
Mil casos de esterilizaciones forzadas siguen impunes y afectados piden justicia
Desde el 2003 la fiscalía evalúa pero no denuncia 1.005 esterilizaciones. Alberto Fujimori alentaba el programa masivo de ligadura de trompas y de vasectomía
Por Nelly Luna
Los casos judicializados ya pasan de 1000, el doble de los que la Defensoría había aceptado como válidos, ver Las cifras de las esterilizaciones forzadas y antes Las esterilizaciones de Fujimori y quienes lo ayudaron.
El tema de las esterilizaciones forzadas llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pero fue resuelto mediante «solución amistosa», ver aquí:
El 14 de octubre del 2002, el Estado peruano, mediante solución amistosa, reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la violación de los derechos humanos en casos de esterilización forzada y se ha comprometido a indemnizar a la familia de Mamérita Mestanza, mujer campesina de Cajamarca fallecida en 1998, como consecuencia de complicaciones de la esterilización a la que fue sometida contra su voluntad en tiempos de Alberto Fujimori.
(…)
El caso fue presentado en 1999 a la CIDH -cuando las puertas de la justicia peruana se cerraron-, por el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas, CRLP (sede Nueva York), CLADEM REGIONAL, DEMUS Y APRODEH y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Finalmente el 26 de agosto de 2003, el gobierno peruano ha cumplido con la entrega de la indemnización consistente en US$ 109,000 a la familia de Mamérita. Falta aún lo relacionado a la mejora de los Programas de Salud Reproductiva, en especial lo relativo a las AQV.
El caso Mestanza de la CIDH puede verse en su totalidad, aquí, CIES. Puede verse también este artículo analizando las lecciones que deja. Queda la pregunta, ¿por qué llegaron a una «solución amistosa» en un caso así?
El congreso siguió investigando y a pesar del contundente informe que vimos en Las cifras de las esterilizaciones forzadas:
Después de investigaciones y acusaciones negadas, el hecho volvió a cobrar relevancia debido a que en junio 2003, la Comisión de Derechos humanos del Congreso formuló ante la Fiscalía de la Nación una denuncia contra Fujimori, por delito de Lesa Humanidad y tortura, debido a que encontraron otras pruebas que lo señalarían como máximo responsable de las esterilizaciones forzadas. Previamente en enero de este año (2003) en el Congreso de la República una Sub Comisión Especial, creada para revisar la Acusación Constitucional contra Fujimori, desestimó la acusación Constitucional por genocidio contra Alberto Fujimori y dos de sus ex ministros de Salud.Las investigaciones sobre esterilizaciones forzadas se encuentran, en la Fiscalía de la Nación y avanzan lentamente, aducen falta de recursos. Sin embargo, las propias leyes peruanas respecto a estos delitos no son claras. Lo más preocupante es que centrado el debate por un lado en la negación del delito, la ambigüedad, y la utilización de las esterilizaciones forzadas por parte de las fuerzas conservadoras; las víctimas de estas violaciones quedan a un lado, a expensas de una justicia lenta y de la impunidad.
Será difícil juzgar a Alberto Fujimori por algo así sin sentar en el banquillo de los acusados la política de esterilizaciones alentada por la USAID, considerada cuestionable en los propios Estados Unidos. Aquí tocaría reconocer la participación de quienes por sus convicciones religiosas y en general de conciencia se opusieron a la aberración de las esterilizaciones forzadas en nuestro país. Fueron instituciones “pro-vida” las que denunciaron el asunto a nivel internacional, sobre todo en los Estados Unidos. Paradójicamente, el centrista Clinton con sus políticas de “salud reproductiva” causó mucho daño a la población indígena peruana, mientras que el derechista Bush, influído por las derechas religiosas, si algo, cambió de política e impidió que continúe el despropósito de las esterilizaciones involuntarias. La posición “pro-vida” en este caso incluyó, como debe ser, la vida de los indígenas, sin discriminación alguna. El tema, sin embargo, ha quedado enterrado. En una sesión del Congreso de los Estados Unidos se trató el caso peruano y básicamente negaron y minimizaron el hecho y les dijeron que “no lo vuelvan a hacer” aprobándose posteriormente la enmienda Tiahrt que se establece que los EEUU sólo apoyarán y financiarán esterilizaciones «voluntarias». No, pues. No es suficiente. Tiene que haber sanción a quienes impulsaron estos delitos. En esa sesión congresal la cifra que se barajó fue la de 110 mil esterilizaciones forzadas.1 El tema ha quedado como una cosa exclusiva del gobierno peruano.2 En el papel, aquí, la USAID sólo apoyaba la esterilización voluntaria desde hacía mucho.3
Imagen tomada de aquí.Yawar Mallku, película de 1969 del cineasta boliviano Jorge Sanjinés.
Esta película denuncia la esterilización inconsulta de mujeres indígenas por los Cuerpos de Paz americanos, que fueron expulsados de Bolivia en 1971, luego que sendas comisiones del Congreso y la Universidad, establecieran que la denuncia de la película Yawar Mallku tenía fundamento, aquí.
Tal vez las cifras sean frías y no transmitan suficientemente de qué se está hablando aquí. La película «Yawar Mallku», casi totalmente en idioma quechua, de Jorge Sanjinés puede verse en youtube. La lectora y el lector interesados pueden verla completa empotrada a este post.
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Al final de esta película se ven armas empuñadas. Y es en donde me desmarco del mensaje que da, pues mi apuesta es por cambios por vías pacíficas y democráticas. De ahí que sea tan importante que las esterilizaciones fujimoristas no queden impunes tanto a nivel nacional como internacional.
- Ver International Pressure Forces Peru To End Sterilization Program y USAID SUPPORTING FORCED STERILIZATION IN PERU?, Peruvian Human Rights Commission Charges USAID. [↩]
- Quienes en los Estados Unidos se opusieron a estas esterillizaciones definitivamente son conservadores, como que así se suelen autodenominar. [↩]
- En esta entrevista de julio de 2002 a Adolfo Franco, alto funcionario de la USAID para la región latinoamericana comenta el caso peruano y señala que las esterilizaciones forzadas ocurrieron en el gobierno anterior, de Clinton, y que él responde por el gobierno entonces actual, de Bush. No apoyan las esterilizaciones forzadas ni el aborto, pero sí que el Perú tenga un vigoroso programa de planificación familiar. Señala, sin embargo, que monitorean lo que hacen los gobiernos, pues éstos a veces hacen cosas que los EEUU no apoyan. [↩]
Enlaces a este artículo
28-03-2009 - 8:42
Comentarios a este artículo
22-03-2009 22:33
Sería muy interesante recordar el papel que jugaron en las esterilizaciones forzadas varias Oenegés feministas que ahora quieren pasar piola en este asunto.
22-03-2009 22:51
El papel de esas ONGs «feministas» no está olvidado: Alternativa, Manuela Ramos, Pathfinder, CARE. En mi post anterior señalé el conflicto de intereses de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo que formó parte de Manuela Ramos ANTES y DESPUÉS de estar en esa institución pública. Definitivamente, esas organizaciones no deben pasar piola. Son co-responsables de lo ocurrido. En otro post señalé también el rol de la actual ministra de industrias en las esterilizaciones. Hay toda una cadena de responsables.