Un gran error en muchos colegas economistas es hacer análisis y propuestas económicas ignorando las restricciones o costos políticos. Se habla como si el gobierno fuera un agente único y no tuviera a nadie al frente. No hay oposición, no hay grupos de interés, no hay nadie que genere fricciones a la acción gubernamental. Se habla como si se viviera una dictadura omnipotente. Incluso en una dictadura de carne y hueso hay límites a la acción gubernamental. Por eso los dictadores caen.
El resultado de esta visión es que las protestas vienen de sorpresa (?) y cuando esto ocurre causan ofuscación en los dirigentes económicos del país. La restricción ignorada aparece con toda su fuerza, frustrando cualquier esquema o propuesta supuestamente tan cuidadosamente diseñada. El economista entonces espera que el político «se encargue», que «para eso está». Las protestas no son trabajo del economista.
En los tiempos que corren en que la ciencia económica se ha desarrollado tanto, entrándole con todo ya desde hace mucho a la teoría de juegos y a las ciencias políticas, un ejecutivo de la economía no puede darse el lujo de ignorar ninguna variable. Si es así, se trata de una gran omisión. En particular, un economista no puede ignorar las variables políticas. Las consecuencias de hacerlo son funestas.
En ¿Shock laboral? había criticado este tipo de razonamiento a partir de propuestas de reformas laborales «flexibilizadoras» en un contexto de crecimiento de la militancia sindical. El viejo abogado laboralista de empresas, formado en el frente anti-sindical, el actual ministro de trabajo, se abstiene de dar el paso, pero el joven economista, formado en la administración de Fujimori, desde una columna periodística, insiste en una reforma laboral flexibilizadora. Todo esto ad portas de un paro nacional. Interesante contradicción.
Más aún, el día de hoy leemos:
Si bien aún tenemos la esperanza que este gobierno se convierta en el primero en décadas en intentar seriamente revertir la informalidad laboral con legislación realista y moderna para las mypes, la verdad es que lo ocurrido esta semana con Moquegua y con la ley de puertos nos hace temer que consideraciones de corto plazo y el temor a los sindicatos terminen primando en la decisión gubernamental. Con ello, el Quijote García, que hasta hace poco decía que iba por buen rumbo porque los canes ladraban, terminará finalmente derrotado por los perros del hortelano Negreiros. De esa manera habrá desperdiciado la gran oportunidad de convertirse en el abolicionista de la esclavitud del siglo XXI. Peor aún, ante la falta de voluntad reformista, que es cada vez más evidente en su mandato, arriesga terminar en el anonimato del pie de página de la Historia.
Déjenlos entrar Por Fritz Du Bois
Las restricciones son minimizables, pues los sindicatos son poco representativos:
los dirigentes sindicales (…) perderán el nivel de influencia que tienen con los políticos, que dicho sea de paso es injustificada y desproporcionada desde todo punto de vista, considerando que sus afiliados no llegan ni siquiera al 1% de la población en edad laboral. Pero, pese a esa mínima representatividad, tienen aterrados a muchos en el Gabinete
Otra vez «el ninguneo del 1%». Probablemente sea 1% o menos los que se movilicen, pero si en Moquegua se hiciera un referéndum, de seguro que apoyarían los reclamos de sus dirigentes regionales. La participación política en el país es reducida. Lo que le pasa a los sindicatos le pasa a otras organizaciones gremiales. En realidad, la gran evidencia sobre la popularidad de algunas demandas sindicales la da el propio García con su promesas electorales. Su programa de campaña es lo que ahora le están reclamando. En tal sentido, la popularidad de las demandas actuales no puede fácilmente ser cuestionada. Son reclamos muy sentidos en la población, difícilmente ocultables tras maniobras palaciegas o pseudo estadísticas de representatividad. Y es el «pecado original» de este gobierno: haber prometido una cosa para después hacer otra.
El gobierno tiene que hacer ajustes a su enfoque. Tiene que tener una estrategia económico-política que anticipe las posibles protestas. Obviamente, no es posible diseñar esta estrategia si se idealiza la arrogancia miope e irresponsable de «el perro del hortelano». El camino no es ningunear a Negreiros (por seguirle la expresión a Du Bois), el camino es negociar con Negreiros. Lo mismo con la región Moquegua y con las protestas que se avecinan. La negociación tiene que ser antes, no después de las protestas. Esperar a que vengan las protestas paa recién negociar es la politica del avestruz.
Hoy lo dice bien Federico Salazar:
No es a Jordán a quien le faltó decisión. Es a Alan García. No es Jordán el que actúa «mansamente». Es el gobierno.
La respuesta a los reclamos ha sido, en efecto, mansa y lenta. ¡En el mejor momento fiscal en décadas!
El mensaje, luego del desastre y la vergüenza, no es bueno. «Bloqueen las carreteras para entregarles recursos del fisco» no es lo que se tendría que leer tras estos hechos.
«Me volveré eficiente en el gasto público» es, más bien, el mensaje que deberíamos escuchar. No lo dicen ni están preparados para decirlo. Esa es la mayor vergüenza, y ese, el problema que se viene.
El gobierno tiene mucho que hacer, pero lamentablemente no va camino a ello.
Ver también:
La política del avestruz del gobierno consiste en ignorar y ningunear los reclamos de diversos sectores de la población. Finalmente, los reclamos se convierten en protestas que toman de sorpresa al gobierno.
Idealmente el gobierno debería negociar antes de que se produzcan las protestas, no después.
Imagen tomada de aquí