Por - Publicado el 16-03-2007

Leía en La República:

¡La rigidez laboral genera empleo! (diría un mentiroso)
Ana María Yáñez.
Integrante del Consejo Nacional del Trabajo.

Desde que tengo memoria algunos voceros propagandísticos de no se qué intereses, quieren hacernos creer que un esquema laboral de protección del trabajador es el responsable del poco crecimiento del empleo y que una liberalización legal favorecería la contratación laboral y por tanto elevaría los niveles de empleo.

Si utilizáramos la información estadística con la misma deshonestidad intelectual de estos voceros, podríamos afirmar exactamente lo contrario: que un esquema laboral estricto (normas legales protectoras, autoridades vigilantes y sanciones proporcionadas) como el que tuvimos durante el régimen de Velasco Alvarado propició los mejores niveles de empleo y que un régimen liberal (adelgazamiento de la protección legal y autoridades light) como el de Fujimori, por el contrario, deterioró sus niveles.

Datos de ambos períodos –que aparecen en el cuadro que acompaña– demostrarían «científicamente» (como les encanta decir) que mientras más estricto ha sido un régimen laboral mejores han sido los niveles de empleo: mínimo desempleo, subempleo moderado y porcentajes nunca más vistos de trabajadores adecuadamente empleados.

Pero como no se trata de hacer propaganda, debemos decir que esto no es del todo así. El régimen legal-laboral poco o nada tiene que ver con la generación de empleo. Este es el resultado de la combinación de muchos elementos. La generación y el tipo de empleo dependen de factores como inversión privada, inversión pública, sectores priorizados (extractivo, manufacturero o servicios) entre los principales. El rol y fundamento de la legislación laboral es mediar en las relaciones capital y trabajo protegiendo al trabajador de posibles abusos derivados de la posición de dominio del empleador.

Sin embargo, estos datos (que se complementan con mediciones adicionales) sí hacen referencia a la calidad del empleo. Muestran que a menor protección del Estado mayor deterioro del empleo, a menos que exista –lo que no es el caso peruano– un sindicalismo capaz de compensar el grado de ausencia del Estado. Un abrumador incremento del subempleo (hasta en 60%) como ocurrió en los 90, significa lo siguiente: reducción de ingresos y/o incremento de la jornada de trabajo. Es decir, más chamba por menos plata.

Entonces con un sindicalismo herido de muerte y sin capacidad de reacción, solo falta cooptar al Estado para seguir abaratando los costos de la mano de obra. Por esto, el pugilato entre el Ministerio de Trabajo –al que corresponde la iniciativa en materia laboral– y el Ministerio de la Producción, va más allá de la conveniencia de tal o cual legislación o de la necesidad de generar nuevos puestos de trabajo. Busca definir qué tipo de empleo queremos. Ojalá prevalezca una tendencia que revalorice el trabajo, que en la medida de lo posible concilie la diversidad de intereses existentes y que, ¡por favor!, nos evite futuros sobresaltos políticos.


Hacer click para agrandar el cuadro

Comentario: Varias cosas:

  1. En la determinación de una variable tan importante como el empleo intervienen varios factores, siendo los más importantes la escala de producción y el precio de la mano de obra, además de, en lapsos de tiempo mayores, la tecnología. Otros factores son los precios de los otros insumos utilizados en la producción. Son los determinantes de la demanda de trabajo condicionada, es decir, en función de un nivel de producción. Este nivel de producción depende a vez de los precios de los bienes finales, lo que da origen a la demanda de trabajo no condicionada, es decir, la demanda de trabajo que depende directamente de los precios finales y no de la producción. Esto es a una tecnología dada. El cambio tecnológico, típicamente ahorrador de mano de obra, también determinará el nivel de empleo, pues desplazará las funciones de demanda de trabajo, tanto condicionadas como no condicionadas. Otros factores, como la estructura de mercado (si hay relativamente más competencia o monopolio) actúan a través de estas demandas. Si hay una intervención en este sistema (como contribuciones de los empleadores y de los trabajadores a diversos fondos públicos, costos de despido, etc), pues se introducen imperfecciones que en términos generales afectan el nivel de empleo. El tema no es ese, pues hay consenso en que todo ello influye en el nivel de empleo, sino en qué dirección y cuánto.
  2. Un principio básico no sólo en la economía sino en el sentido común es que cuando un producto es más caro no se compra más de éste: se compra igual o menos. Es lo que usualmente se llama la ley de la demanda. Una ley muy robusta y que se cumple en diversas realidades, trascendiendo las culturas, el tiempo, las historias, la geografía. Una excepción histórica primero, teorizada después, fueron las papas en Irlanda en el siglo XIX: la gente más pobre comía papas, el precio de las papas aumentó, la gente se hizo más pobre y acabó por consumir más papas. Excepción que confirma la regla. Definitivamente, esta ley se tendría que cumpir también en el caso de la contratación de mano de obra: si pago más por un servicio no voy a comprar más de éste. Aquí la cosa ya se llena de pasiones, y se pasa de aceptar una simple ley económica a directamente recomendar reducciones salariales como forma de crear empleo o a negar en pleno una ley económica tan simple porque no sea que nos volvamos neoliberales o abusivos con los trabajadores. Notemos bien que ambas opciones comparten la idea que si se acepta la ley de la demanda en el caso del empleo, pues se debe reducir el salario. En ambos casos se usa una ley de la economía positiva, para justificar una medida de economía normativa. La diferencia es que unos están a favor y otros en contra. Intereses contrapuestos dentro de una misma lógica.

    Una de las formas de negar la ley de la demanda en el empleo es racionalizar que la relación precio-cantidad podía ser positiva. Se postuló con fuerza en América Latina y en el Perú en los ochentas como una versión de la teoría keynesiana, llamada en esa época teoría heterodoxa: aumentan los salarios, la gente tiene mayores ingresos, consume más, el producto crece y, por lo tanto, el empleo crece. Este mecanismo evitaría enfrentarse a una ley tan simple como la ley de la demanda.

    Sin embargo, démonos cuenta que aquí el salario no es para nada un costo, sino un ingreso: entra en la función de demanda condicio
    nada a través del producto, no del salario. No es que los demandantes de mano de obra contratan más porque están orientados por un salario más alto y que si-es-más-caro-compro-más, sino que el aumento de la producción tiene que ser tal que predomine sobre cualquier encarecimiento de la mano de obra. Es otro mecanismo. Dirimir esto ya es una cuestión práctica. Hay que ir a los datos. La percepción individual es parcial y puede resultar engañosa.

  3. Si se trata de ir a los datos, y ver en qué medida el salario y en general los costos laborales influyen en el empleo, de lo que se trata en realidad es de medir la elasticidad salario del empleo. Si lo que se quiere es determinar el efecto del salario sobre el empleo en tanto ingreso, pues se requiere medir la elasticidad producto del empleo, y luego relacionar el producto a los ingresos. Un tema de medición. Típicamente, la investigación que se ha hecho en el país muestra una relación salario-empleo negativa, con una elasticidad entre 0.25 y 0.6. Que sea negativa no es de sorprender, si partimos de la idea que la ley de la demanda está ahí, funcionando. Lo interesante es la cantidad. No estamos ante una elasticidad muy alta, es decir, no es mucho el empleo que se crea por una reducción de costos laborales. Interesante. En la discusión pública se habla como si se creara muchísimo empleo, pero la investigación no parece respaldar esta creencia.
  4. Hasta ahí con el contexto. Veamos ahora lo que dice la articulista. Definitivamente, no se puede probar «científicamente» nada con dos cuadritos que digan que con Velasco el empleo aumenta y con Fujimori, baja y después aumenta. Se escucha mucho este tipo proclamas, sin fundamento real. El tema es que con estos presidentes no sólo hubo cambios en el régimen laboral, sino en la expansión de la producción y en muchos otros factores que determinan la demanda y oferta de trabajo. No se mueve sólo una cosa, sino muchas cosas a la vez y todas ellas afectan a la variable reportada en los cuadritos. Es arbitrario atribuir la variación observada a un solo factor, el predilecto de uno según sus opciones preferenciales. No, pues. Es un razonamiento erróneo. La autora habla de «deshonestidad intelectual» y sí, puede ser, aunque eso suena a que saben, pero nos engañan, pero creo en muchos casos es que simplemente no saben. Ignorancia pura y dura.
  5. Sin embargo, no es correcta la apresurada afirmación de la articulista: «El régimen legal-laboral poco o nada tiene que ver con la generación de empleo«. Tampoco, tampoco, pues. Esta es una cuestión a investigar. Se ha criticado a quienes saltan a conclusiones erróneas en forma rápida, para acabar haciendo lo mismo. No, pues. La razón que da para esta aseveración es la siguiente: «Este [el empleo] es el resultado de la combinación de muchos elementos. La generación y el tipo de empleo dependen de factores como inversión privada, inversión pública, sectores priorizados (extractivo, manufacturero o servicios) entre los principales». En la demanda de trabajo la inversión, pública y privada, determina el aumento del capital, público o privado, factor complementario al trabajo, los «sectores priorizados» (¿por quién?) nos dicen en qué sectores habrá más producto y por lo tanto más empleo. Entonces, si la legislación laboral no tienen ningú efecto en el empleo, ¿cuál es su función? Nos explica la articulista: «El rol y fundamento de la legislación laboral es mediar en las relaciones capital y trabajo protegiendo al trabajador de posibles abusos derivados de la posición de dominio del empleador». Muy bien, si en un contrato las partes acuerdan que el trabajador trabaje 35 horas a la semana y se le hace trabajar horas extras impagas, el empleador está cometiendo una infracción. Si hay normas de salubridad y el empleador no cumple con ellas, otra infracción. Si el empleador despide a los trabajadores que quieren asociarse para formar un sindicato, otra infracción. ¿Pero qué pasa con los capítulos de la legislación laboral referidos a las aportaciones del empleador, y también los descuentos del trabajador? En un caso encarecen la mano de obra para el empleador, estamos del lado de la demanda, en el otro reducen el ingreso del trabajador, estamos del lado de la oferta, y ambos podrían redundar en un menor nivel de empleo. Lo mismo con los costos de despido o con los salarios mínimos, o con las reglas sobre negociación salarial. Se trata de cuantificar estos efectos, para lo cual hay que investigar, pero ¿para qué investigar si ya se parte de la base que no hay efecto alguno?
  6. La articulista dice que estamos en una situación de «más chamba por menos plata», con lo que queda claro que el tema candente está en los salarios. La legislación laboral tendría que proteger al trabajador de las caídas en los salarios. Baja (o sube) un precio y el estado tendría que intervenir. Puesto así no es una razón para la intervención del estado. Algo que se tiene que entender en el caso del país es que hay mucha gente buscando chamba por plata y pocas empresas ofreciendo plata por chamba. El salario es un reflejo de esta realidad. La intervención pública en materia laboral puede hacer muy poco para cambiarla. Los dos mecanismos básicos para la intervención pública son el salario mínimo y la legislación sobre negociación colectiva y ninguna altera un hecho muy sencillo: una economía de baja productividad no puede retribuir con salarios altos a sus trabajadores.
  7. Es importante que sean los propios agentes económicos los que se fortalezcan a sí mismos y entren en interacción. No es parte del rol del estado fortalecer o debilitar a los sindicatos, sino de los propios trabajadores. Tampoco es labor del estado fortalecer o debilitar a los empresarios en relación a los trabajadores. Las políticas públicas responden al interés de la ciudadanía y no a una de las partes en un conflicto. Lamentablemente, cuando los debates se basan sólo en opciones preferenciales, sin investigación, sin análisis de fondo, caemos en desesperanzadores diálogos de sordos, sin entendimiento posible. Cuando los términos están mal planteados, hay despilfarro: las cosas podrían ser mucho mejores, pero acaban por no serlo.

Hasta ahí por ahora.

-

No se permiten comentarios.