En la Región Junín, provincia de Chupaca, existe un distrito que se llama Yanacancha, donde, el último 20 de noviembre, un grupo de pobladores “ajusticiaron” a tres presuntos delincuentes que habrían robado piezas de un tractor y matado al vigilante de turno. “Ajusticiar” en este caso significa: linchar públicamente y quemar vivas a las personas.
Esta noticia, que ha tenido gran cobertura en el mundo, no fue un tema muy tratado por la prensa nacional. ¿Por qué? Porque no llama la atención en la primera plana del diario, probablemente debido a que tomarse la justicia por cuenta propia, sorprende menos que la efectiva intervención de las autoridades, o lo que es peor, ya no interesa. Nos hemos acostumbrado, o tal vez resignado a convivir con los linchamientos –que cada vez pasan más inadvertidos-, lo cual es inaceptable en un país que pretende, -o por lo menos eso quiero creer- desarrollar económica, social y culturalmente mientras consolida su incipiente democracia.
Entre los innumerables linchamientos ocurridos últimamente en el Perú, se produjo hace cuatro meses en la provincia de Huancan, Puno -sí, la misma Región en la que se encuentra Ilave-, el caso de Gary Parisuaña de 17 años, acusado de robo y asesinato, quien fue torturado por una turba de campesinos, los mismos que obligaron luego, a su propio padre, a ahorcarlo.
La desconfianza casi unánime de los “justicieros” en la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial se entiende por la demora, corrupción e inoperancia, que facilitan que los delincuentes se libren del castigo de la ley formal, lo cual, lleva a estas personas indignadas, frustradas y resentidas, al convencimiento de que están al margen de la institucionalidad judicial; es decir, del Estado de derecho.
Los linchamientos son más que las violentas reacciones de un grupo de personas ante la inseguridad y la ineficacia del Estado para reprimir o prevenir delitos. Son formas brutales de aplicar normas de conducta, sancionar determinados hechos y de alguna manera, reivindicar cierta autonomía respecto y en contra de la autoridad del Estado. En consecuencia, los “ajusticiamientos” son una suerte de pequeñas revoluciones, ya que desafían el poder del Estado, violando y suplantando la ley, los valores y las prácticas sociales que -en teoría- representan las instituciones públicas.
No es necesario ser experto en psicología para saber que la frustración tarde o temprano deviene en agresión. Agresiones que en casos como éste, son extremadamente violentas. Por más que sea una perogrullada, es imperativo reclamar la presencia real y efectiva del Estado; educación, sanidad, seguridad, y sobre todo, el imperio de la ley, ya que de lo contrario se multiplicarán las sangrientas pequeñas revoluciones.
Finalmente, se equivocan quienes piensan que los linchamientos son propios de zonas rurales. En las zonas urbanas de las principales ciudades del país, los linchamientos abundan, y a esto se suma la alarmante opinión ciudadana, que por ejemplo en Lima, en 2005, según una encuesta capitalina de Apoyo, consideraba en un 65% que la población tiene derecho a tomar la justicia por mano propia (aunque sin llegar a matar). Asimismo, el 41% se mostraba a favor del linchamiento popular para el caso de algunos delitos. ¿Hasta cuando?
Artículo publicado en El Tiempo (Piura-Perú) el 30 de Noviembre de 2007. Enlace